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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Roberto Vidal, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) “abrir una oficina” en Colombia para dar apoyo técnico a las autoridades jurídicas colombianas, tras unas reuniones en La Haya, donde continúa este martes, en las que transmitió los logros y retos de Bogotá.
A las reuniones en la CPI, Vidal llegó “con una propuesta muy concreta que está tratando de materializar y que fue muy bien recibida, para abrir un programa conjunto entre la CPI y la jurisdicción de Colombia de complementariedad positiva”, que busca apoyar el trabajo de la justicia colombiana sobre el terreno, señaló el magistrado en una entrevista con EFE.
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“Eso significa abrir una oficina de la jurisdicción en la JEP, en Colombia, donde podemos trabajar con equipos técnicas conjuntas sobre problemas que son tan difíciles en Colombia como aquí en La Haya, que son problemas del derecho penal internacional en su conjunto”, agregó Vidal, asegurando que ayer “se crearon agendas para avanzar en esa dirección”.
Además, indicó, Bogotá recibió una propuesta por parte de la CPI sobre la posibilidad de que el caso colombiano “pudiera servir para un intercambio de conocimientos con otros casos en curso” sobre los temas de responsabilidad de los Estados ante la CPI y cómo estos pueden asumir sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte internacional.
Vidal ya se reunió durante la jornada del lunes con el presidente de la CPI, Piotr Hofmanski; y el fiscal de la Corte, Karim Khan.
“Nosotros desde la experiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia tenemos la expectativa de estrechar los lazos con la CPI bajo el entendido de que el sistema del Estatuto de Roma reposa sobre todo en la responsabilidad de los Estados, y secundariamente en la responsabilidad de la Corte”, señaló.
Para Vidal, el éxito del sistema no está tanto en que la CPI asuma casos “por sí misma en La Haya”, sino que sean los Estados los que “cumplen con las responsabilidades que el Estatuto les impone, y que ellos realicen su propia administración de justicia” y ese, dice, es el caso de la JEP porque el Estado colombiano “ha asumido los juicios, las investigaciones y sanciones de los crímenes más graves a través del tribunal” de la JEP en Colombia.
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“Hemos venido aquí buscando mecanismos de complementariedad positiva, lo que significa trabajo conjunto de apoyo técnico, jurídico y político, que permita que el tribunal en Colombia funcione con el apoyo de la CPI. Y sentimos que ese objetivo ha quedado muy claro, y hemos tenido una recepción muy positiva y amable por parte de la CPI”, aseguró.
El magistrado también tiene una reunión este martes con organizaciones de la sociedad civil neerlandesa, como parte de un viaje que está concertado con el Gobierno colombiano, dice, y que le llevará también a Bruselas para hablar con autoridades de la Unión Europea (que dio apoyo político y económico para el desarrollo de la JEP) y terminará en Ginebra, con reuniones con Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
“Es una visita bastante extensa en muy poco tiempo que está buscando apoyo internacional para el tribunal en el entendido de que el JEP es un tribunal nacional, pero que es parte del sistema internacional de la justicia criminal bajo el Estatuto de Roma y donde esas relaciones son clave para que todo este sistema funcione”, explica Vidal.
La JEP es el mecanismo de justicia transicional, surgido del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC, que investiga y juzga a los integrantes de esa guerrilla, miembros de la fuerza pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado interno de Colombia.
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El pasado octubre, el fiscal Karim Khan recibió “con beneplácito el progreso” logrado por Colombia en la búsqueda de justicia y subrayó su compromiso con las autoridades judiciales nacionales para “garantizar” una respuesta a los llamamientos de las víctimas. Khan también anunció su intención de hacer una visita oficial a Colombia a mediados de 2023.
El fiscal cerró en 2021 el examen preliminar que más tiempo llevaba abierto en la CPI, desde 2004, y que involucra crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército de Colombia, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares desde 2009 (los primeros) y 2002 (los de lesa humanidad).
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