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Las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos han experimentado cambios desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Entre ellas, la lucha contra el narcotráfico ha ocupado un lugar central en la agenda de su administración, que ha desplegado distintas acciones para reforzar la presión sobre las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Estas incluyen ataques contra embarcaciones señaladas por Washington (sin pruebas y con acusaciones de ser ejecuciones extrajudciales) de estar vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, así como una mayor cooperación militar con países de América Latina. Ahora, a esta estrategia se suma el traslado de drones de vigilancia desde África hacia Colombia y Ecuador.
Estados Unidos desplegó en Colombia y Ecuador un número no determinado de drones MQ-9 Reaper para apoyar las operaciones de ambos países contra el crimen organizado, de acuerdo con dos fuentes militares citadas por The New York Times. Las aeronaves, que anteriormente estaban destinadas a misiones en África, son utilizadas principalmente para labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, aunque también cuentan con capacidades para realizar operaciones ofensivas.
El despliegue, anunciado por Colombia en agosto, refleja una mayor participación de Washington en las operaciones de seguridad de ambos países. En los últimos meses, Colombia y Ecuador, como miembros del Escudo de las Américas, han profundizado su cooperación militar con Estados Unidos y avanzado en acuerdos para desarrollar “operaciones conjuntas” contra organizaciones criminales, ampliando el intercambio de inteligencia y el apoyo operativo en la región.
Según Víctor Mijares, profesor de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes y editor en jefe de la revista Colombia Internacional, el despliegue de drones responde al cambio en las prioridades estratégicas de Estados Unidos, que ha dado mayor importancia al hemisferio occidental. Washington ya no considera a América Latina un entorno de baja amenaza, sino una región donde el narcotráfico puede financiar grupos irregulares, fortalecer el crimen organizado, alimentar la corrupción y afectar los sistemas políticos.
“Estados Unidos está poniendo por delante de lo que han sido sus objetivos tradicionales en otros continentes la proximidad geográfica. En ese sentido, esto es bastante coherente con lo que ha publicado desde la llegada de Trump al poder en este segundo periodo”, añadió el profesor.
Los MQ-9 Reaper son drones diseñados para realizar labores de vigilancia y reconocimiento a gran altura sin poner en riesgo a pilotos o soldados. Pueden subir hasta 15.000 metros, son difíciles de detectar y también pueden portar armas de precisión para atacar objetivos específicos. Cada unidad cuesta alrededor de USD 30 millones.
En América Latina, Estados Unidos ya los utiliza para vigilar actividades de los cárteles en territorio mexicano. Estos vuelos comenzaron durante el gobierno de Joe Biden y se intensificaron con el regreso de Donald Trump al gobierno. La información obtenida mediante los drones es compartida con las autoridades mexicanas.
Para Mijares, Colombia atraviesa un momento particularmente complejo en materia de seguridad por la expansión del uso de drones explosivos por parte de grupos criminales. Aunque estos aparatos son mucho menos sofisticados que los MQ-9 Reaper, su utilización representa un nuevo desafío para las Fuerzas Militares. En este contexto, considera que la incorporación de tecnología estadounidense podría reforzar las capacidades de inteligencia, vigilancia e incluso apoyo de fuego de las Fuerzas Militares colombianas, especialmente dentro de la estrategia de confrontación directa que ha planteado el presidente De la Espriella contra los grupos armados y el crimen organizado.
Alejandro Bohórquez, profesor de la FIGRI de la Universidad Externado, señala que el uso de estos drones podría tener un impacto importante en Colombia debido a las dificultades geográficas que enfrenta el país. El territorio montañoso y selvático facilita que los grupos ilegales se oculten y dificulta el acceso de las Fuerzas Militares. En ese contexto, esta tecnología podría fortalecer las capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aéreo.
