Una compleja trama que involucra a ex miembros de la Policía Federal Argentina, agentes de la Secretaría de Inteligencia y funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires salpica ahora a su alcalde —y principal opositor de la presidenta Cristina Fernández y su esposo, Néstor Kirchner—, Mauricio Macri, quien fue acusado de ser la cabeza detrás de una red ilegal de espionaje.
La detención del ex agente de la Policía, a finales del año pasado, Ciro James, quien trabajaba como asesor del Ministerio de Educación, fue la ventana que permitió al magistrado Norberto Oyarbide —gran aliado de los Kirchner— encontrar extraños vínculos entre el mandatario local y esta red. James era el encargado de intervenir las comunicaciones, grabarlas y escucharlas, y al parecer, como se infiere del procesamiento escrito por el juez, reportar luego lo escuchado al alcalde de la ciudad.
“Macri tuvo a su cargo darle un cariz de legalidad al arreglo criminal y ello lo logró al incorporar a las filas del gobierno del que era jefe a los miembros de la asociación ilícita que actuaban en el medio local”, escribe el juez en su sentencia.
A pesar de la gravedad del asunto, desde el gobierno de Buenos Aires han buscado quitarle importancia a la acusación y desviar las miradas hacia el principal opositor de Macri: Néstor Kirchner. Según el alcalde, Oyarbide sería una de las piezas clave del entramado de la pareja presidencial. “Ponemos en riesgo la posibilidad de Néstor Kirchner de seguir en el poder por 20 años, como anunció hace pocos días”, señaló Macri, quien también tiene aspiraciones presidenciales para el 2011.
La acusación del juez, por su parte, sirvió para que los opositores de Macri buscaran que éste rindiera cuentas ante la legislatura. “Macri debe dar explicaciones judiciales ante la Justicia e institucionales frente a los legisladores”, dijo el diputado de Proyecto Sur, Fabio Basteiro.
Sin embargo, fueron muchos más los sectores que se unieron en torno al alcalde, aprovechando para enfilar sus ataques en contra de los Kirchner. Los diputados Elisa Carrió y Francisco De Narváez, y el ex presidente Eduardo Duhalde, entre otros, blindaron a Macri con sus palabras y evitaron que la decisión del juez Oyarbide afectara la estabilidad política del mandatario en la ciudad. Aun cuando el jefe de gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, acusara al alcalde de golpista.
Oyarbide amplió la investigación y solicitó el listado de teléfonos fijos y móviles que utilizó Macri desde que es jefe de gobierno. Macri decidió apelar ayer la decisión del juez, quien, en su sentencia, le embargó bienes por US$65.000. “No estoy contento con lo que ha hecho Néstor Kirchner. Este es su estilo: intentar descalificar a sus adversarios” , opinó.
En el ambiente político argentino se respira un aire de traición. Las acusaciones por las interceptaciones ilegales son tan graves como las acusaciones según las cuales todo sería un montaje para debilitar a los partidos de oposición. “No sería nada raro que organismos de inteligencia hubieran trabajado para tratar de que la Justicia involucrara al jefe de gobierno porteño en las escuchas ilegales. Conozco cómo trabajan los organismos de inteligencia, hay grupos trabajando sobre cada dirigente”, apuntó Duhalde, también precandidato presidencial.
Sabe de qué habla. Lo demuestran las confesiones del ex senador Héctor Maya, quien afirmó que en conversaciones privadas con Oyarbide, le oyó decir: “A Macri me lo voy a llevar puesto”.