Cierre de universidades y aumento de presos políticos, ¿qué pasa en Nicaragua?
En menos de una semana, en Nicaragua han cerrado las universidades que participaron en las protestas en contra del actual presidente, Daniel Ortega, condenando a líderes opositores e incrementando el aumento de presos políticos. Algunos grupos de derechos humanos acusaron al primer mandatario de tortura.
Nicaragua enfrenta tiempos convulsos. En tan solo dos días cerraron varias universidades que participaron en las protestas en contra del presidente Daniel Ortega y condenaron a una líder de la oposición bajo cargos de traición a la patria, que fue calificado de tortura por un grupo de defensores a los derechos humanos. A su vez, se elevó el número de presos políticos en el país.
La Universidad Politécnica, bastión de las protestas contra Ortega
La Universidad Politécnica de Nicaragua, mejor conocida como Upoli, que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes en el marco de las protestas en contra de Ortega en abril de 2018, sufrió ayer la cancelación de su licencia de operación. La solicitud de cierre de la Upoli fue hecha por el Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, que es controlada por los sandinistas y sus aliados.
Adicionalmente, cancelaron la licencia a otras cuatro universidades, así como a once ONGs. El cierre fue aplicado porque presuntamente las instituciones involucradas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, según los motivos expuestos en el decreto.
En la Upoli, una universidad subvencionada por el Estado, durante las protestas, decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos. De hecho, fue el primer centro de estudios en el que los estudiantes se escondieron durante las marchas en contra del gobierno de Ortega, el 19 de abril de 2018.
Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, órgano rector de la educación superior nicaragüense, informó mediante una declaración que garantizará la continuidad académica a los estudiantes de las cinco universidades a las que la Asamblea Legislativa les retiró su licencia de operación.
Asimismo, el Ministerio de Gobernación también canceló los registros de tres ONGs estadounidenses y tres europeas.
Tortura a Opositores
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, indicó que el juicio contra la dirigente opositora Ana Margarita Vijil fue una “sesión de tortura”. Este proceso judicial se llevó a cabo en una cárcel policial a las afueras de Managua. Según este organismo humanitario, “las abogadas defensoras están incomunicadas y les quitaron sus libretas con apuntes, es decir, tendrán que ejercer la defensa con lo que saben del caso”.
La líder de la oposición es abogada y expresidenta del antiguo Movimiento Renovador Sandinista, MRS, actualmente conocido como Unión Democrática Nicaragüense. Los familiares de Vijil han denunciado de manera constante los presuntos malos tratos y torturas psicológicas que ha sufrido esta activista en casi ocho meses de prisión.
Durante esta sesión judicial, Vigil fue declarada culpable por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, y según informó su madre, María Josefina Gurdián, “se realizó un juicio ilegal e ilegítimo, en el cual se condenó a mi hija por delitos que no ha cometido y que se le imputan ilegalmente”.
Vigil, hija del fallecido Miguel Ernesto Vigil, que fue ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos durante la primera administración sandinista, se encuentra en prisión desde el 13 de junio de 2021 y ha sido acusada por traición a la patria.
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“Hoy el régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia”, aseguró su madre. Al finalizar el juicio, su hija pidió las palabras de cierre, “y con gran dignidad y valentía, se declaró defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida”.
“Cuando le pidieron firmar el acta, escribió, debajo de su firma, con su puño y letra: presa política”, sostuvo su madre. Ella, una paciente de cáncer de 77 años, dijo que su familia “es una víctima más de este país” y que “han alterado la paz y la tranquilidad, creándonos tal zozobra, que me han puesto al borde de la muerte” durante los 235 días que lleva presa su hija.
Ni la Justicia nicaragüense ni el Ministerio Público se han referido públicamente a las sentencias de culpabilidad. Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de Nicaragua.
