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Familiares de las víctimas del tiroteo de 2022 en una escuela en Uvalde, en el estado de Texas, en el cual murieron 19 alumnos, dos profesoras y el atacante, recibirán una indemnización de dos millones de dólares, lo cual no bloquea su plan de demandar a los agentes por demorar en neutralizar la acción.
“Este es un rayo de luz en todo un proceso de curación (...) La ciudad de Uvalde acordó pagar 2 millones de dólares” en el marco de un acuerdo logrado por un “proceso de justicia restaurativa” al que los familiares llegaron con las autoridades de esa localidad del sur de Estados Unidos, explicó este miércoles en conferencia de prensa el representante de los deudos, Josh Koskoff.
El 24 de mayo de 2022, un joven apenas mayor de edad, irrumpió sorpresivamente en la escuela primaria Robb de Uvalde, armado con un rifle de asalto. En la incursión asesinó a 19 niños de entre 9 y 10 años, y a dos docentes de 44 y 48 años, antes de ser ultimado por las fuerzas del 77 minutos después en el aula donde se había refugiado.
El acuerdo alcanzado también implica mejorar el entrenamiento policial para casos similares y la instauración del 24 de mayo como Día del Recuerdo por la tragedia. También levantarán un monumento de tributo y apoyarán asistencia sicológica para familiares y sobrevivientes.
Pese a ello, Koskoff anunció que los familiares demandarán a 92 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas, por reaccionar tardíamente ante la emergencia, así como a las autoridades escolares. También, se proyecta una posterior demanda contra el gobierno federal.
Un informe del Departamento de Justicia estadounidense consideró un “fracaso” el accionar de los agentes, pero no estableció responsabilidades penales. Otra investigación pagada por la ciudad de Uvalde tampoco encontró delitos.
“Durante dos largos años hemos languidecido en el dolor y sin ninguna rendición de cuentas por parte de las fuerzas del orden y los agentes que permitieron que nuestras familias fueran destruidas ese día”, declaró Verónica Luevanos, quien perdió a su hija Jailah y su sobrino Jayce, ambos de 10 años.
Para ella, si bien el acuerdo con Uvalde “refleja un primer esfuerzo de buena fe para comenzar a reconstruir la confianza en los sistemas que no lograron protegernos”, también “casi 100 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas aún no han afrontado ni una pizca de responsabilidad por acobardarse mientras mi hija y mi sobrino morían desangrados en su aula”.
Los tiroteos en escuelas son algo habitual en un país donde casi un tercio de los adultos posee un arma de fuego y las regulaciones para su compra son laxas. Los grupos de presión de las armas son muy influyentes en Estados Unidos y la justicia invoca el derecho constitucional a portarlas.
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