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El fiscal del estado mexicano de Veracruz, Luis Ángel Bravo, informó que 13 de los 36 policías municipales de Medellín de Bravo están detenidos por la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo, mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió hoy a la fiscalía federal asumir las pesquisas.
"Hasta el momento se realizan un caudal de diligencias ministeriales, que personalmente constato que se lleven a cabo de manera transparente y pulcra", dijo el fiscal en declaraciones divulgadas este viernes por la procuraduría estatal en un comunicado.
Añadió que como resultado de las gestiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado un juez ordenó el arraigo (detención provisional) de 13 policías municipales de Medellín y se cuenta "ahora con un plazo de 30 días para continuar investigándolos".
Aseguró que de encontrarle responsabilidad al presidente municipal de Medellín, Omar Cruz, se actuará conforme a derecho y se llevarán a cabo las acciones correspondientes, pues se trata de un alcalde que cuenta con fuero constitucional.
Dio a conocer que como parte de las diligencias que lleva a cabo la dependencia a su cargo, personal de servicios periciales realiza pruebas de ADN y antropométricas a cadáveres localizados en la región central de Veracruz.
"Los signos encontrados en los cuerpos no permiten hasta el momento establecer una certeza en la identificación; sin embargo, las pruebas de genética serán contundentes en los resultados afirmativos o negativos", añadió Bravo, de acuerdo con un boletín de la Procuraduría de Justicia (fiscalía) estatal.
En tanto, la CNDH pidió hoy a la fiscalía federal que ejerza su facultad de atracción para investigar y perseguir los delitos cometidos contra la libertad de expresión en el caso de la desaparición del también activista Moisés Sánchez.
En un comunicado, la CNDH explicó que hizo la petición mediante un oficio dirigido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los familiares del agraviado presentaron la denuncia respectiva en la fiscalía de Veracruz (oriente). Según su testimonio, el pasado viernes 2 de enero un grupo de desconocidos armados y vestidos de civil irrumpieron en su casa y se llevaron por la fuerza al periodista, así como su computadora, cámara fotográfica y teléfono.
Moisés Sánchez Cerezo, de 49 años, es director y editor del semanario comunitario La Unión, en el municipio de Medellín de Bravo del estado oriental de Veracruz.
El organismo autónomo explicó que, según la denuncia, se desprende "la participación de servidores públicos municipales" y "el temor fundado de la pérdida de la vida o de afectación de la integridad de quien realiza actividades periodísticas y ejerce su derecho a la libertad de expresión".
La fiscalía estatal informó hoy que la PGR dio inicio a una investigación para colaborar en las pesquisas del caso y que "ambas instancias se coordinarán para lograr el esclarecimiento de los hechos".
México es considerado como el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer la labor periodística y uno de los mayores a nivel mundial.