Incremento de presos políticos
El número de opositores que se encuentran detenidos por motivos políticos en Nicaragua, por traición a la patria o lavado de dinero, se elevó a 177, según un informe divulgado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Según el informe de ese grupo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cantidad de opositores detenidos en Nicaragua pasó de 170 a 177 en los primeros 31 días del presente año. Por ejemplo, en enero pasado, seis opositores fueron capturados, y otros cuatro, que ya estaban detenidos, fueron incluidos en la lista bajo la autorización de sus familiares, con lo que suman 180. Sin embargo, otros tres opositores fueron liberados en enero, con lo que la cantidad fue fijada en 177, según el informe. Del total de “presos políticos”, 167 fueron arrestados a partir de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, incluyendo a 13 mujeres, y otros diez estaban encarcelados desde antes de ese año.
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De acuerdo con este reporte, “en las detenciones arbitrarias y procesos de criminalización de manifestantes y opositores en Nicaragua, existe evidencia de que se tratan de ataques generalizados y sistemáticos por medio de acciones que fueron implementadas y avaladas por las máximas autoridades, usando todo el aparato del Estado y acompañados de discursos de descalificación contra la población desde las más altas esferas del poder”.
Al igual que en informes anteriores, en el más reciente, esta organización denunció “malos tratos y torturas a personas presas políticas y sus familias”, entre estos detenciones en condiciones de máxima seguridad, discriminación en el tiempo de espera de los familiares para las visitas, violación a la presunción de inocencia y propagación de discursos de odio.
La “aplicación de nuevas leyes represivas” a partir de enero de 2021, en el contexto del año electoral, fue la más reciente “etapa represiva” ejecutada por el Gobierno de Nicaragua, según el Mecanismo.
Entre los “presos políticos” hay siete dirigentes opositores que aspiraban a competir con Ortega por la presidencia en las elecciones de noviembre pasado. Entre ellos hay empresarios, activistas, periodistas y exguerrilleros sandinistas. Al menos cinco de estos se encuentran en “situación crítica de salud” y no han tenido acceso a atención médica adecuada, según el Mecanismo.
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Nicaragua enfrenta tiempos convulsos. En tan solo dos días cerraron varias universidades que participaron en las protestas en contra del presidente Daniel Ortega y condenaron a una líder de la oposición bajo cargos de traición a la patria, que fue calificado de tortura por un grupo de defensores a los derechos humanos. A su vez, se elevó el número de presos políticos en el país.
La Universidad Politécnica, bastión de las protestas contra Ortega
La Universidad Politécnica de Nicaragua, mejor conocida como Upoli, que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes en el marco de las protestas en contra de Ortega en abril de 2018, sufrió ayer la cancelación de su licencia de operación. La solicitud de cierre de la Upoli fue hecha por el Gobierno, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, que es controlada por los sandinistas y sus aliados.
Adicionalmente, cancelaron la licencia a otras cuatro universidades, así como a once ONGs. El cierre fue aplicado porque presuntamente las instituciones involucradas “han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro”, según los motivos expuestos en el decreto.
En la Upoli, una universidad subvencionada por el Estado, durante las protestas, decenas de jóvenes se atrincheraron en su interior para evitar ser capturados por la Policía Nacional, en uno de los momentos más crudos de la crisis de Nicaragua, que ha dejado cientos de muertos. De hecho, fue el primer centro de estudios en el que los estudiantes se escondieron durante las marchas en contra del gobierno de Ortega, el 19 de abril de 2018.
Por su parte, el Consejo Nacional de Universidades, CNU, órgano rector de la educación superior nicaragüense, informó mediante una declaración que garantizará la continuidad académica a los estudiantes de las cinco universidades a las que la Asamblea Legislativa les retiró su licencia de operación.
Asimismo, el Ministerio de Gobernación también canceló los registros de tres ONGs estadounidenses y tres europeas.
Tortura a Opositores
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, indicó que el juicio contra la dirigente opositora Ana Margarita Vijil fue una “sesión de tortura”. Este proceso judicial se llevó a cabo en una cárcel policial a las afueras de Managua. Según este organismo humanitario, “las abogadas defensoras están incomunicadas y les quitaron sus libretas con apuntes, es decir, tendrán que ejercer la defensa con lo que saben del caso”.
