Una reciente movilización ciudadana llevó a una ciudad de Nueva Jersey a abandonar el plan de construir un data center dentro de sus límites, un hecho que se ha convertido en símbolo de un movimiento de resistencia creciente en Estados Unidos.
Montones de escombros cubren un solar baldío en New Brunswick, delimitado por una vía férrea y también por viviendas.
Fue en este antiguo emplazamiento de una fábrica de automóviles donde la firma de inversión Amzak Capital Management proyectó un centro de datos.
Nueve días antes de la votación final del concejo municipal, a mediados de febrero, los residentes se enteraron del proyecto durante una reunión del comité técnico y dieron la voz de alarma.
Un video al respecto se viralizó, se distribuyeron folletos, fundamentalmente en el campus de la Universidad de Rutgers en New Brunswick, y el día de la votación más de 300 personas se presentaron en una sala con capacidad para apenas 80.
“Ya antes de abrir la sesión a las preguntas del público anunciaron que el centro de datos sería eliminado del proyecto”, dijo Ben Dziobek, fundador de la organización ambientalista Climate Revolution Action Network.
Los centros de datos “se están convirtiendo en una parte importante de nuestras economías modernas”, ya que son necesarios para los servicios en línea que se brindan “a empresas, hospitales, universidades y residentes”, declaró a la AFP el alcalde de New Brunswick, James Cahill.
“Pero al mismo tiempo, las comunidades de todo el país debaten cómo integrarlos localmente, considerando su consumo de energía, su impacto ambiental, su superficie ocupada y los beneficios para los residentes”, añadió.
Para Brandon Guillebeaux, residente de larga data de esta comunidad predominantemente hispana, las cifras no cuadraban.
“Si hubiera generado miles de empleos, habría valido la pena”, dijo. “Pero estamos hablando de un puñado” de puestos de trabajo.
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Un precedente en EE. UU. para la IA
C.J., una residente de 23 años que prefirió no dar su nombre, señaló que el data center se habría ubicado en medio de un barrio obrero, lejos de las oficinas, hospitales y edificios universitarios del centro de la ciudad, más acomodado.
“Nos llaman desde todo el país preguntando cómo lo hicieron”, dijo Charlie Kratovil, candidato demócrata a la alcaldía de New Brunswick y activista de la organización ambientalista Food & Water Watch. “Hace apenas un año, esto ni siquiera era un problema”.
La inteligencia artificial generativa (IA) ha incrementado drásticamente la necesidad de centros de datos, y decenas de proyectos están surgiendo en todo Estados Unidos, tanto en zonas rurales como en ciudades.
El desarrollo de infraestructura energética adicional no avanza al mismo ritmo, lo que contribuyó a un aumento de casi 17 % de la factura promedio de electricidad en Nueva Jersey el año pasado, según un informe del Congreso; más que en cualquier otro estado del país.
A principios de marzo, siete importantes empresas de IA se comprometieron con el gobierno federal a compensar su creciente demanda de electricidad mediante inversiones en nueva capacidad.
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Según una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac, el 65 % de los estadounidenses se opone a la idea de construir un data center en su comunidad.
En 2025, Chandler (Arizona) y College Station (Texas) ya habían bloqueado la llegada de un establecimiento de este tipo, aunque sin las repercusiones del caso de New Brunswick.
“Realmente espero que esto siente un precedente”, dice C.J., “demostrando a la gente que si actúa y expresa públicamente su desacuerdo tienen la oportunidad” de detenerlos.
En las próximas semanas, Maine podría convertirse en el primer estado en declarar una moratoria sobre la construcción de estos almacenes que albergan miles, incluso millones de chips electrónicos, la base de internet y la IA.
En Nueva Jersey, el estado con la mayor densidad de población del país, se están considerando numerosos proyectos de ley.
Figuras demócratas como los legisladores Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, piden una paralización total.
“Sabemos que van a llegar”, afirma Ben Dziobek. Pero “queremos estudios de viabilidad para comprender el impacto local y no precipitarnos”, matiza.
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