Treinta y siete horas de detención, sin agua ni comida. Miedo, confusión, rabia. No tenía nada, ni siquiera identidad, o al menos una oficial. De pedalear su bicicleta por la avenida La Esperanza, después de un día de trabajo en el aeropuerto, Maguiver Olivarez pasó a ser detenido por suplantación de identidad. Su documento, como el de 40.000 personas más nacidas en el extranjero, fue anulado por la Registraduría Nacional. Tenía una orden de captura en su nombre y los policías se lo llevaron. Se sintió atacado y desprotegido.
De su mamá obtuvo la nacionalidad colombiana. Ella decidió tomar camino hacia Venezuela cuando fue desplazada de su tierra. Se fue sola. Allá, durante la época de Hugo Chávez, le dio casa y estudio, o por lo menos eso cuenta él. “Mi vida fue buena hasta los 14 años, pero la situación se fue agravando”. La delincuencia y las amenazas lo hicieron pensar que no quería vivir más en Maracay, y aunque Caracas queda a una hora de allí, optó por cruzar la frontera y llegar a Cúcuta. De ahí cogió rumbo hacia Bogotá.
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Al país entró con pasaporte en mano. Aunque venía de visita ocasionalmente, en 2018 tomó la decisión de definitivamente radicarse en Colombia, y con ello empezó a hacer los trámites de su cédula como colombovenezolano. Presentó su registro civil de nacimiento, sin apostilla, pues en ese entonces no era un requisito y solo necesitaba el respaldo de dos testigos, y los documentos colombianos de su mamá. “La cita para la nacionalización extranjera fue difícil. Ya con eso, el gran problema fue que nunca he visto a mi papá, aunque sí me dio su apellido en Venezuela. En la Registraduría de Fontibón me dijeron que la única solución era aportar testigos y dar una carta escrita por mi mamá en la que testificara que él nunca se hizo responsable de mí”.
Pasó por la Armada Nacional, la cual, por motivos políticos y por las tensas relaciones bilaterales entre Bogotá y Caracas, tuvo que abandonar, como lo hicieron sus demás colegas con doble nacionalidad. Solo le faltaban unos pocos meses para completar el año de servicio militar. De ahí pasó a la informalidad y, gracias a su hermana, llegó a trabajar en una empresa de andamios en Tocancipá. Tres meses después, le salió una oportunidad como agente aduanero. Luego, llegó la anulación de su documento.
Se reconoció en el acento de otros más con quienes se encontró en la patrulla y en la estación. “¿También tienes el problema de la cédula?”, le dijeron aquellos con quienes se agrupó en la detención, mientras recibía el rechazo de los demás presos, que, incluso, lo escupían. Al salir, no tenía nada, apenas unos $50.000 que logró esconder de las autoridades. Con esa cantidad, decidió ir a un café internet, donde corroboró en la página de la Registraduría que, efectivamente, su cédula había sido cancelada. No tenía con qué identificarse y su mayor temor era volver a encontrarse con un policía.
Fue y volvió, y dio varias vueltas para gestionar el restablecimiento de su documento, hasta que llegó al piso 10 de un edificio en la carrera 10 con calle 17, adonde una notaría lo remitió. “Saqué mis ahorros y mandé a traer a mi mamá de Duitama. Fuimos hasta allá, que estaba casi vacío, solo tenía siete mesas y un par de sillas, y me dijeron que tenía algo mal escrito en la testificación de mis testigos, mis tíos, y por eso la Registraduría abrió un caso. Comentaron que se me notificó de lo sucedido en mi dirección, a través del correo y de una llamada, pero les dije que no tenía ninguna notificación judicial en el mail. Además, el domicilio es la casa de mi tía, y allá voy cada dos meses y nunca llegó nada”.
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La solución que le dieron fue acercarse a la Registraduría de Fontibón y pedir una copia de los antecedentes que reposan de su registro de nacimiento, del momento en el cual lo registraron. “Es ilógico que la Registraduría me pida algo que ya tiene”, repara con un tono irónico. Al fin recuperó su cédula tras interponer una tutela, pues le fueron negados algunos derechos de petición. Para ello, entre vaivenes, logró obtener los documentos escaneados de cuando fue registrado: el acta de los testigos, los antecedentes penales, la fotocopia de su cédula y de la de su mamá, así como las partidas de nacimiento de los dos; el mismo paquete que presentó en diciembre de 2018 para obtener su nacionalidad. Volvió al centro de la capital, al piso 10, donde atendían los casos similares al suyo, y le firmaron de recibido. No se pudo quedar de brazos cruzados, y días después le hablaron de la asesoría que estaba dando un consultorio jurídico. No dudó en buscar ayuda y terminó solicitando los servicios de la clínica jurídica de la Universidad del Rosario.
