Unos 60.000 presos en Cuba, casi la mitad de su población penitenciaria estimada, están sometidos a trabajos forzados, en su mayoría sin salario y en unas condiciones “inhumanas y explotadoras” por motivos “económicos y punitivos”, denunció este lunes la ONG Prisoners Defenders.
El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, de 42 páginas, se basa en entrevistas estandarizadas a 53 exreclusos, cuyos testimonios fueron contrastados con otras 60 entrevistas adicionales y fuentes documentales verificadas externamente.
El texto habla de “condiciones de esclavitud” en “una desconexión absoluta e impune de la legislación internacional y cualquier derecho laboral”, y denuncia que la isla “consolida el trabajo forzoso” como “motor económico” y exporta su producción a Europa.
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El documento de esta ONG, referente en el registro de presos por motivos políticos con Cuba, asegura que la gran mayoría de los afectados no firma un contrato laboral ni recibe un salario, o este es meramente “simbólico”, al no superar los US$ 4 al mes.
Subraya que los presos, tanto políticos como comunes, trabajan un promedio de 63 horas semanales principalmente en la producción de carbón vegetal de marabú, en la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y en la construcción.
La inmensa mayoría declaró trabajar sin herramientas adecuadas, protección laboral o descansos suficientes, sometidos a grandes riesgos y haber sufrido, en consecuencia, “graves deterioros físicos y psicológicos”.
Además, todos los encuestados aseguraron haber sido coaccionados a trabajar mediante amenazas, violencia física o represalias, y la gran mayoría señaló que fueron obligados a trabajar independientemente de padecer enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes para esas funciones.
Asimismo, el estudio señala que los afrodescendientes y las mujeres están desproporcionadamente representados entre las víctimas del trabajo forzoso en prisiones cubanas y sufren formas agravadas de discriminación y violencia (incluida la sexual).
El informe de Prisoners Defenders resalta que gran parte de la producción obtenida mediante trabajo forzado corresponde al carbón vegetal de marabú, una planta invasora cuyas ramas, al ser quemadas bajo condiciones controladas, resultan especialmente valoradas.
Cuba exportó en 2023 un total de US$ 61.8 millones de carbón vegetal, lo que convierte a este renglón en su sexto mayor rubro exportador y a la isla en su noveno mayor productor mundial.
El carbón vegetal cubano, prosigue el informe, se exporta a países europeos, principalmente a España, pero también Portugal, Grecia, Italia y Turquía.
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España, a su vez, vende gran cantidad de este material a Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido.
El informe de Prisoners Defenders calcula que de cada saco de 15 kilos vendido en España, un recluso cubano recibe menos de un centavo de dólar en promedio, mientras los comercializadores en España reciben algo más de US$ 21 y el Gobierno cubano cerca de US$ 8.
La ONG argumenta que la única motivación del Gobierno cubano y de los comercializadores europeos es un “desmedido ánimo de lucro”, e insta a la Unión Europea (UE) a actuar con la diligencia debida y prohibir el comercio de “un producto de la esclavitud”.
Además, el estudio cita a 60 empresas europeas que comercializan carbón vegetal de marabú de origen cubano, de las que algo más de un tercio son españolas.
El informe también denuncia que un 7,5 % de los puros cubanos se ha elaborado por reos forzados a trabajar, incluidos los que se exportan al resto del mundo con marcas reconocidas como Cohiba.
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