Anuncio de Piñera de reformar la Constitución es recibido con recelo en Chile
El gobierno anunció el comienzo de un proceso para cambiar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, madre de las desigualdades, según claman expertos y manifestantes en medio de un estallido que entró en su cuarta semana.
Agencia Afp
Entre optimismo y recelo fue recibido este lunes el giro del gobierno de Sebastián Piñera que anunció el comienzo de un proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, madre de las desigualdades, según claman expertos y manifestantes en medio de un estallido que entró en su cuarta semana.
Entre las otras medidas que han anunciado las autoridades para descomprimir la tensión en las calles, está la orden dada a los Carabineros, la policía chilena, para hacer un "uso acotado" de las escopeteas antidisturbios.
Una medida que llega en momentos en que crecen las denuncias y condenas internacionales al uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, con el dramático saldo de 182 personas con daños oculares por balines disparados por la Policía.
Luego de 24 días de protestas pacíficas, aunque muchas acabaron de forma violenta con saqueos e incendios perpetrados por jóvenes radicales, una mayoría de las encuestas coinciden en que el apoyo popular al movimiento conocido en las redes sociales como Chile Despertó supera el 75%. Y un número similar pide una nueva Constitución.
Puede leer: Sebastián Piñera abre puerta a reforma constitucional en medio de protestas
En un giro a su postura, el gobierno de Piñera anunció el domingo en la noche su voluntad de empezar un proceso para una nueva Constitución a través de un "Congreso Constituyente", con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó este anuncio tras una reunión en la casa del presidente Sebastián Piñera con los líderes de Chile Vamos, una coalición política que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha.
Precisamente estas agrupaciones políticas habían sido hasta ahora las más reticentes a un cambio profundo de la carta fundamental heredada de la dictadura de Pinochet (1973-90).
La actual Constitución, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio.
El texto no reconoce, sin embargo, la responsabilidad del Estado de ofrecer como un derecho la Educación y la Salud, dos de las exigencias de los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
Chile empieza este lunes su cuarta semana de manifestaciones, con una huelga general del sector público, decenas de personas protestando frente a La Moneda, sede presidencial, y disturbios en Peñalolén (oriente) que ocasionaron gran congestión en el tránsito.
La crisis, sin precedentes desde el retorno a la democracia, ha dejado 20 muertos -cinco a manos de fuerzas del Estado-, más de 1.000 heridos, denuncias de tortura y abusos.
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Por "el país"
"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución. Entendemos que es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando en el país", dijo Blumel tras la reunión.El ministro del Interior agregó que consideraban que la mejor fórmula para realizar este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con "una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio".
El gobierno retomó la idea de alcanzar un pacto social, tras las protestas de ciudadanos hastiados por un modelo económico de amplia apertura al mercado que, aunque ha sido exitoso, ha fracturado la sociedad por la desigualdad en la riqueza y el acceso a oportunidades.
"Cualquier cambio constitucional requiere de acuerdos amplios y profundos, y por ello tenemos que convocar a todos los sectores, con humildad, pero también con la capacidad de dialogar", indicó Blumel sin precisar plazos.
Algunos líderes de la oposición reaccionaron con optimismo. "El Gobierno empieza a tener un sentido de realidad", detalló el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, del Partido Por la Democracia (PPD, centro izquierda).
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"La estrategia del gobierno es abrir la discusión de cuál es el mejor mecanismo y seguramente van a defender una figura derivada que sean representantes, como congresistas, los que participen activamente en el debate de la nueva Constitución", consideró a la AFP Claudio Fuentes, académico de la universidad Diego Portales.
La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito.
Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está "definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar", precisar "las obligaciones del Estado" y crear "mejores mecanismos de participación" ciudadana.
