Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Por: Nicholas Nehamas, José María León Cabrera, Hamed Aleaziz y Genevieve Glatsky | The New York Times
Un destacado exfuncionario del gobierno de Ecuador fue deportado el mes pasado en una medida inusual por parte de las autoridades de inmigración de Estados Unidos, quienes revocaron un fallo que había bloqueado su expulsión porque podría enfrentar tortura en su país de origen.
El exfuncionario, José Serrano, se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Ecuador, donde le dijeron que se compartiría con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, un video en el que aparecía completamente desnudo, según sus abogados.
Los funcionarios ecuatorianos han negado que Serrano —acusado de orquestar el asesinato en 2023 de un candidato presidencial— hubiera sido maltratado.
Noboa, un aliado crucial en las duras medidas del presidente Donald Trump contra el narcotráfico, pareció atribuirse el mérito en las redes sociales de la deportación de Serrano el 28 de agosto casi en tiempo real.
“Lo dijimos, lo cumplimos”, se jactó Noboa en redes sociales, apenas 15 minutos después de que, según los registros, funcionarios estadounidenses hubieran subido a Serrano a un pequeño avión chárter con destino a Ecuador. En su publicación, Noboa incluyó fotos de Serrano esposado entre dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Una revisión de The New York Times sobre el arresto y la deportación de Serrano resalta cómo el gobierno de Trump ha tomado el control del sistema de tribunales de inmigración de la nación, y lo ha remodelado para sus propios fines políticos con el fin de llevar a cabo sus políticas de línea dura.
Serrano se había desempeñado como ministro del Interior del expresidente de Ecuador Rafael Correa, un acérrimo rival de Noboa. Más tarde, Serrano solicitó asilo político en Estados Unidos. Aunque niega haber desempeñado un papel en el asesinato, admitió haber aceptado más de 500.000 dólares en sobornos en un asunto no relacionado.
Agentes de ICE arrestaron a Serrano en Miami el año pasado, días después de que Noboa se reunió en privado con Kristi Noem, entonces la secretaria de Seguridad Nacional, en Ecuador.
El exministro de izquierda luchó contra la deportación desde la cárcel durante meses, y finalmente convenció a un juez de inmigración de Estados Unidos de que no podía ser enviado de regreso a Ecuador porque era probable que fuera torturado.
Pero a finales del mes pasado, apenas un día después de haber sido informados sobre el caso, tres jueces de apelaciones de inmigración nombrados por el gobierno de Trump anularon esa decisión, un tiempo de respuesta sorprendente para los congestionados tribunales de inmigración, donde tales apelaciones por lo general se demoran durante meses. En cuestión de horas, había sido deportado.
Los jueces de inmigración trabajan para el Departamento de Justicia, no para la rama judicial independiente, lo que significa que pueden ser contratados y despedidos por los funcionarios del gobierno. Por ley, están obligados a decidir los casos utilizando su “juicio y discreción independientes”.
Exjueces de apelaciones de inmigración dijeron que incluso si el caso de Serrano hubiera sido acelerado, una apelación compleja como la suya normalmente habría tardado semanas en decidirse, no un solo día.
“No recuerdo un caso que se haya movido tan rápido”, dijo Charles Adkins-Blanch, quien fue designado para la junta de apelaciones de inmigración durante la presidencia de George W. Bush y luego se desempeñó como su vicepresidente. “Es sumamente inusual”.
Kathryn Mattingly, una portavoz del Departamento de Justicia, dijo que no podía comentar sobre casos individuales, pero agregó que el gobierno de Trump estaba “restaurando la integridad del sistema de adjudicación de inmigración”.
Catherine Walker, una de los abogados de Serrano, dijo que un miembro de su equipo legal ecuatoriano había podido comunicarse con él la semana pasada por primera vez desde su deportación el 28 de agosto, pero que “tres guardias enmascarados no identificados” habían monitoreado su videollamada.
“La poca información que Serrano pudo proporcionar durante la llamada fue espantosa”, dijo Walker en un comunicado. Serrano dijo que los guardias le tomaron fotografías y videos mientras estaba desnudo y le dijeron que “las imágenes serían enviadas al presidente Daniel Noboa”.
Noboa, nacido en Miami y heredero de un imperio exportador de banano, ha gobernado Ecuador desde finales de 2023. Se ha convertido en uno de los aliados más cercanos de Trump en el hemisferio occidental, en particular en los esfuerzos de Estados Unidos para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas. En marzo, Estados Unidos también ayudó a los militares de Ecuador a destruir un presunto campo de entrenamiento de carteles que, según los residentes, era en realidad una granja lechera.
