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La mayor organización indígena de Ecuador rechazó el martes la “operación militar disfrazada” ordenada por el gobierno para reprimir sus protestas contra el alza de los combustibles, que según los pueblos originarios deja 21 heridos en el norte del país.
El lunes un convoy de 100 vehículos con personal militar y policial viajó desde Quito hasta la provincia de Imbabura, principal foco de las manifestaciones que empezaron el 22 de septiembre.
Indígenas y campesinos protestan contra la eliminación del subsidio del diésel que eleva el costo de vida, en un país donde la pobreza es de 41 % en las zonas rurales.
De hecho, Gabriel Hidalgo Andrade, profesor de la Universidad de las Américas, respalda tal posición, pues dijo que es probable que el incremento del costo de tal producto provoque un efecto inflacionario en el Estado.
A pesar del inconformismo, las protestas continúan y el nuevo plan del gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sostiene que el convoy es un acto “humanitario” para distribuir víveres a los afectados por los cierres viales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) lo tildó de “operación militar disfrazada”. “Las Fuerzas Armadas lanzaron gases lacrimógenos por aire y tierra, afectando viviendas y a mujeres, jóvenes, ancianos y niños”, denunció la Conaie.
Además, previamente Noboa también tildó a los manifestantes de “terroristas” y “vándalos” después de que el 7 de octubre fuera atacado el vehículo en el que se desplazaba. Aunque, la primera afirmación ya la había nombrado en momentos anteriores.
El presidente dijo que el gobierno ha estado “abierto al dialogo desde el día uno”, no obstante, cuando iniciaron las protestas el mandatario aseguró que acceder a las demandas de los manifestantes sería “atentar contra la democracia” y recalcó que el Estado “resistirá” ante la paralización.
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Los choques el lunes dejaron “al menos 21 personas heridas, incluyendo una mujer con un impacto en la cabeza, y cuatro detenidos”, añadió.
En septiembre, un indígena murió a causa de disparos militares, de acuerdo a la organización.
Este es el segundo convoy que el gobierno envía a Imbabura. Según Noboa detrás de las protestas hay grupos “terroristas” y sostiene que las manifestaciones no son pacíficas.
El tercer día de protestas, el presidente ingresó a Imbabura y la caravana fue atacada con palos y piedras. Para el general en retiro Luis Altamirano esa acción fue un error pues Noboa había sido alertado del riesgo.
“Hay recomendaciones de carácter operativo que no le pueden gustar al presidente” pero “es la responsabilidad de la seguridad presidencial decirle al mandatario por aquí no puede ir”, dijo a la AFP Altamirano.
La caravana presidencial también fue atacada en Cañar (sur). El gobierno lo calificó de “intento de asesinato” y alegó que hubo disparos sin presentar pruebas.
Expertos sostienen que los avances del presidente en zonas de riesgo apuntan a reforzar el carácter violento de los manifestantes y la imposibilidad de negociar.
En septiembre, las comunidades de Imbabura retuvieron a 17 militares durante tres días. Las protestas se han replicado con menos fuerza en otras provincias.
La prensa también denuncia excesos de la fuerza pública durante la cobertura. La ONG Fundamedios ha registrado 46 agresiones a comunicadores, la mayoría de parte de policías.
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