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La palabra fraude sigue persiguiendo a Bolivia en temas electorales. Este jueves el viceministro interino de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, presentó un informe de la Policía Boliviana que insiste en que en las elecciones de octubre de 2019, luego anuladas, se manipularon actas de votación, hubo interferencias exteriores al sistema informático de cómputo de votos e incluso injerencia desde el Gobierno de entonces.
Wilson Santamaría citó ante los medios en La Paz votos de personas fallecidas, entre otras “evidencias” para concluir que hubo una “grave” y “dolosa” manipulación de los resultados con los que Evo Morales fue declarado entonces vencedor para un cuarto mandato consecutivo, unas acusaciones que el expresidente siempre ha negado.
A juicio de Santamaría, es innecesario que la Fiscalía General del Estado recabe más pruebas que demoren aún más la investigación. El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció el martes pasado que una empresa europea, sin dar detalles, realizará una “pericia informática” en el marco de esta investigación sobre lo que pasó tras los comicios generales del 20 de octubre de 2019.
Lanchipa recordó que todo comenzó con un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas conclusiones tratan de verificar aún los fiscales en Bolivia. Aquel informe sobre “graves irregularidades” y “manipulación dolosa” del resultado se conoció el 10 de noviembre de 2019 y ese día Evo Morales primero anunció la repetición de elecciones y luego que renunciaba forzado por un golpe de Estado, poco después de que los militares le “sugirieran” que dejara el poder.
La auditoría de la OEA no citaba expresamente la palabra fraude, lo hizo luego su secretario general, Luis Almagro, pero se llevaba repitiendo dentro y fuera de Bolivia desde el día siguiente de aquella votación.
El problema fue que en la noche de las elecciones el cómputo temporal apuntaba a una segunda vuelta entre Morales y Carlos Mesa, pero se paró más de veinte horas y de repente auguraba como ganador en primera al entonces presidente, que lleva desde entonces negando cualquier fraude y denunciando un golpe de Estado.
Un año sin aclarar qué pasó
A menos de un año después, este 18 de octubre Bolivia tiene una nueva cita con las urnas, para repetir la elección de presidente, vicepresidente, senadores y diputados, esta vez sin Morales de candidato.
El órgano electoral del país lleva días insistiendo en que ha renovado el sistema informático para el cómputo de votos y la cadena de custodia de las actas de votación, garantizando la fiabilidad de los resultados.
Su insistencia no evita que se siga repitiendo lo mismo, entre políticos y en la calle, pues lo que comentan muchos bolivianos cuando les preguntan por las elecciones son sus dudas de si serán fiables ahora.
El candidato presidencial del partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, ha dejado caer una supuesta cercanía del Tribunal Supremo Electoral con su principal rival, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, hasta el punto de advertir que si gana su oponente, será por fraude. “Mi abuelita diría que se están curando en salud, porque ellos saben que van a perder”, respondió al MAS seguidamente desde el Ejecutivo transitorio su ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo.
A aquel informe de la OEA se sumaron otros como uno de la Unión Europea reiterando serias dudas sobre las elecciones de hace menos de un año, que desembocaron en una grave crisis política y social que provocó al menos 37 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo de Bolivia.
Sin embargo, otros estudios posteriores argumentaron estadísticamente que Evo Morales sí había ganado lícitamente en las urnas, como varios publicados en Estados Unidos por medios como The New York Times y The Washington Post, y desde el ámbito político grupos como el de Puebla cuestionaron a la OEA para recalcar que lo que hubo fue un golpe de Estado.
El lunes pasado la Fiscalía realizó una inspección ocular en la sede del órgano electoral en La Paz, en presencia de varios de quienes fueron sus integrantes durante los fallidos comicios de 2019, quienes siguen procesados sin que casi un año después se haya sentenciado qué paso y Bolivia vuelva otra vez a las urnas.