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Una semana después de que el Congreso denegara la destitución de Pedro Castillo, presidente de Perú, el descontento social parece hacerlo tambalear. El más reciente detonante fueron las protestas del sector transportador por los impuestos al combustible y los peajes, paro al que se sumaron otros sectores como consecuencia del encarecimiento de los alimentos y el costo de vida en general. El gobierno respondió el fin de semana quitando los gravámenes y aumentando el salario mínimo.
Sin embargo, la inconformidad ciudadana continuó en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas, Ucayali, entre otras, y recibió como respuesta el decreto de Estado de emergencia por parte del Gobierno en Lima y Callao, anunciado poco antes de la medianoche entre lunes y martes, que prohibía la movilidad de unos 11 millones de personas durante todo el día, 5 de abril.
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La medida fue criticada por autoritaria, improvisada y desproporcionada, pues los actos más graves, que han dejado como resultado cuatro personas muertas en Huancayo, Junín (como producto de accidentes e inasistencia médica por los bloqueos), ni siquiera sucedieron en las zonas inmovilizadas. "Se tenía información de fuente reservada que hoy se iban a producir actos vandálicos. Esa es la razón por la que hemos tomado esta medida”, explicó el ministro de Defensa, José Gavidia.
El martes, Castillo se reunió con la oposición en el Congreso, en un intento por contener las movilizaciones en las calles, que fueron convocadas pese a los toques de queda que regían. Estas restricciones fueron levantadas luego del encuentro con el Legislativo. En todo caso, como señaló la periodista y docente peruana Julianna Ramírez, en diálogo con El Espectador, no podría decirse que las personas en las calles están respaldadas por grupos o partidos políticos, sino que se han movilizado como consecuencia de la organización ciudadana.
La mayor protesta fue convocada en la Plaza San Martín, en la capital, Lima, que al cierre de esta edición se desarrollaba con normalidad. “Estamos marchando contra de las medidas de Castillo. El pueblo sin trabajo, con toque de queda, estamos hartos. Ya este señor debe irse a su casa”, señaló a la AFP Nelson del Carpio. Según analistas, el descontento no se zanja con menos impuestos o más salario, sino con mejores oportunidades laborales, algo en lo que estructuralmente el gobierno no parece avanzar.
“El gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica”, escribió en Twitter Verónika Mendoza, lideresa de la coalición progresista Juntos por Perú, aliada de Castillo. El 5 de abril, por cierto, se cumplieron 30 años del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, cuya excarcelación sigue en vilo.
Lo dicho por la política va en línea con lo que, también en diálogo con El Espectador, dijo Orazio Potesta, candidato a doctor, periodista e investigador peruano, respecto a Castillo, quien hoy tiene cerca del 70 % de desaprobación ciudadana: llegó con una agenda populista, con propuestas irrealizables, como universidad de ingreso libre, cero pobreza y cero corrupción, mientras que su propio gobierno se encuentra envuelto en escándalos por supuesto tráfico de influencias y hasta falsedad en los títulos de miembros de su gabinete.
Castillo, el pasado 28 de marzo, se enfrentó a una moción de vacancia en el Congreso por dicha supuesta corrupción y una falta de rumbo en su gobierno señalada por la oposición. La vacancia es una figura que ya condujo a la caída de dos mandatarios desde 2018 en Perú, país que en 10 años ha tenido seis presidentes. El futuro de Castillo en el poder, en medio de la presión y el descontento social, parece incierto.
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