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Se presentó como un verdugo de los capos de cárteles de drogas en Honduras, pero terminó en el mismo saco. El expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado este jueves a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.
Fue aliado de Washington, que respaldó su reelección en 2017, pese a cuestionamientos de fraude por parte de sus competidores. Pero, ahora, unos fiscales de Nueva York lo consideran parte de un clan que traficó unas 500 toneladas de cocaína desde Honduras a Estados Unidos desde 2004.
Hernández es un abogado derechista de 53 años que dejó el poder el 27 de enero a la izquierdista Xiomara Castro. Fue presidente ocho años y antes lideró el Parlamento. En ambos cargos se jactó de su lealtad a Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas.
Su elección en 2017, para un segundo período, se produjo en medio de denuncias de fraude y enfrentamientos ciudadanos con la policía, que dejaron una treintena de muertos.
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“Juan Orlando no es y no ha sido nunca narcotraficante. Por el contrario, su compromiso (...) fue el de combatir con todas sus fuerzas la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo su esposa, Ana García.
Caída en desgracia
El exgobernante entró en desgracia cuando su hermano, Juan Antonio Hernández, conocido como “Tony”, fue capturado en noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua, tras ser acusado de narcotráfico a “gran escala”.
Hernández rechazó los cargos y dijo que se trataba de una “venganza” de los capos extraditados por su gobierno a Estados Unidos, basada en “reportes de medios de comunicación y de declaraciones de narcotraficantes y asesinos confesos” que buscan disminuir sus penas. “Soy inocente, soy víctima de una venganza y una conspiración. Estoy seguro que Dios me hará justicia”, escribió desde una prisión de la policía, donde permaneció encarcelado desde mediados de febrero hasta el día de su extradición.
Reconoció que lo que está viviendo es “doloroso” y que es “duro estar separado” de los seres queridos. “Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida”, aseguró en referencia a los tres delitos de tráfico de drogas y porte de armas de los que es acusado.
“En sus propias narices”
En el juicio de otro narco hondureño en Nueva York, Geovanny Fuentes, un testigo contó que escuchó a Hernández jactarse de que iba a “meter la droga a los gringos en sus propias narices” y no se iban “a dar ni cuenta”.
Sus opositores tildaron al mandatario de “dictador” y lo acusaron de haberse enriquecido en el gobierno. También lo señalaron de haber eludido la prohibición constitucional de un segundo mandato, de ampliar su control sobre los poderes del Estado, incluyendo la justicia, que avaló su candidatura, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que proclamó su victoria.
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“Hernández se ha valido de una extensa trayectoria política, en la que, aprovechando los distintos cargos públicos que ha ostentado, formuló un sistema estructural de corrupción a gran escala”, aseguró el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una organización de la sociedad civil. Creó “lazos con otros actores políticos y organizaciones criminales que dejarían como resultado la captura institucional del aparato gubernamental”, consideró la entidad.
El expresidente, quien en 2021 dijo a la AFP que al término de su mandato se retiraría para escribir sus memorias, se ha mostrado sereno desde su arresto.
Jueces y nuevo cuerpo policial
Nacido el 28 de octubre de 1968, en el seno de una familia rural de clase media baja, en el departamento occidental de Lempira, Hernández ingresó a la política en 1990 como asistente de su hermano Marco Augusto en la secretaría del Congreso. Desde 1998 fue diputado y durante el gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014) ocupó la presidencia del Congreso. Un hijo del expresidente Lobo, Fabio Lobo, también fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico, y sentenciado en 2017 a 24 años de cárcel.
Como presidente del Congreso, Hernández promovió la sustitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, que posteriormente dieron luz verde a su reelección presidencial. En 2014, ya como presidente, impulsó programas de ayuda social, como la “bolsa solidaria” de alimentos y programas de vivienda para las familias más pobres, pero sus detractores consideraron eso como un mecanismo para comprar conciencias y votos.
De baja estatura, complexión atlética y dado a la práctica diaria de ejercicio, Hernández se define como un “indio pelo parado”, por su corte castrense de cabello. En días previos a su extradición, fue visto ejercitándose en una zona del cuartel donde estuvo preso.
En la secundaria egresó como subteniente de infantería del Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, y aún es reservista. Luego se graduó de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y más tarde cursó en Nueva York una maestría en Administración Pública, entre 1994 y 1995. Está casado con la abogada Ana García, con quien tiene cuatro hijos.
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