14 Jul 2020 - 4:31 p. m.

Estados Unidos lleva a cabo la primera ejecución federal en 17 años

A Daniel Lewis Lee, quien fue declarado culpable de matar a una familia de Arkansas, se le aplicó la inyección letal en la madrugada del martes. Una minoría de países aplica la pena de muerte en el mundo.
Activistas contra la pena de muerte de Journey of Hope y de Pax Christi Internacional se manifiestan frente al  Departamento de Justicia de los Estados Unidos para pedirles que detengan las sentencias de muerte.
Activistas contra la pena de muerte de Journey of Hope y de Pax Christi Internacional se manifiestan frente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para pedirles que detengan las sentencias de muerte.

Un supremacista blanco arrepentido que fue condenado a muerte por el asesinato de una familia de tres personas fue ejecutado este martes, en la primera aplicación de la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos luego de 17 años.

"Daniel Lewis Lee fue ejecutado utilizando la inyección letal", informó la prisión de la localidad de Terre Haute, en Indiana, donde estaba el condenado.

Lee, de 47 años y quien era un supremacista blanco que después renunció a estas creencias, fue condenado a la pena capital por el asesinato de una niña y sus padres en 1996 en medio de un robo para obtener fondos para la "República de los Pueblos Arios".

La pareja asesinada tenía un importante arsenal en su casa y las autoridades calcularon que en el robo Lee obtuvo cerca de 80.000 dólares.

En sus últimas palabras, Lee proclamó su inocencia, según un periódico local que estuvo en la ejecución, criticando al sistema de justicia por ignorar evidencia.

"Están matando a un hombre inocente", dijo Lee, según el diario The Indianapolis Star.

La abogada de Lee, Ruth Friedman, denunció en un comunicado el "vergonzoso" proceso que llevó a la muerte del condenado y dijo que su cliente estuvo esperando cuatro horas en la camilla antes de ser ejecutado.

Lee, originario de Yukon (Oklahoma), fue condenado en Arkansas en 1999 y pasó 20 años en el corredor de la muerte.

La ejecución estaba prevista para el lunes, pero la jueza de distrito Tanya Chutkan ordenó suspender la sentencia horas antes para permitir impugnaciones a los protocolos de la inyección letal, que se aplicaría a ese y a otros tres condenados a muerte por delitos federales.

El Departamento de Justicia apeló inmediatamente la sentencia de Chutkan y la Corte Suprema le dio la razón este martes de madrugada.

Otra ejecución prevista para el miércoles

La Corte Suprema estimó que Lee y los otros detenidos "no han hecho lo necesario que justifique una intervención en el último momento de un tribunal federal".

El próximo condenado a muerte, Wesley Purkey, de 68 años, será ejecutado el miércoles, también en Terre Haute.

Earlene Peterson, cuya hija y nieta fueron asesinadas por Lee, había pedido clemencia al presidente Donald Trump pero el mandatario ignoró su petición.

Los familiares de las víctimas también solicitaron postergar la ejecución debido a la pandemia de coronavirus, hasta que pudieran viajar con seguridad para presenciar el procedimiento.

Alegaron que debían afrontar una "elección imposible" entre su derecho a asistir a la ejecución y el respeto por su salud, en el país del mundo con más fallecidos por el coronavirus, con más de 135.615 muertos. Pero finalmente el procedimiento siguió su curso.

El gobierno de Trump, que defiende penas más duras para los criminales, anunció en julio de 2019 que la administración federal iba a volver a usar la pena capital, poniendo fin a una moratoria informal que estaba en vigor desde 2003.

La moratoria se sostuvo debido a los debates sobre los métodos de ejecución y a controversias sobre las drogas utilizadas, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, el demócrata Barack Obama.

Entonces, el fiscal general, Bill Barr ordenó que se ejecutara el procedimiento mediante una sola inyección legal del fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.

En Estados Unidos, la mayoría de los delitos se juzgan a nivel estatal, pero la justicia federal puede ocuparse de los crímenes más graves (ataques “terroristas”, crímenes racistas) o cometidos en bases militares.

El apoyo a la pena de muerte se ha erosionado entre los estadounidenses, según las encuestas, pero sigue siendo fuerte entre los votantes republicanos, 77% de los cuales está a favor de ese castigo para los asesinos.

Solo una minoría de países aplica la pena de muerte

A fines de 2019, Amnistía Internacional contabilizaba 142 países abolicionistas, de derecho o 'de facto', o sea, en este caso aquellos que no realizaron ejecuciones en la última década, lo que equivale a casi las tres cuartas partes.

Entre estos, 106 han abolido la pena capital por ley, incluyendo todos los delitos, según la oenegé defensora de los derechos humanos. Casi la mitad se encuentran en Europa y Asia central.

Barbados suprimió la pena de muerte en su Constitución. En Estados Unidos, el gobernador de California, estado que cuenta con el mayor número de presos condenados a muerte, instauró una moratoria oficial para las ejecuciones, y New Hampshire se convirtió en el 21º estado en abolir la pena máxima para todo tipo de delitos.

De acuerdo al informe de AI, se han tomado medidas o realizados anuncios que podrían desembocar en la abolición de la pena de muerte en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kenia, República Centroafricana y Zimbabue.

En 2019, se contabilizaron al menos 657 ejecuciones en veinte países, o sea, una disminución del 5% respecto a 2018. Esta cifra, la menor en una década, no obstante, excluye a los miles de ejecuciones que según Amnistía probablemente tuvieron lugar en China, país donde estos datos están clasificados como secreto de Estado.

Por primera vez desde hace casi diez años, la región Asia-Pacífico ha registrado una disminución del número de países que practican ejecuciones (siete en 2019). La pena de muerte no se ha aplicado en Afganistán, Taiwán y Tailandia, y Malasia ha mantenido una moratoria oficial impuesta desde julio de 2018.

El número de ejecutados en la región (29) muestra una pequeña disminución, atribuible a una merma de penas capitales en Japón y Singapur. Al igual que en años anteriores, este balance regional no incluye a China, Corea del Norte y Vietnam.

En Oriente Medio y norte de África, en cambio, la cifra de ejecuciones aumentó en un 16% durante 2019, hasta 579, contrariando la tendencia a la baja constatada desde 2015. Este incremento es debido en gran medida al aumento considerable de ejecuciones en Irak (al menos 100) y Arabia Saudita (184).

En África subsahariana, cuatro países practicaron 25 ejecuciones: Botsuana, Somalia, Sudán y Sudán del Sur.

Por undécimo año consecutivo, Estados Unidos ha sido el único país en el continente americano que ha ejecutado presos. Sin embargo, en 2019 las ejecuciones y sentencias de muerte disminuyeron de 25 a 22, y de 45 a 35 respecto a 2018. Más del 40% de las ejecuciones tuvieron lugar en el estado de Texas. En Bielorrusia, único país de Asia central que aún aplica la pena capital, en 2019 hubo dos ejecuciones.

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