Fue así como llegó a ser parte del estudio “Ciudadanía cancelada, derechos arrebatados”, llevado a cabo por dicha institución, en alianza con la Universidad Cooperativa de Colombia, el Servicio Jesuita de Refugiados, Opción Legal, Refugiados Unidos y la Clínica Jurídica sobre Protección Internacional y Migraciones. De hecho, los que pidieron asesoría en estas instancias y aceptaron dar sus testimonios al estudio, muchas veces bajo el anonimato, son colaboradores de la investigación. Andrés Besserer, doctorando en Ciencia Política por la Universidad de la Ciudad de Nueva York, comenta que sus estudios, como los de los demás científicos sociales, parten de una premisa: el Estado limita o potencia la capacidad humana. Y él, en compañía de las abogadas Gabriela del Pilar Thiriat Pedraza, responsable de incidencia del Servicio Jesuita a Refugiados, y María Fernanda Orozco Naranjo, asesora de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, cree que la investigación es una forma de concientizar a las autoridades de que algo como la anulación masiva de cédulas no se puede repetir.
Y es que los efectos no fueron solo individuales: sí, en varios casos hubo pérdidas de trabajo y de dinero, como lo vivió Olivarez, pero también se presentaron escenarios en los que quienes sufrieron las consecuencias de la anulación también fueron los de al lado. Los investigadores llaman a esto “efecto cascada”. Por ejemplo, Ignacio, que dio su testimonio a la investigación bajo anonimato, comentó que su hijo menor y su esposa sufrieron inseguridad alimentaria. Él perdió su trabajo formal como celador, y con ello se fueron las prestaciones de salud y los pagos de las horas extras. “Pasó de tener un trabajo estable a vivir de trabajos esporádicos, informales, precarizados y sin seguro médico para su familia: trabaja a veces cuidando un parqueadero, pintando paredes o limpiando edificios. Desde el momento en el que perdió su trabajo de celador (a inicios de 2022) hasta la fecha de la entrevista, no ha podido pagar su alquiler ni cubrir las necesidades básicas de su esposa e hija”, se lee en el estudio.
Durante la elaboración del informe, los investigadores, que han coincidido en espacios de discusión sobre migración, corroboraron algo de lo que ya intuían. Thiriat Pedraza menciona, por ejemplo, que en el camino aparecieron aspectos jurídicos. “Cómo no le van a informar a la persona que se le está anulando su registro civil, cómo es posible que la Registraduría no ponga bien la dirección en la notificación o que ignore sus propias circulares. Muchos de los casos que conocemos tramitaron su registro extemporáneo con los dos testigos, pero los funcionarios les pedían la apostilla, a pesar de que ya no era un requisito. Todos esos años en los que las personas hicieron su vida con la cédula colombiana ya no contaban, desaparecieron. Fue como si un día la persona despertara y dejara de existir para el Estado. Así fue como muchos de ellos se sintieron”.
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Orozco Naranjo se sorprendió con otras cosas: “Muchas veces nos limitábamos a ver cuáles eran los daños a los derechos individuales y puntuales; por ejemplo, ¿esta persona pudo votar o aquella pudo acceder a su cuenta bancaria? A veces nos quedábamos en una relación muy teórica, si así se puede decir, para recuperar la validez de un documento. Sin embargo, no nos habíamos sentado a reflexionar, o por lo menos yo no lo había hecho, sobre los impactos de una manera más humana. No deja de sorprenderme que una de las personas contemplara el suicidio, que pensara que eso era necesario para arreglar su situación, o que otra creyera que la opción era salir de Colombia, su otro país, a través del Darién”.
