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La familia de Alejandro Carranza Medina, el colombiano que fue asesinado en uno de los bombardeos de Estados Unidos contra embarcaciones en altamar, presentó su caso este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como resalta The Guardian, que tuvo acceso al escrito de la denuncia, se trata de la queja formal en relación con los ataques aéreos que Estados Unidos ha venido llevando a cabo en el Caribe y el Pacífico desde septiembre pasado.
Carranza, de 42 años, fue asesinado en los primeros bombardeos, el 15 de septiembre. Su familia asegura que era un pescador que había salido a trabajar.
Justo este martes, la CIDH se pronunció sobre los ataques de Estados Unidos expresando “su profunda preocupación por los informes sobre operativos letales contra embarcaciones no estatales realizados por Estados Unidos en el mar Caribe y el océano Pacífico Oriental desde principios de septiembre de 2025, que presuntamente han causado la muerte de un gran número de personas”.
En un comunicado instó a ese país “a garantizar que todos los operativos de seguridad, incluidos los realizados fuera de sus fronteras, sean compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular en lo que respecta a la protección del derecho a la vida, el uso de la fuerza, las garantías del debido proceso y los mecanismos de rendición de cuentas”.
La denuncia de la familia colombiana, según el medio británico, fue presentada por el abogado de derechos humanos Dan Kovalik, radicado en Pittsburgh. Kovalik es el mismo jurista que asumió el caso del presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la lista OFAC, más conocida como Lista Clinton, en octubre pasado.
De acuerdo con The Guardian, Kovalik identifica al secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, como autor del asesinato de Carranza.
“Por numerosos informes periodísticos, sabemos que Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos sus ocupantes. El secretario Hegseth ha admitido que dio dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados y ejecuciones extrajudiciales”, dice la denuncia citada por el medio británico.
El Pentágono y la Casa Blanca, no obstante, han insistido en que, a partir de información de inteligencia, tienen certeza de quiénes son, para quiénes trabajan y qué llevan las personas que han calificado como “narcoterroristas”, así como sus orígenes y lugares de destino.
Hegseth ha estado en el centro de la polémica tras un informe de The Washington Post según el cual militares bajo sus órdenes volvieron a atacar una lancha para asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. Legisladores de Estados Unidos han pedido investigar si esto se trató de un crimen de guerra.
En una sesión informativa este martes, la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, repudió el informe del Post, que calificó de “fake news”. Según ella, el responsable de la decisión de atacar por segunda vez fue el almirante Frank Bradley, quien cuenta con todo el respaldo del secretario Hegseth, añadió Wilson.
La vocera confirmó que el Departamento de Guerra ha liderado 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, ataques que han matado a un total de 82 personas.
Consultada por el tipo de drogas que supuestamente han llevado estas embarcaciones, Wilson no dio detalles, pero insistió en que el Departamento sabe quiénes son estas personas y que atacar las embarcaciones es un acto de defensa que “salva la vida de 25.000 estadounidenses”, en clara referencia al número de ciudadanos que anualmente mueren por sobredosis de fentanilo.
En el marco de la que defiende como una lucha contra el narcotráfico, Washington ha desplegado en el Caribe cerca del 20 % de su flota naval, incluyendo el portaaviones más potente del mundo.
Sin embargo, la falta de evidencia de las acusaciones y la ausencia de un debido proceso contra los señalados “narcoterroristas” han llevado a distintas voces, incluida la de Naciones Unidas, a calificar estas acciones como ejecuciones extrajudiciales.
Las autoridades venezolanas sostienen que el objetivo de esta presión militar es el derrocamiento de Nicolás Maduro, por cuya captura Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 50 millones.
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