La ruptura de relaciones con Irán que anunció el jueves la Cancillería de Colombia no salió de la nada. Se trata de la última estación en un tren de sospechas que los gobiernos colombianos han repetido durante años, casi siempre justificándose con las mismas palabras: que Hezbolá, grupo libanés afín a Irán, está en la región; que este tiene al gobierno chavista como aliado en Venezuela, que a su vez es cercano a Teherán, y que instaló supuestamente en Caracas su centro de operaciones representando una “amenaza”; y que este grupo se ha apoyado en los canales del narcotráfico para financiarse y, a su vez, financiar a Teherán a través de negocios ilícitos.
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Con estas conjeturas de fondo, Bogotá ahora acusa abiertamente Teherán de “presuntos” nexos con el “narcoterrorismo”. La embajada de Irán en Colombia respondió a la ruptura acusando al gobierno de formar parte de la red del narcotráfico en el continente, sin mostrar ninguna prueba.
Pero ¿qué solidez tienen las reiteradas acusaciones contra Irán y de dónde vienen?
En enero de 2020, en una cumbre antiterrorista en Bogotá con el entonces secretario de Estado Mike Pompeo, el expresidente Iván Duque adoptó las listas de organizaciones terroristas de Estados Unidos y la Unión Europea, que incluían a Hezbolá. El exmandatario justificó la decisión con una frase que se volvería su fórmula: su gobierno tenía información de que el grupo actuaba en Venezuela. Pero la información nunca se publicó.
En noviembre de 2021 el señalamiento llegó a Teherán. De visita en Israel, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que Hezbolá e Irán eran un "enemigo común" de ambos países y que respaldaban al régimen de Nicolás Maduro.
Duque lo matizó de inmediato debido a la tensión diplomática que creó con Irán. Colombia, dijo, no llama enemiga a ninguna nación. Molano insistió, sin embargo, en que dos meses antes habían sido expulsados dos presuntos delegados de Hezbolá que, al parecer, planeaban un atentado en Bogotá. Pero nunca se conoció un proceso judicial por ese caso.
Desde entonces, la versión sobre presuntas acciones de Irán en la región ha circulado sobre todo a través de fuentes sin nombre. En enero de 2025, tras una alerta de Migración Colombia sobre iraníes con documentos falsos, fuentes de inteligencia le dijeron a El Tiempo que podían ser miembros de Hezbolá o de la Fuerza Quds de Irán. Luego, otros medios revelaron informes "exclusivos" de inteligencia con un relato casi calcado. Ninguno se hizo público.
Desde 2023 solo se habían detectado seis casos de iraníes con documentos falsos, y las autoridades analizaban un posible caso de tráfico de migrantes con situaciones similares en Argentina, Brasil y Chile. Los destinos eran Cancún y Nicaragua, una ruta típica hacia Estados Unidos.
Mucho antes de todo esto, las autoridades ya habían trazado conexiones entre Hezbolá y el crimen en la región, mejor documentadas. En 2008, la Operación Titán, una investigación conjunta de la DEA y las autoridades colombianas, capturó en Bogotá al libanés Chekry Harb, alias Talibán.
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Según los investigadores, Harb conectaba a carteles colombianos, paramilitares y guerrilleros con Hezbolá, y su red le entregaba a la organización el 12 % de sus ganancias. Del mismo expediente surgió el caso de Ayman Joumaa, un libanés que durante años operó desde Colombia moviendo cocaína y lavando dinero para grupos criminales colombianos y mexicanos.
Sin embargo, esos casos no prueban lo que suele atribuírseles. Steven Dudley, codirector de InSight Crime, los analizó ante la Organización de los Estados Americanos. Su conclusión fue que esas actividades no le dieron a Hezbolá una presencia importante en la región, que la afinidad ideológica entre los grupos era escasa y que el único respaldo a la milicia que aparecía era una parte de las ganancias de Joumaa.
Dudley recogió además la frase de un funcionario estadounidense sobre ese caso: no había indicios de que el nexo fuera ideológico. "Es un negocio", dijo el funcionario, según el informe de Dudley.
Una evaluación más reciente de la institución RAND, un centro de pensamiento cercano al Pentágono, apunta en la misma dirección. Hezbolá vive sobre todo de Irán, que aporta entre el 70 % y el 80 % de sus finanzas, y el crimen latinoamericano de personas vinculadas a la organización es apenas un complemento. Ese dinero documentado va de Irán hacia Hezbolá, no de Irán hacia los grupos armados colombianos.
