La organización Human Rights Watch documentó ataques y torturas contra civiles durante una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Ecuador en el país suramericano, dentro de un marco de estrecha cooperación de seguridad que se ha tornado “peligrosa”, denunció la ONG en un informe publicado este martes.
“La relación de seguridad entre ambos países se está intensificando en un momento en que los dos gobiernos han incurrido en graves violaciones de los derechos humanos, impulsadas por su insistencia en plantear sus enfrentamientos con grupos de crimen organizado como si se tratara de una guerra”, indicó la investigación.
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El estudio está basado en 62 entrevistas con víctimas, abogados, testigos y otras personas, y en el análisis de imágenes satelitales, datos de monitoreo de embarcaciones y detección de incendios, documentos judiciales, historias clínicas y más de 100 fotografías y videos.
En el informe se analizan cuatro casos que, “o bien implican directamente la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador, o plantean interrogantes sobre responsabilidades que ninguno de los dos gobiernos ha aclarado adecuadamente”, advirtió Human Rights Watch.
Estos incidentes incluyen una operación en la localidad de San Martín, en la frontera con Colombia, entre el 1 y el 6 de marzo pasados, presentada como un exitoso ataque contra narcotraficantes (según la versión oficial), cuestionada en Estados Unidos por legisladores demócratas e investigaciones de The New York Times.
“Aunque ni Estados Unidos ni Ecuador han detallado el papel específico de sus fuerzas en la operación, Human Rights Watch concluyó que fuerzas ecuatorianas detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores agrícolas colombianos, incendiaron tres propiedades que aparentemente no tenían vínculo con grupos de delincuencia organizada y, posteriormente, atacaron dos de esas propiedades con municiones lanzadas desde el aire”, señaló el texto.
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Ataques a pesqueros en las costas de Ecuador
El resto de los incidentes tiene que ver con la desaparición en enero del barco pesquero ecuatoriano Fiorella y buena parte de su tripulación, y ataques con drones de origen desconocido en marzo contra los navíos pesqueros La Negra Francisca Duarte II y Don Maca, todo frente a las costas de las islas Galápagos, agregó el informe.
La organización de derechos humanos aclaró que las autoridades ecuatorianas ni siquiera han confirmado los hechos, mientras que el Pentágono y la Guardia Costera de Estados Unidos han negado cualquier implicación.
Sin embargo, trece sobrevivientes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que, “tras los ataques, fueron detenidos a bordo de un barco por personas a las que identificaron como ciudadanos estadounidenses armados que vestían uniformes de estilo militar”.
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Con base en estos hallazgos, el estudio indicó que lo más probable es que las autoridades estadounidenses hayan tenido algún grado de participación en estos ataques o hayan tenido conocimiento de ellos, aunque Human Rights Watch reconoce que “no pudo determinar quién llevó a cabo los ataques con drones” contra la Negra Francisca Duarte II y Don Maca. Tampoco ha podido aclarar qué ocurrió con el Fiorella y su tripulación.
“La cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador ha sido demasiado opaca y peligrosa para los ecuatorianos”, afirmó en un comunicado Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización. “El Congreso de Estados Unidos debe exigir respuestas claras y salvaguardias efectivas antes de que se cause más daño”, añadió.
Desde el regreso al poder del presidente estadounidense, Donald Trump, y la reelección de Daniel Noboa, la relación entre ambos países ha sido cercana, enfocada principalmente en la cooperación en temas de seguridad para responder al aumento de la violencia en Ecuador y reforzar la lucha contra el crimen organizado en la región.
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