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El juez constitucional Manuel Peña Estupiñán declaró como responsable al Estado de las vulneraciones a derechos humanos en cárceles de Ecuador. La sentencia surgió de habeas corpus correctivos presentados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil el pasado 30 de enero.
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Un habeas corpus correctivo, de acuerdo con la ley ecuatoriana, tiene el fin de proteger a las personas privadas de la libertad y prevenir cualquier tipo de acto lesivo en su contra mientras están detenidos. En los recursos presentados por la CDH se denuncia que siete detenidos necesitaban atención médica, pero se les había restringido desde hace tres semanas.
El juez Peña determinó que el Estado estaba violando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad a través de las Fuerzas Armadas, por acción, y del Servicio de Atención a las Personas Privadas de la Libertad (SNAI), por omisión.
De acuerdo con la sentencia, los militares estaban interviniendo cárceles con acciones que ponían en peligro la integridad de las personas detenidas, con “maltratos que podrían llegar a ser tortura”, según cuenta el medio Expreso. Por su parte, la SNAI no estaba cumpliendo con sus labores de gestión en los centros.
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Así, se establecieron cinco medidas de reparación para las personas privadas de la libertad cuyos derechos estaban siendo vulnerados. La primera, garantizar la atención médica ininterrumpida. Segundo, dar seguimiento a su estado de salud mental. Tercero, investigar en un plazo de 45 días los actos de tortura que se desarrollan en cárceles. Además, se exhortó a las Fuerzas Armadas a respetar la ley y la dignidad, y a la SNAI que deberá “otorgar colchones, acceso a la luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa”.
“Finalmente, reconocemos como triunfo el que a través de una sentencia judicial se haya dejado claro que el Estado debe otorgar los suministros de aseo, colchonetas y demás herramientas de uso personas a las personas detenidas y no los familiares”, indicó el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles.
La decisión llega en medio del estado de excepción que ordenó el Gobierno de Daniel Noboa a principios de este año para lidiar con la crisis de violencia. El 9 de enero, las Fuerzas Armadas empezar a intervenir los centros penitenciarios, después de que se decretara el conflicto armado interno en Ecuador.
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Hasta ahora, los militares tienen el control de al menos 10 cárceles, que generalmente son centros del poder delincuencial para las bandas criminales que operan en Ecuador. Las acciones de las Fuerzas Armadas han incluido decomisar armas, municiones y explosivos.
Noboa ha anunciado la construcción de dos megacárceles al estilo de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño aplaudido por sus medidas de seguridad, criticadas por vulnerar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. En el 2024, se ha adoptado el enfoque de “mano dura” en Ecuador, que Gustavo Flores-Macías, profesor de gobierno y políticas públicas en la Universidad de Cornell que se especializa en América Latina, llama “casi un segundo laboratorio para las políticas de Bukele”.
“La tortura debe ser condenada sin condiciones. Es una grave violación a los derechos humanos que no se justifica por la obediencia a órdenes superiores”, aseguró el CDH.
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