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Un exasesor y exconductor que es considerado clave en una investigación por corrupción abierta contra el senador brasileño Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, fue arrestado este jueves por la Policía de Brasil en un municipio del estado de Sao Paulo, dijeron fuentes oficiales.
Fabrício Queiroz, que fue jefe de Gabinete de Flavio Bolsonaro cuando el ahora senador ocupaba un escaño en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj), fue detenido por orden del juez Flavio Itabaiana, quien investiga al hijo de Bolsonaro por corrupción.
Queiroz, un exagente de la Policía Militarizada de Río de Janeiro y cuyo paradero era desconocido desde que estalló el escándalo hace casi dos años, fue detenido en la mañana de este jueves en una residencia de su abogado en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.
Inmediatamente fue conducido a una comisaría de la Policía Civil en la capital de ese estado y posteriormente trasladado en helicóptero hasta Río de Janeiro.
El mismo juez Itabaina de Río de Janeiro ordenó este jueves la detención de la esposa de Queiroz y el registró de una residencia en Bento Ribeiro, un barrio de Río de Janeiro, la cual pertenecería a una asesora vinculada al gabinete de Flavio Bolsonaro.
Flavio Bolsonaro, hijo mayor del líder ultraderechista y que fue elegido senador en octubre de 2018, está en la mira de la Fiscalía desde ese mismo año por movimientos financieros atípicos identificados por el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf) en su cuenta bancaria y en la de 74 excolaboradores suyos en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
La investigación comenzó a raíz de sospechas sobre movimientos bancarios irregulares de Queiroz detectados por el Coaf y que llevaron al organismo a ceder las informaciones a la Fiscalía.
De acuerdo con el organismo, por la cuenta bancaria de Queiroz pasaron en el periodo de un año 1,2 millones de reales (hoy unos 240.000 dólares), una cifra que contrasta con sus ingresos mensuales, que en la época eran de poco más de 20.000 reales (unos 4.000 dólares).
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En mayo del año pasado, tras varios meses en que Queiroz se negó a presentarse ante la Fiscalía para aclarar las cuentas, el juez responsable del caso autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del senador y de varios de sus entonces auxiliares en el Legislativo regional, incluyendo su importante asesor.
El análisis de los datos reforzó las sospechas de la Fiscalía de que todos los funcionarios contratados por Flavio Bolsonaro en su despacho como diputado regional tenían que entregarle parte de su salario al legislador y que lo hacían a través de Queiroz.
En la época en que estalló el escándalo trascendió que Queiroz también era allegado del jefe de Estado y que hizo transferencias bancarias a la cuenta de la hoy primera dama, Michelle Bolsonaro.
El caso de Queiroz ganó una nueva repercusión el mes pasado, cuando el empresario Paulo Marinho, un importante colaborador en la campaña electoral del líder ultraderechista y que rompió relaciones con el gobernante, denunció que Flavio Bolsonaro fue avisado ilegalmente por la Policía Federal de que su asesor era investigado, lo que le permitió destituirlo antes de que estallara el escándalo.
La detención de Queiroz se produce en momentos en que el jefe de Estado enfrenta una grave crisis por las diferentes investigaciones que le ha abierto la Justicia.
El líder ultraderechista es investigado por la Corte Suprema por presuntas presiones e injerencias políticas e ilegales en la Policía Federal, que fueron denunciadas por el exjuez Sergio Moro cuando anunció en marzo su renuncia como ministro de Justicia.
El Tribunal Superior Electoral también abrió una investigación contra Bolsonaro en un caso que podría anular su triunfo en las elecciones de 2018 por la propagación de noticias falsas durante su campaña.
En los últimos días el Supremo Tribunal Federal ordenó arrestos, registros y levantamientos de secretos bancarios contra seguidores, allegados y aliados políticos del mandatario en una investigación por la organización y financiación de manifestaciones consideradas antidemocráticas.
En tales manifestaciones, promovidas por grupos "bolsonaristas", los partidarios del gobernante piden el cierre del Congreso y de la Corte Suprema, así como una "intervención militar" que le permita a Bolsonaro gobernar sin las amarras de los poderes Legislativo y Judicial.
El líder ultraderechista ha criticado las diligencias ordenadas por la máxima corte, que ha calificado como “abusos”, y el miércoles anunció en las redes sociales que no permanecerá callado ante lo que considera “persecución de sus ideas”.
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