El gobierno de Donald Trump impuso nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, apenas unas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de ese tribunal, ganara el Premio Nobel de Paz.
La medida, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, prohíbe las transacciones con la corte con sede en La Haya y abre un choque diplomático con los aliados europeos de Washington.
“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, dijo Rubio en un comunicado publicado primero por Reuters. “Por eso, hoy, Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal deshonesto, cortaremos sus recursos y paralizaremos su capacidad de operar”.
El jefe de la diplomacia estadounidense fue más allá y lanzó un ultimátum a los países que integran la corte. “O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI. Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales son parte de la CPI y dependen de militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a la corte”, afirmó.
Según Rubio, las sanciones fueron diseñadas para darles a los Estados miembros la oportunidad de negociar una solución.
No es la primera vez que Washington arremete contra el tribunal, creado en 2002 para juzgar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Trump ya había sancionado a fiscales y jueces de la CPI en su primer mandato, medidas que el expresidente Joe Biden revocó, y volvió a hacerlo días después de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.
La diferencia ahora es el alcance de las sanciones, pues obligan a cualquier empresa estadounidense a cortar lazos con la entidad sancionada, lo que implica cierres de cuentas bancarias, cancelación de seguros y suspensión de servicios de software
El Departamento del Tesoro, además, emitió de inmediato cuatro licencias generales que permiten algunas transacciones relacionadas con telecomunicaciones, software, pensiones y detenidos de la corte.
La hostilidad de Estados Unidos hacia la CPI se explica, sobre todo, por las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por una investigación sobre acciones de soldados estadounidenses en Afganistán que el tribunal dice haber dejado en un segundo plano.
“Las sanciones del presidente Donald Trump están diseñadas para aislar y, en última instancia, destruir la Corte Penal Internacional”, dijo por su lado desde Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas fue más tajante.
La corte ya venía preparándose para este escenario desde hace meses y migró sus computadores de Microsoft a programas de código abierto y buscó nuevos arreglos bancarios y de seguros médicos.
“Las sanciones buscan socavar el Estado de derecho a nivel internacional y el trabajo de una institución judicial independiente”, dijo a Reuters la fiscal adjunta, Nazhat Shameem Khan, quien aseguró que las investigaciones y procesos seguirán su curso.
La coincidencia con el Nobel no pasó desapercibida. Pillay fue jueza de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008, y el comité noruego explicó que con su elección quería recordar que los jueces y las instituciones del derecho internacional están bajo ataque político.
El secretario general de la ONU, António Guterres, se declaró “profundamente alarmado” y, a través de su portavoz, calificó la decisión como “un grave golpe a nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional”. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, la calificó de “inaceptable”.
La Comisión Europea también reaccionó y consideró la decisión “profundamente lamentable” y aseguró que la Unión Europea está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para que la corte siga funcionando. No precisó, sin embargo, si activará el llamado “mecanismo de bloqueo”, que prohibiría a empresas europeas, especialmente bancos, acatar las sanciones estadounidenses.
Los cancilleres de Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca y Países Bajos también cerraron filas en defensa de la “independencia, la imparcialidad y la integridad” del tribunal. Cabe destacar que la CPI tiene 125 Estados miembros, incluidos todos los de la UE y todos los de la OTAN, salvo Estados Unidos y Turquía.
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