Ecuador expulsó a un periodista español que cubría las protestas indígenas contra el gobierno por considerarlo una “amenaza” para la seguridad del país, informó este lunes la Presidencia.
El comunicador, Bernat-Lautaro Bidegain, registraba para el medio digital Globalat las manifestaciones en contra del alza del precio del diésel, según sus redes sociales.
La semana pasada realizó la cobertura del sepelio de un manifestante indígena muerto por impactos de bala en la región de Imbabura (norte), foco de las protestas contra el presidente Daniel Noboa.
Organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron que el domingo fue detenido “en un proceso plagado de irregulares y violaciones al debido proceso”.
La vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, dijo a periodistas el lunes en una rueda de prensa que Bidegain fue deportado debido a que representaba “una amenaza para la seguridad”. La funcionaria aseguró que existe un informe en su contra, pero que es de carácter privado.
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El periodista aseguró en Instagram que fue enviado en la madrugada de Quito a Bogotá para luego ser trasladado a España. Consultadas por la AFP, las autoridades colombianas no confirmaron su ingreso al país.
En videos que replicó se le ve levantando un brazo en señal de protesta y rodeado de funcionarios ecuatorianos. También aparece en la parte trasera de un automóvil que conduce un uniformado.
En mayo, Bidegain informó que Panamá le negó el ingreso y lo deportó en el marco de unas manifestaciones contra el presidente José Raúl Mulino.
Pero, ¿las protestas en Ecuador son solo por el diésel?
Inicialmente, el gobierno de Daniel Noboa, por medio de un comunicado, anunció que Ecuador eliminó el subsidio al diésel. Esto elevó su precio de US 1,80 a US 2,80 por galón.
Según Gabriel Hidalgo Andrade, profesor de la Universidad de las Américas, el diésel es el principal combustible usado en el transporte público, por ende, su incremento afecta directamente los costos de producción y transporte.
Aquello, posiblemente, provocará un efecto inflacionario en Ecuador, añadió el académico.
No obstante, el 12 de septiembre, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia justificó la medida y señaló que el gobierno busca “destinar recursos del Estado a quienes realmente lo necesiten”.
El subsidio representaba una carga fiscal de US 1.100 millones, y su eliminación genera un ahorro estimado de US 2,5 millones diarios, según el Ministerio de Finanzas.
A pesar de las explicaciones, las protestas en Ecuador estallaron y a estas se sumó no solo un reclamo económico, sino que también se denunció un modelo de gobierno que promueve el extractivismo sin consulta, vulnera derechos territoriales y criminaliza la protesta.
De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), condenó los actos de agresividad del gobierno contra los manifestantes, sobre todo, el ataque mortal por parte de las fuerzas del orden contra Efraín Fuares, artesano kichwa y padre de dos niños pequeños.
Al hombre, que no tenía en su posesión armas, se le disparó y golpeó hasta que quedó inmóvil en el suelo y posteriormente, murió.
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La CONAIE calificó este asesinato como un “crimen de Estado, perpetrado bajo las órdenes de Daniel Noboa”, y afirmó que confirma el “rostro autoritario de un gobierno que ha convertido al país en un campo de guerra”.
En respuesta a las protestas, el gobierno denunció el presunto secuestro de 17 soldados.
Además, Noboa aseguró que acceder a las demandas de los manifestantes sería “atentar contra la democracia” y recalcó que el Estado “resistirá” ante la paralización.
Más allá de buscar una salida negociada el presidente ecuatoriano declaró el estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país con el bloqueo de varias vías.
Las protestas dejan unos 150 heridos entre civiles (algunos procesados por presunto “terrorismo”), militares y policías y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de ONG.
El experto, Hidalgo, subrayó que la respuesta gubernamental genera la percepción de que el gobierno “está perdiendo los cauces institucionales y el control del Estado”.
De igual manera, el académico dijo que Noboa podría estar postergando la negociación para que la solución se defina en las urnas, pues el 16 de noviembre se realizará un referéndum para decidir si se conforma una Asamblea Constituyente que sustituya la Constitución vigente desde 2008. Aunque advirtió que esta estrategia es “arriesgada”.
Por último, cabe destacar que el movimiento indígena también lideró protestas masivas en 2019 y 2022 por la eliminación de los subsidios a los combustibles, que llevaron a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás en estas medidas.
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