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Ocho días después de que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores evaluara las posibilidades del país ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 19 de noviembre de 2002, en el que Colombia perdió frente a Nicaragua 75.000 km2 de mar, parece confirmarse la postura del gobierno de Juan Manuel Santos frente a dicha sentencia. Aunque la canciller, María Ángela Holguín, calificó como “traición a la patria” la filtración a la prensa de la supuesta estrategia colombiana frente a Nicaragua debatida en dicha reunión –que comenzaría con decretar la inaplicabilidad del fallo–, unas declaraciones del vicepresidente, Angelino Garzón apuntan en el mismo sentido.
En una intervención en la Universidad Externado de Colombia, el vicepresidente aseguró: “El fallo de la Corte de La Haya es un fallo inaplicable en nuestro país; no se puede aplicar ahora, ni dentro de cinco años, ni dentro de diez años”.
Durante su discurso, el vicepresidente dijo que con el fallo, “los magistrados de La Haya en lugar de ayudar a Colombia a resolver unas diferencias limítrofes con Nicaragua, las agudizaron. Y de paso, agudizaron conflictos limítrofes de Nicaragua con otros países de Centroamérica y del Caribe”.
Garzón insistió en dejar muy claro que el fallo es “inaplicable” incluso en “el hipotético caso de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y su canciller, María Ángela Holguín, quisieran aplicarlo por respeto a la decisión de La Haya”.
Sin embargo, desde Nicaragua aseguran que la sentencia ya se está aplicando y que una decisión por parte del gobierno colombiano argumentando que no se puede ejecutar no tiene sentido. Mauricio Herdocia, el abogado diseñador de la demanda que Nicaragua impuso a Colombia en el diferendo por San Andrés, le explicó a este diario que el fallo ya se está aplicando. “La sentencia de la CIJ se ha venido cumpliendo desde el mismo 19 de noviembre de 2012, lo que pasa es que Colombia ha contratado una serie de firmas de abogados analizando los recursos que el país podría interponer. Pero eso no afecta el cumplimiento del fallo. Al final, todos los recursos que se puedan plantear van a ser resueltos por la CIJ y, según el reglamento de la Corte, mientras un estado está preparando un recurso, la sentencia debe cumplirse, esto no tiene discusión y menos cuando el fallo fue emitido casi que por unanimidad”.
Eric Tremolada, doctor en derecho internacional y relaciones internacionales y profesor de la Universidad Externado, explica que Colombia ya está obligada con el fallo. “No en virtud del fallo mismo, sino desde que se suscribió el pacto de Bogotá; desde que se aceptó públicamente el primer fallo de la Corte en 2007 y , finalmente, desde cuando Álvaro Uribe, en la cumbre de Santo Domingo después del bombardeo de Ecuador, le dijo al presidente nicaragüense Daniel Ortega que iba a respetar el fallo”.
Explica el experto que el “acatamiento” o “inaplicabilidad” no son términos apropiados para un fallo declarativo. “Es un fallo que obliga a que las partes se sienten y manejen acuerdos de explotación del mar, de la pesca, de todo ese mar que pretendíamos que era nuestro, pero que realmente nunca lo fue. Cuando Colombia acepta públicamente el fallo de 2007, es donde empieza a perder pero toma la decisión de la Corte de entonces como un triunfo. Aquí decían que el triunfo era conservar el dominio de San Andrés, pero no decían que la Corte tenía que hacer un nuevo trazado para los otros siete cayos y los límites marítimos”.
Comisión dividida
El gobierno colombiano está en un verdadero laberinto. Ni siquiera los miembros de la Comisión Asesora tienen una opinión unánime frente a las acciones a seguir. El expresidente Ernesto Samper pide al Gobierno acatar el fallo de La Haya: “Yo creo que Colombia debe reconocer ese fallo y luego usar todos los recursos que estén a su alcance para aclarar, aplicar y poner en marcha obligaciones del fallo para negociar con Nicaragua una convivencia sana”, sostuvo.
Entretanto, el expresidente César Gaviria dijo que Alfonso López tuvo siempre el temor de que las cosas llegaran a ese tribunal de justicia y que él creía que había que promover una negociación directa de delimitación con Nicaragua. “Alguna vez le llevé la razón al canciller de Nicaragua diciéndole que Colombia quiere negociar pero allá era muy difícil. Él no tenía la menor duda de que en la corte de La Haya nos iría mal y me lo dijo siempre sin ningún temor”, aseguró Gaviria.
Para Tremolada, las palabras de Angelino Garzón no deben ser consideradas como la posición oficial del gobierno. “Esta es una salida inconsulta del vicepresidente. No creo que sea la posición del gobierno. Además, para efectos internacionales no tiene connotación alguna, porque las declaraciones que obligan son las del presidente o las del canciller. Tiene más bien una connotación política interna”.