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Christopher Landau, nacido el 13 de noviembre de 1963 en Madrid, España, es un abogado y diplomático estadounidense, aunque en los últimos meses se ha hecho especialmente conocido por el apodo de “quita visas”, un nombre que él mismo ha utilizado. Actualmente ocupa el cargo de subsecretario de Estado de Estados Unidos, el segundo puesto más importante del Departamento de Estado, después del secretario Marco Rubio. Asumió el cargo el 25 de marzo de 2025, durante la segunda administración de Donald Trump, en reemplazo de Kurt M. Campbell.
Su llegada a la segunda administración Donald Trump estuvo precedida por una amplia trayectoria diplomática y jurídica. Entre agosto de 2019 y enero de 2021 fue embajador de Estados Unidos en México durante el primer gobierno de Trump, donde sucedió a Roberta S. Jacobson. Posteriormente, en diciembre de 2024, Trump lo nominó para ocupar la Subsecretaría de Estado y el Senado confirmó su nombramiento en marzo de 2025.
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Antes de llegar al servicio diplomático, Landau desarrolló una extensa carrera como abogado especializado en litigios y apelaciones. Estudió en Harvard Law School y trabajó como secretario judicial de jueces como Clarence Thomas y Antonin Scalia. Posteriormente, fue socio de importantes firmas de abogados y participó en nueve casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos, consolidando una trayectoria jurídica que hoy lo distingue dentro de la administración Trump.
Landau se ha convertido en uno de los funcionarios más visibles de la administración Trump en América Latina, especialmente por sus pronunciamientos y decisiones relacionadas con figuras políticas y activistas de izquierda.
En Colombia, su nombre volvió al centro de la discusión después de que comunicara la revocatoria de la visa de Viviana Marín, secretaria política de la Juventud Comunista (Juco). La decisión se produjo después de que Marín llamara públicamente a movilizarse contra el gobierno de Abelardo De la Espriella y a “hacer invivible” el país bajo su administración.
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Landau aseguró que, aunque la activista tiene derecho a expresar sus opiniones políticas, Estados Unidos no da la bienvenida a quienes, según Washington, recurren a la violencia o la intimidación como forma de oposición política.
Pero este no es el primer episodio que vincula a Landau con una figura de la izquierda colombiana. Antes estuvo involucrado en el caso de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, un activista y creador de contenido que residía en Estados Unidos mientras esperaba una respuesta a su solicitud de asilo político.
Coral fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en junio y posteriormente deportado a Colombia. En el memorando con el que Marco Rubio respaldó la medida, el secretario de Estado argumentó que permitir su permanencia en Estados Unidos afectaba los intereses de la política exterior estadounidense y cuestionó el uso de plataformas estadounidenses para campañas de desinformación y acciones que Washington consideró políticamente motivadas.
Las visas como herramienta de presión en América Latina
La política de revocación de visas del Departamento de Estado también se ha extendido a otros países de América Latina. En México, uno de los casos más mediáticos fue el de la banda Los Alegres del Barranco, a cuyos integrantes Landau les retiró las visas de trabajo y turismo después de que proyectaran durante un concierto una imagen de “el Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La medida se amplió en octubre de 2025, cuando Estados Unidos revocó las visas de más de 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría integrantes del partido gobernante Morena, entre ellos la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. También fueron sancionados ejecutivos de una aerolínea señalados de facilitar el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.
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En Colombia, uno de los episodios que más tensó la relación bilateral ocurrió en septiembre de 2025, cuando Estados Unidos revocó la visa del entonces presidente Gustavo Petro. La decisión se produjo después de que Petro participara en una protesta propalestina frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York y llamara a los soldados estadounidenses a “desobedecer las órdenes de Trump”. El Departamento de Estado calificó sus declaraciones como “acciones imprudentes e incendiarias”, en una medida que profundizó las tensiones entre Bogotá y Washington.
Brasil también quedó en el radar de esta política. Aunque en este caso el anuncio fue realizado directamente por Marco Rubio y no por Landau, la decisión siguió la misma línea de presión diplomática. Estados Unidos revocó las visas del juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes y de otros magistrados vinculados al proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, al que Washington calificó como una “cacería de brujas política”.
Posteriormente, las sanciones alcanzaron a la esposa de Moraes y a otros seis funcionarios judiciales brasileños. Estos casos muestran cómo la administración Trump ha convertido la visa en una herramienta de política exterior, utilizada no solo frente a personas vinculadas al crimen organizado, sino también contra políticos, jueces y figuras públicas cuyas actuaciones considera contrarias a los intereses de Washington.
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