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El miedo a ser deportado se ha convertido en una realidad constante para muchos migrantes en Estados Unidos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con una promesa de expulsar al mayor número posible de personas y una política marcada por ofensivas, redadas y detenciones masivas. Sin embargo, hay otro temor que cobra cada vez más fuerza: ser deportado a un tercer país, en algunos casos lejano, con un idioma distinto y bajo condiciones que pueden ser difíciles para quienes llegan allí.
Según Third Country Deportation Watch, la administración de Donald Trump ha creado una red opaca de acuerdos bilaterales, tanto formales como secretos, para enviar a solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes a países con los que no tienen vínculos.
De acuerdo con el proyecto, estos traslados pueden realizarse con poco o ningún aviso previo y con oportunidades limitadas para que las personas expresen sus temores de persecución o tortura. En algunos casos, quienes son enviados a terceros países han enfrentado graves maltratos, como detenciones arbitrarias o incluso el riesgo de ser devueltos a los mismos lugares de los que huyeron.
La mayoría de las personas que son enviadas a estos destinos son solicitantes de asilo y refugiados que, justamente por su condición de peligro, no pueden regresar a su país de origen. Según explica Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, aunque los Estados tienen soberanía para decidir sobre el ingreso y traslado de personas refugiadas, este poder tiene límites establecidos por el derecho internacional.
Uno de ellos es el principio de non-refoulement o no devolución, que impide enviar a una persona a un país donde su vida o libertad puedan estar en riesgo. Esta protección también aplica cuando el destino es un tercer país: Estados Unidos debe garantizar que ese Estado no termine devolviendo a la persona al lugar del que huyó, pues el riesgo persistiría.
Aunque estos traslados están contemplados dentro del derecho internacional, también deben garantizar unas condiciones mínimas de vida, algo que, según distintos testimonios, no siempre se cumple. Tres colombianos contaron a El País que ahora solicitan asilo en España después de haber sido enviados a la República Democrática del Congo. En Kinshasa, relataron que llegaron en calidad de detenidos y que, aunque fueron alojados en un hotel, no podían salir libremente. También denunciaron falta de agua y alimentos.
Los tres aseguran que no pueden regresar a Colombia porque temen por sus vidas tras recibir amenazas de muerte, pero tampoco se sienten seguros en el país al que fueron trasladados, donde no hablan el idioma, desconocen la cultura y llegaron en contra de su voluntad. Sus casos continúan siendo litigados ante las cortes estadounidenses. Los tres colombianos habían recibido en Estados Unidos protección bajo la Convención de la ONU contra la Tortura (CAT), que impedía su expulsión a Colombia, pero no su traslado a un tercer país. Así terminaron en la República Democrática del Congo, en contra de su voluntad.
Sus casos hacen parte de un fenómeno más amplio: entre enero de 2025 y septiembre de 2026, Estados Unidos habría enviado a más de 25.000 personas a terceros países. Según Human Rights First y Refugees International, que monitorean estos traslados a través de Third Country Deportation Watch, Washington ha alcanzado acuerdos con más de 35 países de África, Asia y América. Más de 300 detenidos han sido enviados a 14 países africanos.
El profesor Enrique explica que Estados Unidos debe garantizar que las personas trasladadas a un tercer país no sean torturadas ni devueltas al lugar del que huyeron. También debe considerar que tengan condiciones mínimas para vivir, movilizarse y trabajar, pues, de lo contrario, podrían verse obligadas a regresar a su país de origen.
“Tenemos casos de colombianos que hemos conocido, también de venezolanos. Incluso, al principio, hubo casos de El Salvador. Algunos han ganado. Hay un chico de El Salvador muy conocido que tuvieron que regresar a Estados Unidos. Es algo que seguiremos peleando”, contó Jhon Sánchez, abogado migratorio y CEO de Immigration and Business.
Según el abogado, estas personas llegan a lugares donde nuevamente no se sienten seguras y donde sus condiciones de vida pueden deteriorarse. Explica que, en un primer momento, suelen ser llevadas a hoteles, donde reciben atención y se les permite hacer llamadas. Sin embargo, asegura que esta situación cambia cuando llegan los medios de comunicación: “Las condiciones cambian inmediatamente”. Algunos de los deportados, añade, han denunciado estafas o intentos de agresión.
El abogado señala que, además, se trata de países que enfrentan problemáticas propias y que no necesariamente tienen interés en recibir a estas personas. A su juicio, estos acuerdos funcionan como un intercambio entre Estados: “Tú me das, yo te recibo” con Estados Unidos.
Según el registro de Third Country Deportation Watch, Estados Unidos mantiene acuerdos o arreglos de deportación con países como El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, República Democrática del Congo, Panamá, Costa Rica, México, Guatemala, Honduras, Ecuador y Uganda. Para septiembre de 2026, más de 25.000 personas habían sido enviadas a al menos 29 países mediante estos acuerdos, bajo condiciones que varían según el destino.
El abogado explica que estos convenios existen porque los terceros países también reciben beneficios a cambio de aceptar a personas deportadas desde Estados Unidos. Según señala, los acuerdos pueden incluir reducciones arancelarias, facilidades para otorgar visas u otros intercambios. Añade que Estados Unidos recurre a estos países, entre otras razones, porque enfrenta limitaciones de espacio para detener a personas migrantes en su propio territorio.
La sensación que describen los colombianos entrevistados y los clientes del abogado es de incertidumbre y miedo. De por sí, la captura y detención en Estados Unidos puede generar la percepción de que son criminales o que han cometido alguna ilegalidad. A esto se suma la posibilidad de despertarse un día en otro lugar del mundo que no conocen, a merced de un gobierno que no es el suyo y con una profunda sensación de vulnerabilidad.
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Por Laura Henao Arévalo
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conrado(xybxp)•Hace 11 horasSon vendidos ,porque estos países reciben dinero.