La Universidad de Harvard se manifestó el lunes ante una corte federal de Estados Unidos para sostener que el gobierno de Donald Trump recortó de forma ilegal USD$2,6 millones, los cuales estaban destinados a la institución educativa.
En su demanda, la universidad acusó a la administración del republicano de emprender una campaña de represalias, luego de que Harvard rechazara una serie de exigencias contenidas en una carta enviada el 11 de abril por un grupo federal encargado de combatir el antisemitismo.
Según la institución, los recortes —implementados hace unos meses— obligaron a suspender múltiples proyectos de investigación. Harvard sostuvo que se trató de una medida motivada políticamente, cuyo objetivo era presionar a la universidad para que adoptara políticas federales sobre conducta estudiantil, admisiones, antisemitismo y diversidad.
Harvard es la primera universidad en Estados Unidos que lleva a los tribunales una disputa presupuestaria contra el gobierno de Trump. Si la corte falla a su favor, podrían reanudarse investigaciones científicas, médicas y académicas que fueron paralizadas por la falta de fondos federales.
Esta audiencia marcó la primera vez que se escucharon formalmente los argumentos de la universidad, aunque el fallo se conocerá por escrito en una fecha posterior.
A la par, la institución educativa también mantiene una demanda adicional contra el Gobierno estadounidense por haber revocado su elegibilidad para recibir estudiantes internacionales.
La magistrada Allison Burrough, quien lleva los dos casos presentados por la universidad contra el Ejecutivo de Trump, emitió una orden judicial en junio que le impide al Gobierno prohibir la entrada de estudiantes extranjeros a Harvard.
El presidente Donald Trump se manifestó en contra de esta decisión en un comunicado emitido por la Casa Blanca, en el cual aseguró que su prioridad es “salvaguardar la seguridad nacional”y aseguró que Harvard ha “demostrado un historial de vínculos extranjeros preocupantes y de radicalismo”.
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Durante la audiencia del lunes, el abogado de la administración central, Michael Velchik, defendió la legalidad de los recortes y señaló que el Gobierno tiene autoridad para cancelar subsidios si una institución no cumple con las directrices presidenciales. También argumentó que los episodios ocurridos en Harvard violaron la orden ejecutiva de Trump sobre antisemitismo.
Ante estas acusaciones, el presidente de Harvard, Alan Garber, reafirmó su compromiso con la lucha contra el antisemitismo, pero advirtió que ningún Gobierno “debería dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden desarrollar”.
En los documentos presentados ante la corte, Harvard también cuestionó el enfoque del Gobierno: “No explica cómo la cancelación de fondos para investigaciones sobre el tratamiento del cáncer, el apoyo a veteranos y la mejora de la seguridad nacional contribuye a combatir el antisemitismo”.
Por su parte, la administración Trump negó que los recortes hayan sido una represalia, y sostuvo que las ayudas económicas por parte del Gobierno ya estaban bajo revisión antes del envío de la carta en abril. Según el Ejecutivo federal, este tipo de decisiones entran dentro de su amplia discrecionalidad para cancelar contratos por razones de política pública.
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Mientras los casos judiciales siguen su curso, se ha informado que Harvard y el Gobierno también están negociando un posible acuerdo extrajudicial que podría resolver el conflicto fuera de los tribunales.
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