Finalmente, el caso más sólido de conexiones de Hezbolá con la región no está en Colombia o Venezuela, sino en Argentina. En 1992, un atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires dejó 29 muertos, y dos años después un ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) mató a 85 personas.
En abril de 2024, la Cámara de Casación de Argentina concluyó que Hezbolá ejecutó el ataque bajo las órdenes y con el financiamiento del gobierno iraní, y lo calificó como crimen de lesa humanidad. Esta semana, la justicia procesó a ocho exfuncionarios iraníes y libaneses para avanzar hacia un juicio en ausencia.
Este es el único fallo judicial del continente que atribuye un atentado a Teherán. Aun así, se apoyó en informes de inteligencia de Argentina, Estados Unidos e Israel, y en 2022 una revisión interna del Mossad, revelada por The New York Times, contradijo lo concluido por los jueces sobre la conexión local y la colaboración iraní.
El otro foco de la relación es Venezuela. Según RAND, el país reemplazó a la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay como centro de operaciones de Hezbolá tras la llegada de Maduro al poder. En 2020, la justicia estadounidense acusó al exdiputado Adel El Zabayar de coordinar tráfico de cocaína y armas entre el gobierno venezolano y Hezbolá, y el Departamento del Tesoro sancionó al diplomático Ghazi Nasr al-Din y al empresario Fawzi Kan’an por apoyar al grupo.
El exjefe de inteligencia Hugo Carvajal aseguró, por otro lado, que en 2009 acompañó al exvicepresidente Tareck El Aissami a Irán, con una escala en Siria para que milicianos de Hezbolá viajaran a Venezuela a trabajar con las FARC. Se trata, sin embargo, de acusaciones, sanciones y el testimonio de un procesado, no de condenas. Cabe destacar que los informes antiterroristas del Departamento de Estado de 2021 y 2022 ni siquiera mencionaban a Hezbolá en Venezuela.
Si miramos la estructura de las acusaciones como una escalera de evidencia hay un peldaño en el que esta se rompe. En primer lugar, que Hezbolá obtiene dinero del narcotráfico colombiano está documentado en los casos de la Operación Titán y el caso Joumaa. Esto es cierto. Luego, tenemos que Hezbolá sí recibe dirección y financiación de Irán, esto está ampliamente documentado, pero en Oriente Medio y no hay registros de que esto ocurra en Latinoamérica.
Donde se rompe la escalera de evidencia es en la acusación de que el Estado iraní opera con grupos narcoterroristas que amenecen la seguridad en Colombia, pues no hay evidencia pública de esto y solo quedan informes de inteligencia anónimos y declaraciones de funcionarios que, a su vez, luego matizan cada acusación.
Cabe destacar también que el único caso judicial que une a un actor de Oriente Medio con un grupo narcoterrorista en el país apunta al régimen sirio, no a Teherán propiamente. Se trata del sirio-libanés Antoine Kassis, quien según el Departamento de Justicia usaba su acceso al gobierno de Bashar al Asad en Siria y ofreció armas desviadas del arsenal sirio a cambio de cocaína del ELN. Irán aparece solo porque esas armas habían sido entregadas antes al régimen de Asad.
Quedan muchas dudas sobre las acusaciones que lanza el gobierno colombiano. Pero hay algo claro: esta ruptura no ocurre de manera aislada. Colombia es el tercer gobierno de la región que endurece su postura frente a Teherán este año. En abril, el gobierno de Javier Milei expulsó al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires y declaró organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, con base en "informes de carácter reservado" de sus ministerios.
Luego, a inicios de septiembre, el gobierno de Keiko Fujimori en Perú rompió relaciones con Irán. Los tres comparten su cercanía con Washington e Israel, que desde el 28 de febrero están en guerra con la República Islámica. Dos días antes de conocerse la ruptura con Irán, cabe destacar que Colombia retiró su intervención en el caso de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. La embajadora israelí en Colombia fue de las primeras en celebrar la decisión.
Visto así, el comunicado del gobierno de Colombia que apunta a "presuntos" vínculos de Irán sugiere que la decisión responde más a un alineamiento político que a una amenaza ampliamente demostrada. Las pruebas de las acusaciones siguen sin aparecer.
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