En el marco del régimen de excepción implementado en El Salvador desde marzo de 2022 por el gobierno del presidente Nayib Bukele, con el respaldo del Congreso dominado por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”, de acuerdo con un documento divulgado este martes.
El informe, presentado en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).
“El informe concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)”, señala el documento que fue leído durante la sesión.
Además, “los casos documentados indican la existencia de una política de actuación policial y militar, conocida y promovida incluso por los más altos mandos del gobierno del presidente Nayib Bukele”.
Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización de Washington (Estados Unidos), apuntó durante la audiencia que “El Salvador ha sido presentado como un ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad. Sin embargo, víctimas, organizaciones de la sociedad civil y periodistas han sufrido en carne propia los altos costos de este publicitado éxito”.
Según dijo, “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, violaciones masivas al debido proceso y actos de tortura se han convertido en prácticas sistemáticas en el país. Hoy muchos salvadoreños han dejado de tener a las pandillas para empezar a temer al propio Estado”.
Crímenes contra la población en El Salvador
En un comunicado compartido por DPLF, la experta Susana SáCouto señaló que “los hechos documentados apuntan a la comisión de crímenes internacionales contra la población civil, entre ellos encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional —incluyendo la detención de niñas, niños y adolescentes—, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos”.
Apuntó que hasta agosto de 2025 “se han documentado 403 muertes bajo custodia estatal, incluidos cuatro niños, y hasta febrero de 2025 se registraron 540 casos de desaparición forzada”.
GIPES recomendó la creación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de una misión internacional de determinación de hechos violatorios de derechos humanos para “asegurar la rendición de cuentas y justicia”.
El informe fue respaldado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), InterJust, el Proyecto de Investigación IMPACTUM y el Programa para el Estudio de los Derechos Humanos en Contexto de la Universidad Ghent (Bélgica).
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