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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, lo indultara de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico.
Hernández llegó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, a 60 km al noroeste de Tegucigalpa, donde su familia lo recibió en la pista, mientras cientos de simpatizantes lo esperaban frente a la terminal.
El exmandatario recibió el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que su copartidario conservador Nasry Asfura ganó por escaso margen tras amenazas de Trump de cortar la ayuda a Honduras si no era elegido.
“Estoy feliz, alegre de estar en mi tierra de nuevo”, dijo el expresidente a periodistas en la caja de una camioneta durante una caravana de bienvenida.
Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022 y quien se declara víctima de “persecución”, enfrentará ahora a la justicia hondureña acusado del desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su primera campaña presidencial.
Bajo el compromiso de presentarse voluntariamente, un juez le suspendió una orden de arresto.
“Estamos muy contentos” de recibirlo, comentó a AFP Eva Amador, simpatizante de 56 años, quien portaba una pancarta con un mensaje de agradecimiento a Trump.
Hernández, de 57 años, comparecerá ante una corte el 3 de agosto por acusaciones de fraude y lavado de activos de las cuales se declara “inocente”.
Su retorno es “una prueba para la independencia” judicial, dijo a AFP Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
También “reabre el debate sobre la impunidad” tras los cuestionamientos al indulto de Trump, añadió.
El retorno de Hernández ha reavivado la polarización política en Honduras. Mientras sus seguidores aseguran que enfrentará la justicia para demostrar su inocencia, sectores opositores cuestionan el perdón concedido por Washington y exigen que responda ante los tribunales hondureños.
Meterles droga “en sus narices”
Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años años de cárcel en junio de 2024, dos años después de su extradición.
Fue declarado culpable de ayudar a introducir a suelo estadounidense cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia en alianza con capos como el mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos.
La fiscalía acusó al expresidente de convertir a Honduras en un “narco-Estado” y una “superautopista” para traficar.
“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta”, habría dicho Hernández, según un testigo que colaboró con los fiscales.
La sentencia fue anulada en abril tras el indulto del republicano Trump, que asegura que Hernández fue víctima de un “montaje” de su antecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, Diario Red, un medio digital fundado por el exvicepresidente del gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que Hernández fue indultado en un plan de varios gobiernos para convertirlo en operador contra la izquierda en la región.
Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina estaban detrás de la trama, según las publicaciones del llamado “Hondurasgate”, que Hernández catalogó de falsas.
Asfura, quien presuntamente le ofreció dinero, según los audios, guardó silencio.
“Bofetada” a las víctimas
Tras su arresto en 2022, a Hernández le decomisaron 131 bienes, incluyendo 32 inmuebles, que según él son una herencia familiar y deben ser devueltos.
El exmandatario fue uno de los impulsores de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 para atraer inversión.
Consideradas un “Estado dentro del Estado”, fueron declaradas inconstitucionales en 2024, pero algunas siguen operando.
Hernández llegó a tener tanto poder que en 2017 logró un segundo mandato, pese a que la Constitución prohibía la reelección.
Una interpretación de la Corte Suprema le allanó el camino y, tras ganar los comicios bajo acusaciones de fraude, decretó un toque de queda por las protestas que dejaron una treintena de muertos.
“Su regreso en total impunidad y sin el castigo por esos crímenes es una bofetada tremenda a las víctimas”, dijo a la AFP el analista jurídico Joaquín Mejía.
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