Atender las demandas sociales en un país profundamente desigual, combatir al crimen que, al igual que en el resto de América Latina, ocupa los primeros lugares en la lista de las preocupaciones ciudadanas, pero, sobre todo, empezar a restablecer la legitimidad perdida de la institucionalidad, se perfilan como algunos de los principales desafíos en el Palacio de Gobierno de Perú durante los próximos cinco años.
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Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, pasaron a segunda vuelta tras esperar durante cinco semanas los resultados oficiales de la primera ronda. La primera, de 51 años, administradora de formación e hija del autócrata Alberto Fujimori que por cuarta vez aspira a la presidencia, obtuvo en esa ronda 17,1 % de los votos, frente al 12 % del candidato de la izquierda, congresista de 57 años y considerado el heredero del destituido y encarcelado Pedro Castillo.
El balotaje, llevado a cabo el domingo, en un sistema electoral en entredicho y hasta con reclamos de fraude por parte del candidato que quedó en tercer lugar (Rafael López Aliaga, con 11,9 %), se anticipaba reñido. Según las últimas encuestas, publicadas antes de los cierres de campaña, se preveía un empate técnico, con cerca del 38 % y 35 % para Fujimori y Sánchez, respectivamente.
En una jornada relativamente tranquila, 27 millones de electores estuvieron llamados a las urnas. Al inicio del fin de semana, la justicia, no obstante, decidió enviar a juicio a Sánchez por presunta declaración falsa en el financiamiento de su partido hace seis años.
“El ganador de la segunda vuelta va a heredar un sistema político con altos grados de fragmentación y polarización, y unas instituciones políticas con bajísimos niveles de legitimidad”, observó Cynthia Arnson, profesora adjunta de la Universidad Johns Hopkins, experta en relaciones internacionales y política latinoamericana. “El nuevo presidente enfrentará un sistema donde los procesos de destitución han vuelto a ser la regla”.
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En eso coincide Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. El de Perú, dice, “es el presidente más débil en la región, siempre sometido a los intentos de vacancia, con récord en la región en cuanto a procesos destituyentes”.
Durante la última década, Perú ha tenido prácticamente un mandatario por año. Esto, derivado de la facultad que, por la Constitución, tiene el Congreso para destituir presidentes argumentando “incapacidad moral permanente”. El próximo 28 de julio, no obstante, el nuevo presidente o presidenta del Perú tomará juramento ante un Congreso que, después de casi 30 años, ha vuelto a ser bicameral, producto de una reforma. Según un sondeo de Ipsos citado por la AFP, un 87 % de los peruanos desaprueban al parlamento. “Desde 2020, la Fiscalía acumuló denuncias contra 67 congresistas por presuntamente unos 700 delitos, la mayoría por corrupción”, destaca la agencia.
Como le dijo Paulo Vilca, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a la AFP, este parlamento tendrá más poder, si bien se “hace más complejo” sacar a un gobernante: se requieren los votos de al menos dos tercios de ambas cámaras: 40 senadores (de 60) y 87 diputados (de 130).
González anota que el enorme reto será lograr una estabilidad presidencial sin que eso implique concentrar el poder. Aunque ninguno de los partidos cuenta con la mayoría, “Fujimori llegó con una especie de oportunidad para sostener una coalición legislativa sólida que impida ese tipo de procesos. En el caso de Sánchez no era tan claro, porque su bancada es minoritaria”.
El docente resalta la economía como otro de los desafíos de primer orden, principalmente la redistribución de la riqueza, proveniente en buena medida de la minería. Si bien Perú figura entre los países que más crecen (con un 3,4 % de aumento del PIB en 2025), quien ejerza la jefatura de Estado debe “reconciliar el crecimiento económico con altas tasas de informalidad (de casi 70 %) y pobreza (de casi 26 % en términos monetarios)”, afirma González.
Al respecto, Arnson prevé que el futuro de la economía puede tomar rumbos muy distintos en cada caso. “Fujimori probablemente mantendrá el modelo económico, basado en la exportación de materias primas y productos agrícolas, para mantener la confianza del sector privado, algo que difícilmente lograría Sánchez”.
Finalmente, está el espinoso asunto de la seguridad, que, según análisis como el de Insight Crime, precisamente se ha visto afectado por la falta de estabilidad política: la falta de continuidad impide tener una estrategia sostenida, un vacío que es aprovechado por el crimen organizado. Para González, el desafío está en atajar esta situación respetando los derechos humanos. Recuperar dicha legitimidad urge tras el historial de abusos de gobiernos como el de Dina Boluarte, manchado por escándalos de corrupción y cuya represión a las manifestaciones sociales dejó decenas de muertos.
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