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El ministro de Seguridad Social de Brasil, Carlos Lupi, renunció el viernes al cargo, salpicado por una trama de corrupción descubierta en su despacho, mediante la cual fue desviado el equivalente a 1.125 millones de dólares de las cuentas de unos cuatro millones de pensionados.
Aunque Lupi no ha sido involucrado directamente en el asunto, el escándalo desatado por el fraude sufrido por los pensionados hizo casi imposible su permanencia en el cargo y el ministro presentó su dimisión, inmediatamente aceptada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó el Gobierno en una nota oficial.
Lupi, de 68 años, pertenece al Partido Democrático Laborista (PDT por sus siglas en portugués), que es un antiguo aliado de Lula y de su Partido de los Trabajadores (PT).
Según la nota en la que se informó sobre la renuncia de Lupi, el Gobierno anunció que será sustituido por Wolney Queiroz, también del PDT y quien hasta ahora se desempeñaba como viceministro.
De acuerdo con una investigación revelada por la Policía Federal el pasado 23 de abril, fueron detectados desvíos por 6.300 millones de reales (1.125 millones de dólares) de las cuentas de jubilados y pensionados entre 2019 y 2024.
El dinero era descontado de las nóminas mediante diversos métodos, que incluían hasta el pago de créditos no solicitados, y era desviado a través de empresas u organismos que tenían convenios con la Seguridad Social para ofrecer a los jubilados ventajas o descuentos en algunos servicios.
Cuando se informó sobre el asunto, el Gobierno separó de su cargo al entonces director de Seguridad Social, Alessandro Stefanutto, que unos días después fue destituido.
Lo mismo ocurrió con otros seis directivos de la Seguridad Social investigados y fueron destituidos, al igual que Stefanutto, quien trabajaba desde hace dos décadas en el organismo y asumió su puesto en 2023.
La Policía Federal informó de que la investigación comenzó sobre la base de unas 130.000 denuncias de jubilados que tuvieron fondos sustraídos de forma irregular de sus cuentas, pero las autoridades sospechan que el número de víctimas del fraude puede ser mayor y hasta superar los cuatro millones.
El mismo viernes, el Gobierno realizó una serie de reuniones en las que fueron discutidas diversas posibilidades para devolver a los jubilados y pensionados el dinero que les fue robado, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el asunto.
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