¿Impunidad para los militares que repriman las protestas? Eso dice nuevo decreto en Bolivia
Una medida aprobada por Jeanine Áñez tiene en alerta roja a diferentes organizaciones internacionales, pues argumentan que no se acoge a los estándares internacionales de derechos humanos. Los seguidores de Evo Morales dicen que esta decisión da a los uniformados “licencia para matar”.
Jesús Mesa / @JesusMesa
En las calles bolivianas reina el caos. A pesar de que todos los involucrados en la crisis del país sudamericano, tanto Evo Morales como la oposición, argumentaban que sus acciones buscaban “pacificar el país”, la realidad es que esto no ha sucedido. Todo lo contrario, tras la renuncia del mandatario indígena la violencia se ha recrudecido.
La instauración de un gobierno “de transición”, liderado por la opositora Jeanine Áñez, que juramentó como presidenta interina ante un Parlamento semivacío, elevó aún más las tensiones que ya estaban caldeadas tras varias semanas de incertidumbre por lo ocurrido en las elecciones del 20 de octubre.
La diferencia es que, si en las movilizaciones de hace un mes se reclamaba por la transparencia electoral, hoy la protesta gira alrededor de la forma en la que Evo Morales presentó su renuncia y tuvo que abandonar el país.
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Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los seguidores de Evo Morales se han presentado a lo largo y ancho del país. En la zona cocalera de Cochabamba, bastión electoral del expresidente boliviano, la situación es grave. Nueve personas, entre campesinos e indígenas, perdieron la vida tras fuertes choques con el Ejército y la Policía, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero más grave aún es la denuncia sobre la existencia de un decreto firmado por Áñez que eximía de responsabilidad penal a los militares y policías que contuvieran la protesta.
La normativa, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la Policía en las calles del país, fue emitida el viernes, el mismo día en que murieron nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba.
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”, se lee en el Artículo 3 del decreto 4078, “estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. El decreto fue denunciado el fin de semana por Evo Morales en su cuenta de Twitter y ha llamado también la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Sobre esto, el Movimiento al Socialismo (MAS) aseguró que esa norma da "licencia para matar" y para perseguir judicialmente a varios de sus dirigentes. Los legisladores del partido de Morales y han anunciaron una demanda por inconstitucionalidad contra la medida.
Pero Áñez y su equipo dicen que la norma no es una “licencia para matar”, sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social".
Este decreto presidencial disparó la preocupación de diversas organizaciones internacionales. Una de ellas fue la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos, que denunció que la medida "desconoce los estándares internacionales" de los derechos humanos y "estimula la represión violenta", en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Human Rights Watch y su director, José Manuel Vivanco, pidieron a Áñez que derogara el decreto al considerar que esta medida sienta un “precedente peligroso”. “El anunciado decreto supremo 4078 de Bolivia no se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos.”, manifestó el activista chileno.
Mientras que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, recordó al gobierno transitorio que hay en Bolivia que “los militares no deberían ejercer tareas policiales”.
“Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de derechos humanos. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza”, manifestó esta oficina a través de un comunicado.
Para atajar la polémica, el ministro de presidencia designado por Áñez, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto "no es una licencia para matar, sólo define la tarea de las fuerzas armadas con una base constitucional en garantizar la estabilidad del país".
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“Se ha autorizado para que el Ejército, la fuerza armada de la nación, pueda participar en la defensa de la sociedad. Se ha dicho que este decreto supremo, creemos que, de manera distorsionada, evidentemente, se constituye en una licencia para matar de la fuerza armada. Lo que no significa ello”, dijo el ministro a periodistas.
Justiniano afirmó que la decisión de emplear esa norma proviene de la necesidad que surgió cuando esta semana la Policía se vio rebasada y pidió la intervención de las fuerzas armadas para contener a algunos grupos de manifestantes que causaron destrozos en instalaciones públicas y privadas. A pesar de la polémica internacional, el equipo de Áñez afirma que las medidas bajo las gestiones del gobierno "los conflictos han bajado en un 50% en intensidad".
Pero las protestas callejeras se mantienen y el principal foco del conflicto se ha concentrado en Cochabamba. Los nueve muertos del fin de semana elevaron a 23 el número de víctimas fatales en lo que va de protestas en Bolivia, según cifras de la CIDH.
El gobierno reconoció oficialmente cinco muertos en esos hechos y el ministro de Gobierno designado, Arturo Murillo, sugirió incluso la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto "aparece con un tiro en la nuca".
Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde ocurrieron los choques con los cocaleros, y que "todos los muertos son con impacto de bala".
Jeanine Áñez insiste en que su prioridad es convocar elecciones cuanto antes, pero el lunes por la tarde aún no lo había hecho. La líder boliviana dice que el retraso se debe a que, para convocar una nueva elección, debe renovarse la totalidad del Tribunal Supremo Electoral.
