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En un solo trayecto de Transmilenio se suben cuatro venezolanos. El primero es un mago que entre bromas y actos de ilusión se gana la simpatía y las risas de la improvisada audiencia. El segundo intercambia billetes de cien bolívares por algunas monedas mientras explica el desastre económico que vive su país. Los terceros son una pareja, con su bebé en brazos, quienes comercializan algunos chocolates turcos mientras explican que salieron de Venezuela porque no iban a dejar morir a su hijo en un país en el que dos profesionales con títulos de posgrado no pueden hacerse a un tarro de leche o un paquete de pañales. Y finalmente, un joven licenciado en ciencia política hace una breve clase de cinco minutos de introducción a las ideas políticas, con un micrófono de diadema y un pequeño parlante que lleva atado a la cintura.
La llegada de venezolanos es el reto más importante que enfrentará el Estado colombiano en los próximos años. Según Migración Colombia, su número ya llega a los 550.000, pero según algunas de las asociaciones de venezolanos en Colombia puede ser el doble o el triple. El primer reto es saber cuántos son, y dada la naturaleza de la relación colombo-venezolana es muy difícil tener precisión de cuántos venezolanos pueden estar cruzando la frontera.
Es un fenómeno complejo. Muchos venezolanos se ven obligados a pasar ilegalmente por diferentes razones: problemas con sus documentos, no tienen sus papeles al día o simplemente no tienen pasaporte. Durante los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro ha limitado la movilidad internacional y el acceso a los servicios migratorios de la población venezolana, desde la renovación de la cédula de ciudadanía, la cual en Venezuela ocurre cada diez años, la expedición de un pasaporte o la renovación de éste, argumentando falta de papel, e incluso ha llegado a cotejar la actividad en redes sociales para determinar si le permite a un ciudadano acceder a su derecho de movilidad internacional.
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Igualmente, muchos venezolanos evitan el paso legal ante las actitudes criminales de algunos de los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuerpo de seguridad del Estado venezolano encargado del paso en la frontera. Diferentes relatos de la población venezolana en Colombia ilustran cómo la GNB sólo permite pasar con unos montos pequeños de efectivo, 500.000 bolívares, limitan el paso de bienes y enseres, y no dudan en decomisar todo aquello que pueda tener algún valor.
Y quizá una de las razones más importantes por las cuales los venezolanos evitan el registro es el temor a quedar en una lista o base de datos. Durante años, los venezolanos han enfrentado la persecución política y económica, como la Lista Tascón, instrumento de persecución política con el cual Chávez despidió a miles de trabajadores del Estado que habían firmado solicitando su revocatoria de la Presidencia, o el Programa Maisanta, base de datos que cruzaba a todos aquellos identificados como opositores y les negaba cualquier posibilidad de acceder a política social y varios de sus derechos. Pero la persecución llegó incluso a aquellos que no firmaron contra el denominado Decreto Obama, o no se registraron en el Carné de la Patria. Las listas y los registros los ha usado el chavismo durante 19 años para amedrentar a quienes no comparten su visión, limitar las dádivas e incluso medicinas y artículos vitales.
El pueblo venezolano fue durante décadas el receptor de las migraciones europeas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las migraciones latinoamericanas y caribeñas que escapaban de las dictaduras, y la migración colombiana, que se divide entre migración económica, en la década de los 70 y 80, y las víctimas del conflicto armado, que huyeron buscando refugio en los 90 y 2000.
Los venezolanos no son solamente venezolanos, son venezolano-italianos, venezolano-españoles, venezolano-portugueses, pero sobre todo un número importante de ellos son colombo-venezolanos, entre otros, lo que dificulta su identificación: muchos han tenido que recurrir a sus otras nacionalidades ante las trabas a la movilidad internacional.
Una particularidad del reto que enfrenta el Estado colombiano es el retorno de los colombianos que durante décadas hicieron vida en el hermano país, pero que, al igual que todos los ciudadanos venezolanos, han visto cómo sus propiedades, sus pertenencias, sus ahorros, todos sus bienes, quedan supeditados a las leyes de la Revolución, que todo lo relativizan: precios justos, arrendamientos, movimientos de capital, leyes que hacen imposible regresar a Colombia con el fruto del trabajo de años.
Los colombo-venezolanos no son identificados como colombianos por muchos de sus compatriotas, hablan venezolano, tienen hábitos y costumbres de venezolano y les gusta el béisbol. Muchos han regresado reclamando su nacionalidad y la de su familia. Pero se encuentran con una sociedad que no los reconoce como colombianos y que incluso llega a segregarlos. Un país que en el pasado los expulsó ahora los recibe con desdén y mezquindad.
Miles de colombo-venezolanos se encuentran tramitando su nacionalidad colombiana, hijos de colombianos que independientemente de haber nacido en Caracas o en San Cristóbal tienen derecho a ser reconocidos como colombianos, así no hayan vivido un solo día en Colombia. El retorno y la llegada de compatriotas que no esperábamos aumenta la presión sobre la migración venezolana, pero es igualmente indispensable contarlos para poder comprender la dimensión del fenómeno migratorio que vive Colombia.
Es también necesario caracterizar la migración, identificar sus particularidades y sus diferentes requerimientos. No todos los venezolanos son iguales y llegan a nuestro país en las mismas condiciones. Un número importante de ellos cuenta con doble nacionalidad, otros tienen importantes niveles de calificación técnico-profesional, muchos durante años aportaron al desarrollo económico de Venezuela, y también llegan los que se limitaron a vivir de las dádivas que otorgaba el Estado. Vienen de diferentes regiones: andinos, costeños, llaneros, sólo por nombrar las más representativas. Tienen un proceso de mestizaje mayor al colombiano y muchos tienen raíces afrodescendientes. Es una migración diversa. Muchos requerirán ayuda independientemente de su condición de legalidad o ilegalidad en el territorio. Pero se debe ser cuidadoso de las condiciones en que se brinda dicha ayuda, para no terminar promoviendo conductas de dependencia o incentivos a la ilegalidad. La presión que genera la llegada de estos migrantes, sobre todo en los sectores populares, y las molestias que se generan por la destinación de recursos y acceso a la política social complejizan el problema.
La dinámica de la migración venezolana ya supera la de los pueblos árabes y africanos en la cuenca del Mediterráneo. Es necesario generar los instrumentos para dimensionar realmente el reto de la migración. Los datos de Migración Colombia son tangenciales y no reflejan el tamaño real del fenómeno, pues la mayoría de los que se encuentran ilegalmente no son registrados, pero tampoco se puede sobredimensionar. Se requiere saber cómo es el flujo de dicha migración para crear instrumentos más acertados de atención. Durante años se creyó que esta problemática era un asunto de europeos o norteamericanos, pero hoy es una realidad que enfrenta Colombia.
Nota aclaratoria: Ni yo, Ronal Rodríguez, ni el Observatorio de Venezuela, ni la Universidad del Rosario, somos promotores del denominado “Gran Acuerdo Venezuela”. Como parte de mi investigación adelanto labor académica de observación y seguimiento de los diferentes grupos y organizaciones de la oposición venezolana. Lamentablemente, en las últimas semanas han circulado informaciones confusas que me presentan como promotor de dicho acuerdo. Mi acompañamiento y participación en dichos encuentros obedece únicamente a fines académicos y dista de cualquier militancia o activismo político.
* Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario
@ronalfrodriguez