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La Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió enviar “un grupo de alto nivel” a Perú, después de que el presidente izquierdista Pedro Castillo, investigado por corrupción, le pidiera ayuda para superar la crisis política. En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del Estado de Derecho”.
La OEA designó a “un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita a Perú, con el fin de hacer un análisis de la situación” y elaborar un informe de ello al Consejo.
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Y es que Castillo pidió activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región. El artículo 17 contempla que un país pueda “solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática” si considera que “está en riesgo” y el artículo 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.
Castillo pidió a la OEA “iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales” en busca de “un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú”.
El país suramericano atraviesa una aguda crisis política en la que Castillo, en el poder desde julio de 2021 para un mandato de cinco años, enfrentó dos intentos de destitución en el Congreso -dominado por la oposición- y fue sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.
Esta semana, la Fiscalía denunció a Castillo formalmente ante el Parlamento, un proceso que puede conducir a un antejuicio político y la suspensión del presidente, quien se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder. El mandatario calificó la denuncia de la Fiscalía de “golpe de Estado”.
La OEA respaldó al gobierno peruano y la “preservación de la institucionalidad democrática” y recordó que todas las instituciones del Estado están subordinadas constitucionalmente a la autoridad civil. Además, se declara dispuesta a “brindar apoyo y cooperación” mediante gestiones “para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno”.
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