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El Estado chileno asumirá por primera vez la búsqueda de 1.162 detenidos desaparecidos durante la dictadura, anunció este miércoles el presidente Gabriel Boric, para saldar una de las principales deudas de justicia tras 50 años del golpe militar que encabezó Augusto Pinochet.
Durante décadas, la búsqueda de los desaparecidos corrió a cargo casi exclusivamente de las familias, apenas hallando los restos de 307. Todavía falta encontrar a 1.162 personas.
“Esta cifra nos debe doler y hacer arder la sangre, porque da cuenta de la magnitud de la deuda que tenemos como Estado y como sociedad”, dijo el presidente Boric, al lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera iniciativa oficial de este tipo, y una de sus principales promesas de gobierno.
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Boric firmó el decreto que oficializa este plan durante una ceremonia en las afueras del palacio presidencial de La Moneda, a la que asistieron ministros y familiares de las víctimas pero no las fuerzas opositoras de derecha.
A días de que se cumplan cinco décadas del golpe de Estado que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende y estableció los 17 años de dictadura de Pinochet, el oficialismo y la oposición se muestran divididos sobre cómo abordar este aniversario.
“El presidente Boric en cada hito que se relaciona con esta fecha (...) comete un error adicional”, criticó Javier Macaya, presidente de la Unión Demócrata Independiente, uno de los principales partido de la oposición tras asegurar no haber sido invitado a la ceremonia.
“La justicia ha tardado demasiado”
Con financiamiento estatal, el plan de búsqueda tiene como objetivo reconstruir el recorrido de las víctimas tras su detención y desaparición. También busca garantizar el acceso a la información de los familiares e implementar medidas de reparación.
La búsqueda ahora será un deber permanente del Estado y no sólo de las familias, aseguró Boric, que emocionado reconoció que “la justicia ha tardado demasiado”.
En la elaboración del plan participaron los familiares de las víctimas, que después de años de denunciar abandono del Estado agradecieron el esfuerzo del gobierno de Boric.
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“Ningún otro gobierno tuvo esta voluntad política que era necesaria para que este calvario no sea solamente de los familiares, sino que de la sociedad completa y del Estado que hizo desaparecer a nuestros familiares”, dijo en la ceremonia Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
La mayoría de los desaparecidos eran obreros y campesinos con una edad promedio de 29 años. Las detenciones comenzaron apenas se produjo el alzamiento militar, el 11 de septiembre de 1973.
El principal obstáculo para encontrar hasta ahora a los desaparecidos ha sido la poca colaboración de las Fuerzas Armadas, lo que los familiares atribuyen a un “pacto de silencio” que se mantiene desde la dictadura (1973-1990).
En una mesa de diálogo instalada a fines de los 90, los militares aportaron datos de unos 200 detenidos cuyos cadáveres, aseguraron, habían sido lanzados al mar. Sin embargo, algunos de esos restos fueron hallados en fosas comunes.
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Entre los compromisos suscritos en esa instancia, estuvo la designación de jueces especiales para casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura. Las pistas que se lograron a partir de esos procesos judiciales son la base de la información que pretende sintetizar el plan de búsqueda anunciado el miércoles.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró el miércoles que dentro de las Fuerzas Armadas “es evidente que hay personas que tienen información sobre el destino de los desaparecidos”.
En 1990, cuando retornó la democracia, se instauró una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que reconoció a las más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos, que dejó la dictadura. En 2003, se abrió otra Comisión oficial que reconoció a cerca de 38.000 torturados.
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