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La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción, anunció este miércoles que elevó su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al alegar inocencia y que fue víctima de arbitrariedad judicial con el objetivo de proscribirla de la política.
La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato. Desde 2025 cumple prisión domiciliaria.
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“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal”, sostuvo en una carta publicada en redes sociales. “Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, afirmó Fernández de Kirchner, de 73 años.
Su inhabilitación política ha abierto un debate interno sobre quién debe liderar el peronismo, la principal fuerza de oposición al presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.
El diputado Máximo Kirchner, su hijo mayor, consideró que con esa carta pública la exmandataria “expresó su voluntad de participar en la vida política”. Afirmó: “Queremos que sea candidata”.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, conformado por expertos, supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de sus Estados miembros, entre ellos Argentina.
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Las peticiones individuales, como la de Fernández de Kirchner, requieren de un largo proceso de revisión documental, al término del cual, si el comité considera que hubo derechos vulnerados, puede emitir recomendaciones solicitando al Estado medidas de reparación.
“Decisiones vinculantes” para Argentina
En una conferencia de prensa, los tres abogados que la representan, el argentino Carlos Beraldi, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Vadim, expusieron los principales puntos de la petición.
“Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina, no queremos un tratamiento de excepción”, dijo Valim: “Por eso lo ponemos bajo escrutinio de un organismo internacional, cuyas decisiones son vinculantes en Argentina, para que evalúe lo que han hecho los fiscales y las autoridades”.
“Es necesario reconocer que hubo gravísimas violaciones a los derechos y garantías fundamentales de la expresidenta”, añadió.
El abogado, que asistió en la estrategia de defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cuando acudió al comité contra su prisión, remarcó que el organismo de la ONU “puede condenar al Estado argentino a que haga la revisión de las decisiones, reconozca las violaciones que alegamos y cumpla las cautelares que pedimos”.
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Las cautelares piden suspender la inhabilitación perpetua, restablecer la integración de la Corte Suprema argentina a sus cinco miembros —hoy cuenta solo con tres— y modificar el régimen de prisión domiciliaria para, entre otras cosas, quitarle la tobillera electrónica.
“Las cautelares pueden salir en meses; la cuestión de fondo puede tardar algunos años”, dijo Valim. “La condena por fraude no se sostiene (...). Lo importante fue excluirla de una futura contienda electoral”, sostuvo, por su parte, Borrego.
Según sostuvo Fernández de Kirchner en su carta, el pedido busca que los jueces que la condenaron sean “sometidos al escrutinio del derecho internacional de los derechos humanos”. También afirmó ser víctima de “un machismo estructural” del sistema judicial argentino.
La justicia rechazó un pedido de su defensa para evitar un decomiso millonario de sus bienes. También se le suspendió el cobro de la jubilación y de la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner, esta última restituida parcialmente tras apelación.
En junio recibió una intimación judicial para que “se abstenga de desplegar conductas” contrarias a sus condiciones de detención domiciliaria al advertirle que el beneficio puede serle revocado.
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