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El Congreso de El Salvador aprobó el miércoles una extensión por 30 días de un régimen de excepción con el que el gobierno de Nayib Bukele combate a las pandillas y deja más de 67.000 presuntos miembros de esos grupos detenidos.
“Prolóngase en todo el territorio nacional el régimen de excepción”, estableció el decreto aprobado por 67 diputados del Congreso unicameral dominado por aliados del mandatario.
La nueva extensión del régimen de excepción, la decimotercera hasta ahora, estará vigente entre el 17 de abril y el 16 de mayo próximo.
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El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, se instauró en respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de 2022.
La medida ha sido cuestionada por diferentes organismos humanitarios por presuntamente violar derechos de las personas.
El pasado 6 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “al Estado de El Salvador a restablecer la plena vigencia de los derechos y garantías suspendidas” por el régimen de excepción.
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“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad”, señaló la CIDH en un comunicado.
Otras organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han sugerido en meses anteriores al gobierno salvadoreño “quitar” el régimen de excepción y reemplazarlo con una “estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”, pero la respuesta ha sido siempre un “no” por parte del presidente Bukele.
Este miércoles, previo a que la extensión del régimen de excepción fuera aprobado por los diputados, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que bajo el régimen de excepción han sido detenidos “más de 67.000″ personas, presuntos pandilleros.
De paso, Villatoro criticó a los organismos humanitarios internacionales que han pedido al gobierno acabar con el régimen de excepción.
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“Son organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos de criminales que atentan contra la sociedad y contra el Estado”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad.
Una encuesta a finales de marzo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), indicó que 85,7 % de los salvadoreños se sienten seguros con el régimen de excepción, que ya lleva más de un año de vigencia.
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