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El grito de “Ni Una Menos” resonó en las calles de Buenos Aires este miércoles, cuando miles de mujeres marcharon tras los recientes feminicidios ocurridos en el país, en el marco del undécimo aniversario del movimiento.
La convocatoria principal se realizó frente al Congreso de la Nación y estuvo marcada por la conmoción generada por los feminicidios de Agostina Vega, de 14 años en Córdoba; Dulce María Beatriz Candia, de 17 en Misiones; y Noelia Carolina Romero, de 30 en Temperley.
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La jornada se desarrolló en un contexto alarmante, en el que organizaciones denunciaron que en Argentina una mujer es víctima de femicidio cada 31 horas, mientras aumentan las alertas por el retroceso de políticas públicas de prevención y atención a la violencia de género.
Las mujeres feministas que asistieron a la marcha expresaron su profundo dolor y preocupación por la situación de inseguridad que enfrentan las mujeres. Muchas recorrieron la capital para exigir justicia por el caso de Agostina, que ha conmocionado al país.
Según reportes periodísticos de medios locales, Agostina fue vista por última vez cuando ingresó a una vivienda particular. Días después, su cuerpo fue hallado en un terreno baldío. La investigación se centra en un posible caso de abuso sexual y homicidio, y ya hay un sospechoso detenido.
A pesar de que ha pasado más de una década desde la creación del movimiento “Ni Una Menos”, las convocatorias siguen siendo masivas, lo que evidencia que la violencia contra las mujeres no ha disminuido de forma significativa y que continúa siendo una causa que moviliza a miles de mujeres que exigen una vida más segura, con mayores garantías y en libertad.
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Ni Una Menos surgió en Argentina en 2015 a raíz del femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Santa Fe. El caso generó una fuerte reacción social que movilizó a miles de personas frente al Congreso y en distintas ciudades del país.
Las organizaciones que participaron en la movilización exigieron la implementación de políticas públicas sostenidas para prevenir la violencia de género y garantizar la protección de las mujeres en situación de riesgo.
Entre sus principales demandas estuvieron el aumento del presupuesto destinado a programas de asistencia, el fortalecimiento de las líneas de atención, la ampliación de refugios, así como el acceso a acompañamiento jurídico, atención psicológica y la activación de protocolos de búsqueda inmediata.
El presidente Javier Milei ha sido fuertemente crítico con la figura del femicidio y ha impulsado un desmantelamiento de las políticas de género en su gobierno. Sostiene una postura centrada en la igualdad ante la ley, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que estas medidas debilitan la protección de las mujeres y reducen la capacidad del Estado para prevenir la violencia de género.
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En este contexto, su administración ha eliminado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que brindaba asistencia a víctimas. Además, la Línea 144 fue degradada en su jerarquía y sufrió una reducción significativa de presupuesto, mientras que el presupuesto 2026 contempla un recorte del 89% en políticas de género y asistencia.
Tras la movilización, las organizaciones feministas expresaron su expectativa de que el caso de Agostina Vega avance en el proceso judicial y de que las autoridades respondan a las demandas planteadas durante la jornada.
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Por Laura Henao Arévalo
