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Según informaron fuentes oficiales a medios estadounidenses, el secretario de Estado, Mike Pompeo, rubricó la evaluación sobre la violación por parte de Rusia del derecho internacional tras el supuesto envenenamiento del exespía ruso, Sergei Skripal, y su hija el pasado mes de marzo en Gran Bretaña, en el que se utilizó un agente químico llamado novichok.
Aunque EE.UU. se unió a varios países europeos para culpar públicamente a Moscú pocos días después del ataque, la Administración del presidente norteamericano, Donald Trump, nunca emitió la determinación formal que desencadenaría sanciones automáticas en virtud de una ley estadounidense contra el uso de armas químicas.
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La medida llega con cinco meses de retraso desde que ocurrió el suceso y en medio de las acusaciones de Trump al fiscal especial Robert Mueller, quien lidera la investigación federal sobre la llamada trama rusa, por la presunta injerencia del Kremlin en las elecciones presidenciales de 2016.
Mueller también investiga la posible coordinación de la campaña de Trump con el Kremlin para perjudicar a la entonces aspirante presidencial demócrata, Hillary Clinton, algo que el multimillonario ha calificado de "caza de brujas".
La imposición de sanciones, cuyos detalles aún se desconocen, refuerzan el discurso del Gobierno estadounidense sobre su relación con Moscú, en el que alega que, pese a que una buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, beneficia al país, a EE.UU. no le tiembla la mano contra el Kremlin si es necesario.
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No obstante, las sanciones contra Rusia llegan tras meses de presión por parte del Congreso, tanto del bando republicano como demócrata, ya que la imposición de sanciones bajo esta ley tenía un plazo límite de aplicación que estaba a punto de concluir.
El exagente ruso Serguéi Skripal, de 67 años, y su hija Yulia, resultaron envenenados el pasado 4 de marzo en Salisbury (Reino Unido), en un ataque que, según el Gobierno británico, fue orquestado directamente por Putin.
Rusia ha negado en todo momento su implicación en el caso, mientras que los aliados del Reino Unido han apoyado la tesis del Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May.
El suceso ha disparado las tensiones entre los dos territorios, con la expulsión de cientos de diplomáticos y continuos cruces de acusaciones, mientras que esta semana se reveló que Londres planea solicitar a Rusia la extradición de los dos presuntos autores del envenenamiento, descubiertos por Scotland Yard.