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El Parlamento Andino está cerca de su final. La idea de que sus funciones no responden a las necesidades de la realidad actual fue ratificada por los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) durante una reunión sostenida en Perú. Lima quedará entonces registrada en la historia como el lugar donde se acordó ponerle punto final el 19 de septiembre de este año. Esta semana la canciller colombiana, María Ángela Holguín, confirmó la decisión: “Así como estamos trasladando unos temas de la Comunidad Andina al foro de Unasur, como educación, salud, drogas (...) ese es otro de los temas: si va a haber un parlamento a nivel de Unasur, no hay necesidad de este otro parlamento”.
La historia del Parlamento Andino había comenzado en la ciudad de La Paz, en 1979, cuando los miembros de la CAN determinaron la creación de un espacio de intercambio de ideas que, si bien no ejercía una función legislativa, sí sería de utilidad para fortalecer en particular los vínculos comerciales entre los países miembros: Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Perú. Cada nación aportó cinco parlamentarios para un total de 25 desde 1984, el año en el que entró en vigencia. El número se redujo a 20 diputados en 2006, cuando Venezuela renunció a la CAN argumentando que los trámites de los TLC con Estados Unidos que hacían curso en Colombia y Perú iban contra los fundamentos de la comunidad.
En opinión de Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario, el fin del Parlamento Andino “no significa el fin de la CAN, porque sus logros se explican por lo económico y en ello el Parlamento no tiene mucho que ver. Lo que ocurriría es que las funciones de la CAN se limitarían a lo comercial, a la puesta en funcionamiento total del arancel externo común y a la supresión de barreras comerciales. Así, se abandonaría la dimensión política, que ha sido más bien estéril”.
Las razones de la supresión del Parlamento pasan también por lo costoso que resulta para los estados. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que tan sólo en el caso de Colombia, le demanda al país unos $35.000 millones anuales: “Consideramos que ese parlamento ya no tenía razón de seguir existiendo, era muy costoso y creo que esa fue una decisión importante”. Los cinco representantes actuales del Gobierno ante el Parlamento, elegidos por voluntad popular, son Gloria Flórez, Luisa del Río Saavedra, Héctor Helí Rojas, William Vélez y Óscar Arboleda, quien es investigado por aparentes vínculos con el paramilitarismo. El salario asignado para los representantes ronda los $23 millones, sin incluir primas ni beneficios adicionales.
De acuerdo con Jaramillo Jassir: “El Parlamento era un órgano consultivo y deliberativo, sin la posibilidad de decisiones vinculantes. De allí que algunos lo vieran como inútil y costoso. Finalmente, creo que la poca cultura acerca de las votaciones de parlamentarios andinos tiene también que ver en ese desprestigio”.
De cualquier manera, el fin del Parlamento no es un proceso inmediato. Cada uno de los congresos de los países miembros deberá aprobar la decisión, que tendría que oficializarse en el Acuerdo de Cartagena de 1969 que dio origen al llamado Pacto Andino.