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La pelea entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro y su exministro de Justicia Sergio Moro, quien renunció luego de que el mandatario echara al jefe de la Policía Federal de Brasil, puede tener graves consecuencias para el jefe de estado de Brasil.
Moro demandó esta semana a justicia brasileña que sea divulgado un video en el que quedaría comprobado que el presidente intentó "interferir" política e ilegalmente en la Policía Federal para evitarles problemas a sus tres hijos, así como a varios de sus amigos y allegados.
El video en cuestión es de una reunión de Bolsonaro con un grupo de ministros, fue grabado en la sede de la Presidencia y analizado este martes en el marco de una investigación que intenta determinar si el mandatario incurrió en algún delito, como ha insinuado Moro, quien renunció al Gobierno el pasado 22 de abril por esas supuestas "interferencias".
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Según el abogado Rodrigo Sánchez Rios, que representa a Moro, el material "confirma integralmente" las sospechas volcadas por el exjuez de la operación Lava Jato en relación a Bolsonaro, por lo que "es de extrema relevancia" que su contenido, hasta ahora bajo secreto de sumario, sea divulgado.
En la grabación, dice la defensa, un Bolsonaro especialmente irritado y al borde del descontrol exigió el cese inmediato de Mauricio Valeixo, entonces director general de la Policía Federal y dijo que no permitiría bajo ninguna circunstancia que “jodan a mis hijos y a gente mía”. Con eso abrió espacio para ser enjuiciado por haber incurrido en al menos cuatro delitos previstos por el Código Penal brasileño.
En el momento de presentar su renuncia, Moro denunció públicamente que la decisión de Bolsonaro relevar al director de la Policía Federal, organismo autónomo subordinado al Poder Judicial, tenía la clara intención de controlar investigaciones que cercaban a su familia y a sus aliados políticos.
Las insinuaciones de Moro, figura muy popular en su país por su labor al frente de la investigación Lava Jato, llevaron a la Fiscalía General a abrir una investigación sobre la conducta del mandatario, que se adelanta bajo la supervisión del decano de la Corte Suprema, Celso de Mello.
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Si la Fiscalía concluye que Bolsonaro ejerció presiones políticas ilegales, debería presentar una denuncia formal al Tribunal Supremo Federal de Brasil (TSF), que a su vez debería pedir autorización a la Cámara de Diputados para iniciar el proceso correspondiente.
En ese extremo, si se aceptara una eventual denuncia, Bolsonaro sería separado del cargo durante los 180 días que duraría el juicio y sustituido por el vicepresidente Hamilton Mourao, quien concluiría el mandato que vence el 1 de enero de 2023, si el gobernante fuera hallado culpable.
Estas tensiones se producen en plena crisis sanitaria mundial por la pandemia de coronavirus, con fuertes críticas hacia la forma en que Bolsonaro ha manejado la situación en su país. La evaluación negativa de su gobierno ha registrado aumentos significativos desde enero, según una encuesta de opinión publicada este martes.
La desaprobación del mandatario de ultraderecha subió de 47% a 55,4%, en tanto que su índice de aprobación cayó de 47,8% a 39,2%, según la encuesta telefónica realizada a 2.002 personas del 7 al 10 de mayo, por el instituto MDA para la Confederación Nacional de Transportes (CNT).
Por redacción internacional