En las calles bolivianas reina el caos. A pesar de que todos los involucrados en la crisis del país sudamericano, tanto Evo Morales como la oposición, argumentaban que sus acciones buscaban “pacificar el país”, la realidad es que esto no ha sucedido. Todo lo contrario, tras la renuncia del mandatario indígena la violencia se ha recrudecido.
La instauración de un gobierno “de transición”, liderado por la opositora Jeanine Áñez, que juramentó como presidenta interina ante un Parlamento semivacío, elevó aún más las tensiones que ya estaban caldeadas tras varias semanas de incertidumbre por lo ocurrido en las elecciones del 20 de octubre.
La diferencia es que, si en las movilizaciones de hace un mes se reclamaba por la transparencia electoral, hoy la protesta gira alrededor de la forma en la que Evo Morales presentó su renuncia y tuvo que abandonar el país.
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Los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los seguidores de Evo Morales se han presentado a lo largo y ancho del país. En la zona cocalera de Cochabamba, bastión electoral del expresidente boliviano, la situación es grave. Nueve personas, entre campesinos e indígenas, perdieron la vida tras fuertes choques con el Ejército y la Policía, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero más grave aún es la denuncia sobre la existencia de un decreto firmado por Áñez que eximía de responsabilidad penal a los militares y policías que contuvieran la protesta.
La normativa, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la Policía en las calles del país, fue emitida el viernes, el mismo día en que murieron nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba.
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”, se lee en el Artículo 3 del decreto 4078, “estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. El decreto fue denunciado el fin de semana por Evo Morales en su cuenta de Twitter y ha llamado también la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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Sobre esto, el Movimiento al Socialismo (MAS) aseguró que esa norma da "licencia para matar" y para perseguir judicialmente a varios de sus dirigentes. Los legisladores del partido de Morales y han anunciaron una demanda por inconstitucionalidad contra la medida.
Pero Áñez y su equipo dicen que la norma no es una “licencia para matar”, sino que es un instrumento para "contribuir a la paz social".
Este decreto presidencial disparó la preocupación de diversas organizaciones internacionales. Una de ellas fue la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos, que denunció que la medida "desconoce los estándares internacionales" de los derechos humanos y "estimula la represión violenta", en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Human Rights Watch y su director, José Manuel Vivanco, pidieron a Áñez que derogara el decreto al considerar que esta medida sienta un “precedente peligroso”. “El anunciado decreto supremo 4078 de Bolivia no se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos.”, manifestó el activista chileno.
Mientras que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, recordó al gobierno transitorio que hay en Bolivia que “los militares no deberían ejercer tareas policiales”.
“Si sucede, su participación debería estar sujeta a la ley internacional de derechos humanos. Las fuerzas del orden deben rendir cuentas de sus actos, incluido el uso de la fuerza”, manifestó esta oficina a través de un comunicado.
Para atajar la polémica, el ministro de presidencia designado por Áñez, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto "no es una licencia para matar, sólo define la tarea de las fuerzas armadas con una base constitucional en garantizar la estabilidad del país".
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“Se ha autorizado para que el Ejército, la fuerza armada de la nación, pueda participar en la defensa de la sociedad. Se ha dicho que este decreto supremo, creemos que, de manera distorsionada, evidentemente, se constituye en una licencia para matar de la fuerza armada. Lo que no significa ello”, dijo el ministro a periodistas.
Justiniano afirmó que la decisión de emplear esa norma proviene de la necesidad que surgió cuando esta semana la Policía se vio rebasada y pidió la intervención de las fuerzas armadas para contener a algunos grupos de manifestantes que causaron destrozos en instalaciones públicas y privadas. A pesar de la polémica internacional, el equipo de Áñez afirma que las medidas bajo las gestiones del gobierno "los conflictos han bajado en un 50% en intensidad".
Pero las protestas callejeras se mantienen y el principal foco del conflicto se ha concentrado en Cochabamba. Los nueve muertos del fin de semana elevaron a 23 el número de víctimas fatales en lo que va de protestas en Bolivia, según cifras de la CIDH.
El gobierno reconoció oficialmente cinco muertos en esos hechos y el ministro de Gobierno designado, Arturo Murillo, sugirió incluso la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto "aparece con un tiro en la nuca".
Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde ocurrieron los choques con los cocaleros, y que "todos los muertos son con impacto de bala".
Jeanine Áñez insiste en que su prioridad es convocar elecciones cuanto antes, pero el lunes por la tarde aún no lo había hecho. La líder boliviana dice que el retraso se debe a que, para convocar una nueva elección, debe renovarse la totalidad del Tribunal Supremo Electoral.