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El Ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de ocho personas tras una nueva serie de ataques contra tres embarcaciones que, según Washington, estaban involucradas en el narcotráfico en el Pacífico.
Las operaciones de Estados Unidos forman parte de una ofensiva militar impulsada por la administración de Donald Trump, que en los últimos meses ha intensificado el uso de fuerza letal contra presuntos traficantes de drogas en aguas internacionales.
El Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) difundió imágenes aéreas en blanco y negro de los ataques, en las que se observa a pequeñas lanchas desplazándose a gran velocidad antes de ser alcanzadas por explosiones.
“Nuestras operaciones en la región del Comando Sur son legales tanto según el derecho estadounidense como internacional, y todas nuestras acciones cumplen con el derecho aplicable a los conflictos armados”, declaró a la prensa el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, a principios de este mes.
En un comunicado publicado en redes sociales, la institución aseguró que la inteligencia estadounidense confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y que estaban “activamente involucradas” en ese delito.
Con estos últimos ataques, ya son más de 20 las embarcaciones alcanzadas por operaciones militares estadounidenses en el Pacífico y el Caribe, muchas de ellas cerca de Venezuela.
Según cifras citadas por autoridades y medios estadounidenses, al menos 90 personas han muerto desde que comenzó esta campaña, denominada por el Pentágono como Operation Southern Spear.
El uso directo de la fuerza militar contra presuntas redes de narcotráfico supone un giro significativo respecto a la práctica histórica de Estados Unidos, que tradicionalmente ha recurrido a interdicciones, detenciones y cooperación policial internacional.
Esta estrategia ha despertado fuertes cuestionamientos legales y políticos. Expertos en derecho internacional han advertido que algunos de estos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, prohibidas por el derecho internacional humanitario.
El ataque que más controversia despertó fue el del 2 de septiembre, cuando una embarcación fue atacada en dos ocasiones.
Según investigaciones periodísticas, el segundo bombardeo habría matado a sobrevivientes del primer impacto. Varios juristas consultados por la BBC sostienen que esa segunda acción podría ser considerada ilegal y equiparable a un crimen de guerra.
Un exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional llegó a calificar la campaña como un ataque “planificado y sistemático contra civiles en tiempos de paz”.
La Casa Blanca y el Pentágono han rechazado esas acusaciones. Funcionarios de la administración Trump sostienen que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga y que las operaciones cumplen con las leyes de la guerra.
Los fallecidos han sido calificados como “combatientes ilegales”, una categoría que, según el Gobierno, permitiría el uso de fuerza letal sin revisión judicial previa, amparada en dictámenes clasificados del Departamento de Justicia.
La ofensiva contra el narcotráfico se cruza además con una creciente presión sobre Venezuela. En los últimos meses, Washington ha desplegado miles de soldados y el portaaviones USS Gerald Ford en la región, y ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Caracas ha rechazado esas acusaciones y denunció recientemente como “piratería internacional” la incautación de un petrolero frente a sus costas.
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