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La Corte Penal Internacional rechazó este viernes un recurso de apelación de Venezuela contra la reanudación de una investigación por denuncias de “crímenes de lesa humanidad” durante la represión de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro en 2017.
“La Sala de Apelaciones considera suficiente la información proporcionada para la evaluación por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, por consiguiente se desestima la apelación de Venezuela a este respecto”, dijo la CPI.
Venezuela había solicitado al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas murieron. Caracas argumentó que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial.
Para la organización Civil Rights Defenders, “la decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI de continuar la investigación frente a crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al desestimar la apelación del Estado Venezolano, es una victoria para la sociedad civil y para las víctimas de la represión”.
“Es un triunfo para las organizaciones que llevan años documentando graves violaciones de derechos humanos, recolectando testimonios y que día a día acompañan a las víctimas, van a los tribunales y a las cárceles a visitar personas detenidas arbitrariamente y que trabajan como hormigas para demostrar que en Venezuela se violan de manera sistemáticamente los derechos humanos”, dijo Pía Alvira, jefa del equipo regional de Civil Rights Defenders.
La oenegé venezolana de derechos humanos Provea también afirmó que tanto su plataforma como la de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) aplauden la decisión, destacando “su gran relevancia en un clima de impunidad” y de “persecución de personas defensoras de derechos humanos”.
Y en la misma línea, la oenegé Human Rights Watch consideró que el dictamen de la corte “es un rayo de esperanza para las víctimas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro”.
La decisión también ha sido bien recibida por familias como la del universitario Juan Pablo Pernalete, quien murió el 26 de abril de 2017 en Caracas, golpeado en el pecho por una bomba lacrimógena que disparó un militar durante manifestaciones contra Maduro que dejaron más de 100 fallecidos, origen de la investigación de la CPI. Tenía 20 años.
“Juan Pablo siempre salía a manifestar (...). Yo le decía: ‘Juan Pablo, tengo miedo, están asesinando a muchachos’. Él me decía: ‘Mamá, protestar no es un delito’”, relata a la AFP Elvira de Pernalete en su casa, entre balones y medallas de su hijo, que jugaba baloncesto.
Elvira de Pernalete se enteró de su muerte en el centro de salud adonde había sido trasladado. “Yo me volví loca. Empecé a tirar cosas, empecé a correr (...), hasta que conseguí (el cubículo) donde estaba mi hijo (…). Le decía: ‘¡párate, Juan, párate de allí!’”, le cuenta a la AFP.
Aunque la vicepresidenta Delcy Gutiérrez sostiene que “en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad”, la familia de Anrry Chinchilla, quien murió el 26 de abril de 2019 en un barrio popular de Caracas, manifiesta lo contrario. Chinchilla murió durante un operativo contra la delincuencia de la FAES, fuerza policial disuelta tras centenares de denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Gregorio, su padre, cuenta que la hermana del joven vio el crimen desde una ventana.
“Lo sacan del cuarto, lo conminan a ir al pasillo, a arrodillarse (...) y ponen una sábana en el tendedero de ropa que está ahí para evitar que los que pudiesen ver desde algún lado viesen (…) y fue cuando ella manifiesta que escuchó los últimos tres tiros”, cuenta Gregorio.
Dice que un policía reconoció ante un vecino que fue un “error” buscar a Anrry. “No tenía antecedentes penales”. La justicia venezolana inculpó y condenó a más de 200 agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI y evitar que los funcionarios de alto rango recibieran un castigo.
“Ahora, la CPI, como instancia que sanciona esos delitos, da un mensaje de que, por ejemplo, los jerarcas del chavismo, van a tener que hacerse responsable de las acciones que de forma directa o indirecta en contra de los venezolanos”, señala Ronal Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.
El experto también dice que la decisión plantea un sacudón para otros gobiernos autoritarios en la región: “En términos generales, el pronunciamiento de la CPI no solo va en dirección a Venezuela sino a toda la región. El ascenso de regímenes no democráticos y la fragilidad de las democracias en esta área, así como las arremetidas de los autoritarismos, han hecho pensar que tales comportamientos como violaciones de derechos humanos pueden quedar impunes.
El mensaje, concluye el experto, va a retumbar específicamente en regímenes como el de Daniel Ortega en Nicaragua o Nayib Bukele en El Salvador.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Se trata de un tribunal de última instancia, que sólo interviene si los países no quieren o no pueden investigar por sí mismos.
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