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El juez José Antonio Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), anuló este miércoles todas las pruebas obtenidas en contra del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, implicado en el escándalo de corrupción “Lava Jato”. Así, estas pruebas quedan “inutilizables” por cualquier jurisdicción en el futuro.
El “Lava Jato” fue como se bautizó la investigación sobre el gigante latinoamericano Odebrecht en Brasil, que fue acusado por la fiscalía de participar junto a otras empresas, políticos e intermediarios, de una red de sobornos y contratos amañados con la estatal Petrobras.
Este se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción del país y salpicó a Lula da Silva, quien fue acusado de blanqueo de capitales y corrupción. Esta saga llevó al presidente a prisión en 2018, en donde estuvo por 580 días, y lapidó sus aspiraciones electorales para ese año, a la vez que facilitó el ascenso de Jair Bolsonaro.
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El magistrado Dias Toffoli consideró que las pruebas, provenientes de confesiones de ejecutivos de Odebrecht en el marco de un acuerdo de colaboración de 2017, fueron obtenidas por medios “heterodoxos e ilegales” por medio del exjuez Sergio Moro y otros exfiscales que investigaban el caso.
El acuerdo preveía el pago de una multa de US$2.600 millones a Estados Unidos, Suiza y Brasil. Por esto, Dias Toffoli apuntó que los investigadores tenían una intención clara de “poner a un líder político entre rejas”, a la vez que consideró su actuar un “error histórico”.
“La prisión de Lula puede considerarse uno de los mayores errores judiciales de la historia del país”, declaró Dias Toffoli, “fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones ‘contra legem’ (contrarios a la ley)”, agregó.
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El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo en un mensaje en la red X (antes Twitter) que la decisión del magistrado “reafirma la inocencia del presidente Lula” y demuestra que “fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal”. Pero además de esta implicación jurídica, el ministro Dino también destaca un aspecto político de esta decisión: “deja constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”, escribió el funcionario, en referencia al supuesto plan para perjudicar a Lula por parte de un grupo de fiscales.
La Abogacía General de la Unión, que defiende los intereses del gobierno, anunció la creación de un grupo para investigar la actuación del exjuez Moro y los fiscales del “Lava Jato”.
El juez Moro, idolatrado por la derecha brasilera, respondió que “la corrupción en los gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6000 millones de reales para Petrobras. Ese fue el trabajo del Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los tribunales superiores. Los brasileños han visto, apoyado y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y toda nuestra actuación fue legal. Lucharemos, en el Senado, por el derecho a la verdad, la integridad y la democracia”.
En 2021, el Supremo Tribunal ya había anulado todas las condenas contra Lula, lo que facilitó que el líder del Partido de los Trabajadores se presentara en las elecciones presidenciales de 2022, en las que venció al expresidente Jair Bolsonaro.
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