La líder de la oposición es abogada y expresidenta del antiguo Movimiento Renovador Sandinista, MRS, actualmente conocido como Unión Democrática Nicaragüense. Los familiares de Vijil han denunciado de manera constante los presuntos malos tratos y torturas psicológicas que ha sufrido esta activista en casi ocho meses de prisión.
Durante esta sesión judicial, Vigil fue declarada culpable por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional, y según informó su madre, María Josefina Gurdián, “se realizó un juicio ilegal e ilegítimo, en el cual se condenó a mi hija por delitos que no ha cometido y que se le imputan ilegalmente”.
Vigil, hija del fallecido Miguel Ernesto Vigil, que fue ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos durante la primera administración sandinista, se encuentra en prisión desde el 13 de junio de 2021 y ha sido acusada por traición a la patria.
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“Hoy el régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia”, aseguró su madre. Al finalizar el juicio, su hija pidió las palabras de cierre, “y con gran dignidad y valentía, se declaró defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida”.
“Cuando le pidieron firmar el acta, escribió, debajo de su firma, con su puño y letra: presa política”, sostuvo su madre. Ella, una paciente de cáncer de 77 años, dijo que su familia “es una víctima más de este país” y que “han alterado la paz y la tranquilidad, creándonos tal zozobra, que me han puesto al borde de la muerte” durante los 235 días que lleva presa su hija.
Ni la Justicia nicaragüense ni el Ministerio Público se han referido públicamente a las sentencias de culpabilidad. Según el Ministerio Público, que había anunciado que los juicios serían orales y públicos, los opositores son juzgados por haber violentado la Constitución Política, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de Nicaragua.
Incremento de presos políticos
El número de opositores que se encuentran detenidos por motivos políticos en Nicaragua, por traición a la patria o lavado de dinero, se elevó a 177, según un informe divulgado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Según el informe de ese grupo, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cantidad de opositores detenidos en Nicaragua pasó de 170 a 177 en los primeros 31 días del presente año. Por ejemplo, en enero pasado, seis opositores fueron capturados, y otros cuatro, que ya estaban detenidos, fueron incluidos en la lista bajo la autorización de sus familiares, con lo que suman 180. Sin embargo, otros tres opositores fueron liberados en enero, con lo que la cantidad fue fijada en 177, según el informe. Del total de “presos políticos”, 167 fueron arrestados a partir de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018, incluyendo a 13 mujeres, y otros diez estaban encarcelados desde antes de ese año.
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De acuerdo con este reporte, “en las detenciones arbitrarias y procesos de criminalización de manifestantes y opositores en Nicaragua, existe evidencia de que se tratan de ataques generalizados y sistemáticos por medio de acciones que fueron implementadas y avaladas por las máximas autoridades, usando todo el aparato del Estado y acompañados de discursos de descalificación contra la población desde las más altas esferas del poder”.
Al igual que en informes anteriores, en el más reciente, esta organización denunció “malos tratos y torturas a personas presas políticas y sus familias”, entre estos detenciones en condiciones de máxima seguridad, discriminación en el tiempo de espera de los familiares para las visitas, violación a la presunción de inocencia y propagación de discursos de odio.
La “aplicación de nuevas leyes represivas” a partir de enero de 2021, en el contexto del año electoral, fue la más reciente “etapa represiva” ejecutada por el Gobierno de Nicaragua, según el Mecanismo.
Entre los “presos políticos” hay siete dirigentes opositores que aspiraban a competir con Ortega por la presidencia en las elecciones de noviembre pasado. Entre ellos hay empresarios, activistas, periodistas y exguerrilleros sandinistas. Al menos cinco de estos se encuentran en “situación crítica de salud” y no han tenido acceso a atención médica adecuada, según el Mecanismo.
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