Para Noboa, el regreso de Serrano representó un golpe político muy buscado. A partir de 2009, Serrano ocupó varios cargos de alto rango en la presidencia de Correa, un populista de izquierda que presidió un auge económico que sacó a millones de la pobreza, pero cuyo gobierno fue criticado por acusaciones de corrupción y abusos a los derechos humanos. Más tarde se convirtió en un crítico abierto de Noboa.
Chandler Rebel, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que era “categóricamente falso” que la agencia hubiera detenido a Serrano por razones políticas. No respondió a las preguntas sobre la conversación entre Noem y Noboa, que tuvo lugar en Quito, la capital de Ecuador, el 31 de julio de 2025, poco antes de que Serrano fuera detenido.
“El Departamento de Seguridad Nacional no lleva a cabo la aplicación de las leyes de inmigración en nombre de intereses políticos extranjeros, ni persigue a personas por discursos políticos protegidos”, dijo en un comunicado. “Lo que convierte a alguien en un objetivo de ICE es estar en el país de forma ilegal”.
El Departamento de Estado, donde Noem trabaja ahora como enviada especial para la seguridad del hemisferio occidental, no respondió a las solicitudes de comentarios. Tampoco lo hizo la oficina de Noboa.
El gobierno de Trump ya ha desplegado previamente la aplicación de la ley de inmigración contra un oponente político de un líder latinoamericano partidario de Trump. En junio, un activista colombiano que había protestado contra Abelardo de la Espriella, un candidato respaldado por Trump que ahora es el presidente de Colombia, fue detenido por agentes de inmigración de Estados Unidos en Arizona. El Times informó que el secretario de Estado Marco Rubio había aprobado la detención; el activista, Beto Coral, más tarde estuvo de acuerdo con ser deportado.
A medida que el gobierno ha afirmado su autoridad sobre los tribunales de inmigración, se ha enfocado especialmente en la Junta de Apelaciones de Inmigración, un órgano influyente aunque poco conocido que revisa las decisiones de los jueces de nivel inferior y puede emitir fallos de política vinculantes. El gobierno ha reducido el tamaño de la junta de 28 a 15 miembros, al tiempo que destituyó a personas nombradas durante el gobierno de Joe Biden. Ha llenado esos vacíos con personas que se considera que están ideológicamente alineadas con el presidente. Los tres jueces que escucharon el caso de Serrano habían trabajado para el Departamento de Seguridad Nacional anteriormente en sus carreras.
Incluso en medio de esos cambios, la junta todavía tarda meses en decidir apelaciones que involucran a inmigrantes detenidos, aunque ha habido excepciones. La junta tardó apenas nueve días esta primavera en dictaminar que Mahmoud Khalil, un conocido estudiante activista pro-Palestina que fue blanco del gobierno, podía ser deportado.
Serrano, exabogado de derechos humanos, fue durante muchos años una de las figuras más poderosas de Ecuador. En 2011, Serrano se convirtió en ministro del Interior, un cargo que le dio supervisión directa de la policía y del sistema de inteligencia del país.
“Serrano era el hombre fuerte del hombre fuerte”, dijo Juan Carlos Calderón, un periodista de investigación ecuatoriano, en referencia a su papel durante el gobierno del dominante Correa.
Durante el gobierno de Barack Obama, Serrano recibió un reconocimiento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos por su trabajo para aumentar las incautaciones de drogas.
Serrano finalmente se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, pero fue destituido luego de que unas grabaciones de audio revelaran que había mantenido discusiones secretas con un exfuncionario del gobierno prófugo para expulsar al contralor general del país.
Llegó a Estados Unidos en 2021, durante el gobierno de Biden, con una visa de turista y solicitó asilo más tarde ese mismo año, según los registros judiciales.
Su hija Paulina Serrano dijo a The New York Times que los jefes del crimen en Ecuador a los que Serrano persiguió como ministro del Interior “habían puesto precio a su cabeza”.
Desde Estados Unidos, Serrano se mantuvo activo en las redes sociales, y con frecuencia comentaba sobre el empeoramiento de los problemas de seguridad relacionados con los carteles de drogas en Ecuador y criticaba a Noboa. Su caso de asilo avanzaba lentamente por los tribunales de inmigración de Estados Unidos, donde un retraso en las solicitudes había crecido drásticamente durante el gobierno de Biden.
En Ecuador, los fiscales estaban armando un caso penal contra Serrano, alegando que había planeado desde lejos el asesinato en 2023 de un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, quien fue asesinado a tiros en Quito. Villavicencio había sido un periodista de investigación que ayudó a exponer un escándalo de sobornos que llevó a la condena de Correa.
Después del arresto de Serrano en 2025 por agentes de inmigración de Estados Unidos en Florida, fue acusado en Ecuador de ser el autor intelectual del asesinato. Dijo que la acusación tenía motivaciones políticas.