Besserer rescata la labor que está haciendo Colombia con la integración de los migrantes venezolanos, a través del Estatuto Temporal de Protección. “El proceso de regularización, la capacidad de la sociedad para adaptarse y la del Estado para generar una política pública, dentro de los limitantes que tiene uno como el colombiano, que tiene relativamente baja capacidad estatal y no es un país rico, es impresionante. El PPT, el estatuto y el proceso de regularización no son perfectos y son vulnerables a los cambios de gobierno, pero, en términos generales, son un ejemplo para el mundo”. En ese sentido, recalca, “es una gran contradicción que la Registraduría haya anulado los 40.000 registros. Sin embargo, la Registraduría es un ente autónomo del Ejecutivo y hay que entender que esas decisiones no vienen del mismo lugar”.
Thiriat Pedraza apunta algo más: “Esas medidas que menciona Besserer han sido claves para el proceso migratorio; sin embargo, hay que tener en cuenta que ellas, al final del día, son personas con necesidad de protección internacional, y es imperativo que el Estado no las encasille a todas como migrantes. Aquí también estamos hablando de retornados, de personas que han vivido en desplazamiento, en medio del conflicto armado, y de refugiados, que muchas veces han expresado miedo de regresar a su país”. Partiendo de ahí, según Orozco Naranjo, “hubo una falta de articulación, en la que el Estado no previó las consecuencias de la anulación de las cédulas”.
Según Rodrigo Pérez, director nacional de Registro Civil, se revisaron 296.155 registros de personas nacidas en el extranjero, con padres colombianos y mayores de 18 años, que obtuvieron la cédula de ciudadanía aquí en el país. De esos, según cuenta, encontraron que 43.000 habían cometido irregularidades en la obtención de su registro civil. La mayoría fueron venezolanos (25.439), aunque también resultaron afectados ecuatorianos, estadounidenses, españoles, cubanos, dominicanos, sirios, libaneses y chinos. “Lo que se anuló fue la documentación de registros de nacimiento indebidamente obtenidos por personas nacidas en el extranjero, que quieren convalidar esa información en los registros civiles de nacimiento de Colombia”, declaró en una entrevista general para medios de comunicación.
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Ahora bien, en diálogo con El Espectador, Pérez profundiza la cuestión y establece que “la revisión se hizo porque se presentaron unas investigaciones de unas personas capturadas en Los Ángeles por actos de terrorismo y por el caso de una mujer relacionada con una bomba que colocaron en un café en París. La policía encontró el lugar donde ella vivía y allí halló que había nacido en Galapa, Atlántico. Aunque jamás había pasado por Colombia, tenía una cédula de ciudadanía y un pasaporte colombiano que mostraban que había nacido ahí”.
Al preguntarle sobre las alegaciones de la violación al debido proceso y de los reparos frente a la ausencia de coordinación entre los funcionarios de la entidad, agregó: “Confiamos en las capacidades e idoneidad de los registradores, notarios públicos y de los cónsules para poder establecer si una persona cumple con los requisitos o no (…) La figura como derecho fundamental del debido proceso se encuentra regulada en la ley y es justamente la que dio lugar a la investigación de la Registraduría para establecer qué registros fueron obtenidos de manera irregular. Existe norma expresa, a través del Decreto 1260 de 1970, que es la disposición que regula los asuntos relacionados con el registro, pero para este caso puntual se hizo una resolución específica y concreta: la 10017 del 14 de septiembre de 2021, en la que está el paso a paso de lo que se iba a hacer con la revisión de los registros”.
Advierte que “una cosa es el trámite del registro del estado civil y otra cosa los manejos de las políticas públicas de migración, porque con la migración vas a encontrar que puedes dar permisos de permanencia temporal, y puedes suministrar diferentes medios para que las personas puedan abrir una cuenta bancaria y acceder al servicio de salud, pero la inscripción en el registro debe cumplir con unos requisitos, que con el tiempo se flexibilizan, por ejemplo, como sucedió con la apostilla. Nuestro deber es generar los medios que les faciliten las cosas a los connacionales, y en cualquier parte del mundo es igual, pero se trata de asuntos de seguridad nacional”.
Olivarez, que tras lo sucedido se preguntó dónde tenía derecho a estar, pues de Venezuela tuvo que salir y en Colombia parecía no tener más posibilidades, dice que ya no le teme a encontrarse con un policía, aunque no está del todo tranquilo: “Tengo miedo de que el Estado, o la Registraduría, vuelva a hacer este tipo de cosas”. Entretanto, se está a la espera de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que, según Thiriat Pedraza, dará luces con respecto a la responsabilidad del Estado y a “cómo la Registraduría podrá resarcir el daño causado”. El tema también llegó a instancias internacionales, específicamente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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