Además, explica que el problema no se limita a la vegetación. Algunas de estas rutas atraviesan zonas donde el acceso está controlado por grupos armados ilegales y donde las condiciones ambientales, como la presencia de mosquitos, la leishmaniasis y otras enfermedades, dificultan aún más el desplazamiento de los efectivos.
Este movimiento también representa un cambio en las prioridades de la política militar internacional de Estados Unidos, especialmente frente a África, donde Washington ha combatido durante más de una década a grupos yihadistas. Durante años, ese país apostó por una presencia discreta pero constante, basada en bases de drones, vigilancia aérea y apoyo a ejércitos locales. Sin embargo, los resultados fueron limitados: grupos como al-Shabaab, Boko Haram y las filiales de Al Qaeda y el Estado Islámico no desaparecieron y, en varias zonas del Sahel, incluso se expandieron.
Este escenario obligó a Washington a replantear su presencia militar en África. La salida de Níger en 2024 redujo sus capacidades de vigilancia y obligó a operar desde bases más lejanas. A esto se sumaron las limitaciones de los MQ-9 para algunas misiones de largo alcance, lo que impulsó la búsqueda de nuevas plataformas. Así, Estados Unidos parece apostar por despliegues más flexibles y alianzas puntuales, como en Nigeria, en lugar de grandes bases permanentes, aunque esto implica una menor capacidad de vigilancia en algunas zonas de la región.
Para Mijares, este cambio refleja una nueva priorización estratégica de Estados Unidos hacia las amenazas y desafíos de su propio hemisferio. El giro implica reducir su presencia en otras regiones, como África, y también genera preocupación entre países europeos ante una posible menor atención de Washington frente al poder militar de Rusia.
En su opinión, se trata de un cambio de prioridades y de paradigma en la estrategia de seguridad estadounidense, aunque aún es incierto si se mantendrá en el futuro.
Además, Mijares destaca que la principal ventaja de estos drones está en su capacidad de vigilancia y en la inteligencia estratégica que pueden proporcionar, gracias a la altura a la que operan, la sofisticación de sus sensores y cámaras y su autonomía de vuelo.
“Además, en caso de ser necesario, pueden ser artillados. Tienen pequeños misiles, como los Hellfire, que son letales. Como se vio en el caso de Niño Guerrero, ya han sido puestos a prueba incluso en territorio continental latinoamericano”, afirmó.
Los drones llegarían a Colombia como una herramienta para fortalecer la lucha contra el narcotráfico, especialmente en materia de vigilancia e inteligencia. Sin embargo, Bohórquez advierte que su impacto sobre la producción de cocaína podría ser limitado, pues los grupos ilegales tienen capacidad para modificar sus rutas y adaptarse a los operativos de las autoridades.
La llegada de los MQ-9 Reaper también ha abierto un debate sobre los límites de la cooperación militar con Estados Unidos. Según Nerio Luis Mejía, en un artículo publicado en Las2orillas, Colombia recibiría tres de estas aeronaves en calidad de préstamo y adquiriría una cuarta con recursos propios. Aunque están destinadas principalmente a inteligencia y vigilancia, su capacidad para portar armamento plantea interrogantes jurídicos y políticos sobre la soberanía del país y la participación de personal extranjero en operaciones remotas. Mejía también cuestiona los alcances de esta cooperación en el contexto de la cercanía entre el gobierno de Abelardo De la Espriella y la administración de Donald Trump.
Por eso, aunque esta tecnología podría mejorar en el corto y mediano plazo la identificación y vigilancia de rutas, el profesor señala que, mientras persistan los incentivos para producir coca y operar laboratorios de cocaína, el problema continuará.
El traslado de los MQ-9 Reaper a Colombia y Ecuador muestra que Estados Unidos está reorientando parte de sus capacidades militares hacia América Latina y dando mayor prioridad a las amenazas que considera más cercanas. Para Colombia, la llegada de estos drones puede fortalecer la inteligencia, la vigilancia y la capacidad de anticiparse a los movimientos de los grupos criminales.
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Por Laura Henao Arévalo
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