Pocos días después de que Piñera asumiera la presidencia, el 11 de marzo del año pasado, su gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), había enviado al Congreso para modificar la Constitución. El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Entre optimismo y recelo fue recibido este lunes el giro del gobierno de Sebastián Piñera que anunció el comienzo de un proceso para cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, madre de las desigualdades, según claman expertos y manifestantes en medio de un estallido que entró en su cuarta semana.
Entre las otras medidas que han anunciado las autoridades para descomprimir la tensión en las calles, está la orden dada a los Carabineros, la policía chilena, para hacer un "uso acotado" de las escopeteas antidisturbios.
Una medida que llega en momentos en que crecen las denuncias y condenas internacionales al uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas, con el dramático saldo de 182 personas con daños oculares por balines disparados por la Policía.
Luego de 24 días de protestas pacíficas, aunque muchas acabaron de forma violenta con saqueos e incendios perpetrados por jóvenes radicales, una mayoría de las encuestas coinciden en que el apoyo popular al movimiento conocido en las redes sociales como Chile Despertó supera el 75%. Y un número similar pide una nueva Constitución.
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En un giro a su postura, el gobierno de Piñera anunció el domingo en la noche su voluntad de empezar un proceso para una nueva Constitución a través de un "Congreso Constituyente", con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó este anuncio tras una reunión en la casa del presidente Sebastián Piñera con los líderes de Chile Vamos, una coalición política que agrupa a cuatro partidos de centroderecha y derecha.
Precisamente estas agrupaciones políticas habían sido hasta ahora las más reticentes a un cambio profundo de la carta fundamental heredada de la dictadura de Pinochet (1973-90).
La actual Constitución, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio.
El texto no reconoce, sin embargo, la responsabilidad del Estado de ofrecer como un derecho la Educación y la Salud, dos de las exigencias de los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
Chile empieza este lunes su cuarta semana de manifestaciones, con una huelga general del sector público, decenas de personas protestando frente a La Moneda, sede presidencial, y disturbios en Peñalolén (oriente) que ocasionaron gran congestión en el tránsito.
La crisis, sin precedentes desde el retorno a la democracia, ha dejado 20 muertos -cinco a manos de fuerzas del Estado-, más de 1.000 heridos, denuncias de tortura y abusos.
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Por "el país"
"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución. Entendemos que es un trabajo que lo tenemos que hacer pensando en el país", dijo Blumel tras la reunión.El ministro del Interior agregó que consideraban que la mejor fórmula para realizar este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con "una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio".
El gobierno retomó la idea de alcanzar un pacto social, tras las protestas de ciudadanos hastiados por un modelo económico de amplia apertura al mercado que, aunque ha sido exitoso, ha fracturado la sociedad por la desigualdad en la riqueza y el acceso a oportunidades.
"Cualquier cambio constitucional requiere de acuerdos amplios y profundos, y por ello tenemos que convocar a todos los sectores, con humildad, pero también con la capacidad de dialogar", indicó Blumel sin precisar plazos.
Algunos líderes de la oposición reaccionaron con optimismo. "El Gobierno empieza a tener un sentido de realidad", detalló el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe, del Partido Por la Democracia (PPD, centro izquierda).
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"La estrategia del gobierno es abrir la discusión de cuál es el mejor mecanismo y seguramente van a defender una figura derivada que sean representantes, como congresistas, los que participen activamente en el debate de la nueva Constitución", consideró a la AFP Claudio Fuentes, académico de la universidad Diego Portales.
La Constitución actual no establece mecanismos para poder reemplazarla, tampoco le entrega al presidente la posibilidad de llamar a un plebiscito.
Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está "definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar", precisar "las obligaciones del Estado" y crear "mejores mecanismos de participación" ciudadana.
Pocos días después de que Piñera asumiera la presidencia, el 11 de marzo del año pasado, su gobierno anunció que no permitiría avanzar un proyecto de ley que su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), había enviado al Congreso para modificar la Constitución. El proyecto consagraba la inviolabilidad de los derechos humanos, el derecho a la salud y educación, y la igualdad salarial entre hombres y mujeres.