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Desde las 9:30 de la mañana, en la capital de Estados Unidos, el gobierno de Álvaro Uribe se juega este jueves sus últimas cartas con la Venezuela de Hugo Chávez, y divulgará en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos las pruebas de la presencia de miembros de las Farc y el Eln en su territorio.
Pero Colombia no tiene chance alguno de lograr una condena para Venezuela por parte de la OEA. El propio canciller Jaime Bermúdez lo reconoce: “Para ese tipo de decisiones se necesita consenso y sabemos que no lo va a haber porque conocemos lo que piensan algunos países miembros de la OEA. No podemos ser ingenuos”. Por eso ni siquiera la buscarán.
La OEA está integrada actualmente por 35 países, de los cuales Honduras y Cuba están suspendidos. De ellos, Colombia cuenta con el apoyo incondicional de Panamá, Estados Unidos, Perú, Chile, Costa Rica y Canadá. Venezuela con el de Nicaragua, Ecuador y Bolivia.
Sin embargo, el gobierno del presidente Chávez ha logrado ampliar el apoyo político a su país mediante compromisos económicos. Este es el caso del Bloque Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con los que además tiene un fuerte vínculo ideológico. Ellos generalmente apoyan las decisiones del Palacio de Miraflores. Los países del Caribe o Caricom, compuesto por Jamaica, Barbados, Haití, Guayana, Grenada, Dominica y Surinam, entre otros, suelen guardar silencio y prudencia. Pero en los últimos años y gracias a la chavista Petrocaribe se han inclinado a respaldar las políticas chavistas.
Colombia, entonces, informará: les dejará claro a los países del hemisferio que el gobierno venezolano es permisivo con esta guerrilla, calificada de terrorista por Estados Unidos y la Comunidad Europea. “Hay hechos nuevos que muestran que la presencia de las cabecillas de las Farc está creciendo en Venezuela. Colombia ha querido un diálogo, pero Venezuela no ha respondido como esperamos”, explicó a El Espectador el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos. Fue diálogo justamente lo que pidió este miércoles el Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su porta voz, Philip Crowley: “apoyamos una mayor interacción y cooperación entre Colombia y Venezuela para reducir estas tensiones y mejorar la cooperación mutua”.
El Espectador conoció que entre las pruebas que expondrá el Gobierno colombiano, tal vez la más grave es la que confirmaría que del campamento de alias Iván Márquez en Venezuela salió el pasado 6 de julio un escuadrón de las Farc que pretendía retomar el poder de los Montes de María. El Gobierno colombiano habría conocido esta información por la confesión de guerrilleros que partieron de Venezuela para el operativo y que fueron capturados.
El campamento de Márquez, miembro del Secretariado de las Farc, estaría ubicado a 4 kilómetros de la frontera con Colombia, junto al llamado Cerro del Avión, y muy cerca, incluso, a un batallón del ejército de ese país. Igualmente, el Gobierno colombiano asegura que el campamento de alias Timochenko, también miembro del Secretariado, queda a 14 kilómetros de la frontera con Arauca, y que el comando central del Eln vive abiertamente en Valencia, Venezuela, y sus miembros se desplazan de forma permanente y libre entre ese país y Cuba.
Fuentes del gobierno venezolano en Washington afirman que el país hizo lo posible por lograr que la sesión no se lleve a cabo. Incluso, el propio embajador de Ecuador ante la OEA, Francisco Proaño, presidente temporal del Consejo Permanente de ese organismo, renunció cuando su jefe, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, le pidió que no realizara la audiencia.
El diplomático ecuatoriano negó que Venezuela hubiera influido en la decisión de su canciller. “De ninguna manera creo que el gobierno de Venezolana haya hecho esta presión”, dijo tajantemente a El Espectador.
La renuncia confirma la delicadeza de la situación. Y más allá de si el momento para librar este round diplomático fue o no el apropiado, el Gobierno colombiano está convencido de que Venezuela respalda a las Farc y lo expondrá con contundencia. Colombia está, además, tejiendo las pruebas de lo que podría derivar en una denuncia contra Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional o contra el Estado Venezolano ante la Corte de Justicia de la Haya.