Noboa pidió que lo repatriaran a Ecuador. “Tendrá que rendir cuentas ante la justicia ecuatoriana”, dijo en comentarios reportados por medios locales.
Los cargos aumentaron lo que estaba en juego en su ya compleja solicitud de asilo.
Romy Lerner, la jueza de inmigración de Miami que escuchó el caso de Serrano, había sido designada por el gobierno de Biden. En su tiempo en el estrado, Lerner había denegado el asilo a inmigrantes en el 83 por ciento de los casos, por encima del promedio nacional, según un análisis del Times de los datos de los tribunales de inmigración.
Después de cuatro días de audiencias, ella determinó que Serrano no era elegible para asilo porque había cometido un “delito grave no político”. En el tribunal, Serrano reconoció haber dicho a agentes federales de Estados Unidos que había aceptado aproximadamente 575.000 dólares en sobornos de dos contratistas del gobierno como ministro del Interior. Dijo que hizo la confesión como testigo cooperante, según documentos judiciales.
Pero Lerner también determinó que era probable que Serrano fuera detenido y torturado si lo devolvían a Ecuador, y señaló que siete de las 13 personas arrestadas en el caso Villavicencio habían sido encontradas “muertas o asesinadas” en prisiones ecuatorianas.
Además, la jueza citó el caso de Jorge Glas, un exfuncionario de alto rango del gobierno de Correa encarcelado en Ecuador. Como señaló la jueza, la relatora especial sobre la tortura de la Organización de las Naciones Unidas dijo que al parecer Glas había sido “sometido a tortura, incluyendo pulgares dislocados, laceraciones en las muñecas por el uso excesivo de esposas, y contusiones y hematomas en los brazos, muslos y tórax, indicativos de golpes físicos”.
Como resultado, el 13 de mayo, Lerner le otorgó a Serrano una forma de protección contra la deportación a Ecuador conocida como aplazamiento de remoción. Dijo que consideraba que su testimonio era “creíble”, pero no llegó a ninguna conclusión sobre si había estado involucrado en el asesinato, ya que ese era un asunto que debían decidir los tribunales de Ecuador.
Serrano permaneció encerrado en Estados Unidos mientras su caso de inmigración pasaba por las apelaciones.
En un momento de junio, Serrano fue sacado de su celda y casi lo subieron a un vuelo de deportación a Ecuador, a pesar de la orden de la jueza, según documentos judiciales y registros gubernamentales internos revisados por el Times. Un funcionario de ICE reconoció el error en un mensaje a sus abogados, en el que escribió que Serrano había sido “retirado del manifiesto de vuelo anoche una vez que nuestra oficina fue informada”.
El episodio ocurrió justo un día antes de que Noem se reuniera nuevamente con Noboa, esta vez en Nueva York, según sus redes sociales. Para ese momento, Noem había sido destituida como jefa del Departamento de Seguridad Nacional y había asumido su nuevo cargo en el Departamento de Estado.
Entonces, a las 4:06 p. m. del 27 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional presentó su alegato por escrito ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, según muestran los registros judiciales.
A las 3:12 p.m. del día siguiente, un panel de tres jueces de apelaciones de inmigración revocó por unanimidad la decisión del tribunal inferior, y dijeron que no consideraban probable que Serrano fuera torturado en Ecuador.
Los jueces dijeron que el daño físico que sufrió Glas, el exministro, no calificaba como tortura porque no había pruebas de que hubiera sido “infligido intencionalmente con la intención específica de causar dolor o sufrimiento grave”. También señalaron que no había evidencia de que el gobierno ecuatoriano hubiera sido responsable de los asesinatos de los otros sospechosos del asesinato de Villavicencio.
El juez que redactó la opinión, Keith Hunsucker, tiene estrechos vínculos con el gobierno de Trump. Durante varios meses, se desempeñó como juez presidente interino del sistema de tribunales de inmigración.
Hunsucker no respondió a una solicitud de comentarios.
Según muestran los registros judiciales, a las cinco horas del fallo de la junta de apelaciones, Serrano ya estaba en un avión de regreso a Ecuador, donde su llegada se transmitió en línea. Noboa dijo que Serrano estaba recluido en El Encuentro, una prisión de máxima seguridad inspirada en el tristemente célebre centro de detención CECOT de El Salvador.
El presidente ecuatoriano emitió entonces una advertencia a Correa, quien ahora vive en Bélgica.
“Ya mismo te toca a ti”, escribió en la publicación que mostraba a Serrano encadenado entre agentes de ICE.
Steven Rich y Annie Correal colaboraron con reportería. Colaboraron con investigación Emily Powell, Kitty Bennett, Sheelagh McNeill y Susan C. Beachy.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com
Conoce más