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11 Sep 2020 - 6:23 p. m.

La justicia como arma en Bolivia: HRW denuncia persecución a opositores

Humans Rights Watch señaló en un informe que el gobierno interino de Bolivia ha usado el sistema judicial de manera arbitraria para perseguir a la oposición vinculada con Evo Morales.
Durante las últimas semanas se han presentado masivas protestas en Bolivia.
Durante las últimas semanas se han presentado masivas protestas en Bolivia.
Foto: Agencia EFE

El uso del sistema judicial como un arma política en Bolivia no es un asunto nuevo. El gobierno del expresidente Evo Morales, por ejemplo, ya había presentado cargos contra sus rivales por razones políticas. Ahora, la organización Humans Rights Watch (HRW) denuncia que es el gobierno interino de Jeanine Añez el que ha convertido la justicia en un instrumento de persecución contra la oposición.

Según HRW, el gobierno de Jeanine Añez ha promovido cargos infundados, violaciones del debido proceso y el uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva contra los opositores vinculados al expresidente Morales.

La organización, que examinó miles de documentos judiciales y entrevistó a casi un centenar de personas, identificó un preocupante abuso del poder judicial en el país. A algunos ciudadanos se les imputó delitos por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con el expresidente Morales o por haber criticado al gobierno por internet, lo que encendió las alarmas sobre el cercenamiento de la libertad de expresión en Bolivia.

“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos. Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El gobierno interino ha emitido declaraciones muy preocupantes que involucran al sistema judicial. En noviembre de 2019, Arturo Murillo, quien se convirtió en el ministro de Gobierno de Añez, dijo que irían a “la cacería” para perseguir a los miembros del Gobierno de Morales. Además, le pidió a la Fiscalía General que iniciara una purga para sacar a todos los jueces y fiscales que “liberaran delincuentes”, refiriéndose explícitamente a los simpatizantes del expresidente. Pero estas amenazas a la independencia del sistema judicial, como documentó HRW, no se quedaron en palabras.

A Patricia Hermosa, quien fue la jefe de gabinete de Morales, se le imputaron delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición por el simple hecho de hablar con su exjefe por teléfono poco después de que renunciara. Hermosa, a pesar de estar embarazada, estuvo en detención preventiva por cerca de seis meses.

Mauricio Jara, simpatizante de Morales, también fue imputado con los mismos cargos de Hermosa. La razón, según HRW, fue haber “ejercido su libertad de expresión”, pues lo único que había hecho era calificar al Gobierno de Añez de ser “tirano y dictatorial”, además de referirse a la muerte de una decena de manifestantes como una masacre.

En el informe, HRW también señala que los cargos de terrorismo que sopesan sobre Morales también son muy cuestionados y desproporcionados. Días después de renunciar en noviembre de 2019, el expresidente boliviano supuestamente tuvo una llamada telefónica en la que le pidió a un colaborador bloquear las carreteras del país y darle “duro a la dictadura”, en referencia a Añez. Por esta razón, el gobierno interino le imputó cargos de terrorismo. Sin embargo, para la organización defensora de los derechos humanos, las pruebas incluidas en el expediente contra Morales no dan el menor sustento a las acusaciones.

“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano. Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Evo Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”, destacó Vivanco.

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