Chavismo nombrará magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Ya ha nombrado algunos funcionarios públicos, puso los canales de la Asamblea bajo propiedad de sus trabajadores  y, en la última sesión plenaria, instaló un Parlamento Comunal Nacional que, según el propio presidente Nicolás Maduro, será la representación legislativa del pueblo desde la base. A última hora, la Asamblea convocó mañana y el miércoles a sesiones extraordinarias, en las que nombrará 18 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Las convocatorias a los diputados a estas sesiones se conocieron un día después de que un grupo de exjueces y juristas vinculados a la oposición anunció que los 382 aspirantes a jueces serán impugnados ante el Comité de Postulaciones del Parlamento unicameral. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, ha pretendido mostrar que el nombramiento de magistrados corresponde a la agenda normal de la Asamblea, que cumplirá con sus funciones hasta terminar su periodo.

No obstante, esta es una de las medidas más escandalosas que ha tomado el chavismo después de ser derrotado en las urnas. La oposición sostiene que ese nombramiento sería inconstitucional y que busca dejar en el poder judicial magistrados afines al chavismo, que podrían obstruir significativamente las labores del Parlamento. Además, se trataría de un nuevo episodio en el que la Justicia venezolana es instrumentalizada a favor del partido gobernante, un problema que algunas organizaciones venezolanas y otros organismos internacionales vienen denunciando hace más de una década.

También la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y 26 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han exigido detener la designación anticipada de los magistrados. Según un documento de la Academia de Ciencias Política y Sociales, “una elección apresurada de magistrados, cuando los períodos de los que deben sustituir no se encuentran vencidos, realizada por una mayoría transitoria de diputados con mandatos a punto de fenecer y mediante un procedimiento que no garantiza una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos, sería violatoria del orden constitucional”.