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La justicia boliviana dispuso este domingo prisión preventiva para el exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros funcionarios sanitarios por supuestos sobrecostos en la compra de ventiladores españoles para pacientes con coronavirus. "El juez ha determinado la detención preventiva para Marcelo Navajas, Geovanni Pacheco, Fernando Valenzuela y Luis Fernando Humerez en el penal de San Pedro", informó el fiscal Ruddy Terrazas.
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Navajas estará detenido por tres meses, mientras que los demás imputados, por un lapso de seis. Tras una audiencia que se prolongó por casi 12 horas y concluyó en la madrugada del domingo, el juez decidió también el arresto domiciliario de dos funcionarias del Ministerio de Salud que tuvieron relación con esta compra.
El exministro fue destituido el miércoles pasado por la presidenta Jeanine Áñez. La decisión la tomó la primer mandataria tras revelarse que los 170 ventiladores adquiridos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus no eran adecuados para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos.
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Además, habría sobrecostos. Informes posteriores indicaron que por estos equipos de manufactura española se había pagado un sobreprecio, al haber sido adquiridos a un precio unitario de 27.683 dólares, cuando otras empresas los ofrecían por entre 9.500 y 11.000 euros (10.312 a 11.941 dólares).
En la evaluación del caso, ha dicho la fiscalía boliviana, se tomaron en cuenta las cartas que cruzó el Ministerio de Salud y la agencia de compras y contrataciones de ese despacho. El exministro "ha autorizado este proceso", sostuvo el fiscal.
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"Quiero reiterar mi total inocencia. Decirles que estoy dolido, pero no vencido, y que voy a seguir peleando para demostrar que se ha cometido una injusticia conmigo", dijo el exministro en un mensaje grabado que se difundió horas después de que fuera ordenada su prisión preventiva. Por su parte, Rosario Canedo, su abogada, alertó que su defendido padece de una enfermedad cardíaca grave y que su estadía en prisión representa un riesgo para su vida.
Este escándalo se registra en medio de una expansión del COVID-19 en Bolivia que hasta la fecha ha contagiado a cerca de 5.915 personas y provocado unos 240 decesos. El miércoles, tras la destitución de Navajas, las oficinas del área jurídica fueron precintadas, tras confiscarse documentación, además de investigarse si hubo participación de diplomáticos de Bolivia en España y de pedir información al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia la compra con unos cinco millones de dólares.