:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/etIlZPznoMs4sfYM92ltwCUTDoU=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/DHQKU6PIYJF2ZF5PNE7AMIF5QI.jpg)
Con 70 votos a favor, todos del partido de gobierno Frente Sandinista (FSLN) se aprobó en Nicaragua la ley de ciberdelitos.
Ver más: Los alcances de la ley de ciberdelitos en Nicaragua
“Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en la redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias creando alarma, temor y zozobra, afectando la estabilidad económica, el orden público”, sentenció en el debate el diputado oficialista Emilio López.
¿Qué dice la nueva ley?
El texto señala que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con dos a cuatro años de prisión. Si la “información tergiversada” perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel.
Mientras que las publicaciones que “incitan al odio y la violencia” recibirán de tres a cinco años de prisión.
¿Cuáles son las críticas?
La diputada Azucena Castillo, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está “orientada a la oposición” y “viene a encender el clima de represión” que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.
Ver más: La polémica ley de ciberdelitos en Nicaragua
La ley faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.
¿Por qué piden que la retiren?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado nicaragüense dejar sin efecto la ley especial de ciberdelitos bajo el argumento de que esa norma, junto a la ley de agentes extranjeros, “forman parte de una estrategia desplegada desde 2018 para perseguir a periodistas, a las ONG y atacar libertades públicas en Nicaragua”.
La CIDH observó que la ley de ciberdelitos, aprobada por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional, “establece tipos y ámbitos de aplicación abiertos, dando discrecionalidad a las autoridades para sancionar penalmente la libertad de expresión”.
Acceso a comunicaciones privadas
La ley otorga poder al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para ordenar a cualquier empresa, asociación, medio de comunicación o entidad mantener “congelada” hasta por tres meses la base de datos de sus sistemas informáticos, los cuales estarán accesibles para el personal del ente regulador, la Policía y la Fiscalía que podrán intervenir e incautar los equipos en caso de ciberdelitos.
La ley perseguirá a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas, privadas con servicios al público, así como a bancos, aseguradoras y el resto del sistema financiero.