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El Gobierno de Daniel Noboa llamó a consultas a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, tras una nueva escalada de tensiones por las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, según confirmaron a El Espectador fuentes con conocimiento del tema.
El mandatario colombiano calificó nuevamente al exvicepresidente Jorge Glas como un “preso político” y aseguró que es ciudadano colombiano, lo que motivó una enérgica nota de protesta por parte de la Cancillería ecuatoriana y el posterior llamado a consultas de Wong.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, las afirmaciones del mandatario colombiano son “falsas” y vulneran el principio de no intervención consagrado en el derecho internacional.
“El ciudadano en mención no es un perseguido político, sino un sentenciado por la justicia ecuatoriana tras procesos legítimos por delitos de asociación ilícita, además de enfrentar procesos por peculado”, detalla la nota formal de protesta enviada a Colombia.
Ecuador también exige el cese de opiniones extranjeras que intenten deslegitimar las garantías del debido proceso en su territorio, advirtiendo que estas declaraciones “solo contribuyen a deteriorar el estado de las relaciones diplomáticas”.
Por su parte, Petro ha sido tajante al solicitar la liberación o entrega de Glas, alegando razones humanitarias y convicciones ideológicas. Según el presidente colombiano, el exvicepresidente ha tenido problemas de nutrición y pérdida severa de peso debido a que las autoridades ecuatorianas no le proporcionan la alimentación adecuada, algo que Quito rechaza.
“Cualquier intento de deslegitimar estas sentencias desde el exterior constituye una violación flagrante del principio de no intervención”, subraya el documento oficial de la Cancillería ecuatoriana.
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Reclamos por el abandono de la frontera
Más allá del caso Glas, Ecuador ha aprovechado la nota de protesta para elevar un reclamo sobre la seguridad regional. El Gobierno ecuatoriano condena lo que califica como una “persistente falta de control” en la frontera común por parte del Estado colombiano.
Según Quito, este vacío de autoridad facilita que grupos criminales y redes de narcotráfico operen con libertad en la zona limítrofe. Por eso, insta a las autoridades colombianas a enfocar sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado en lugar de cuestionar la soberanía judicial de su vecino.
“La falta de control y el abandono de la frontera por parte del Estado colombiano ha facilitado el libre tránsito de grupos criminales y el tráfico de drogas”, señala el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.
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